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Condenada una empresa a abonar un recargo del 40% a la viuda de un trabajador que estuvo en contacto con amianto

Condenada una empresa a abonar un recargo del 40% a la viuda de un trabajador que estuvo en contacto con amianto

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado a una empresa a abonar un recargo del 40% sobre la pensión de viudedad de una mujer cuyo esposo falleció a causa de una grave enfermedad pulmonar provocada por el contacto directo con amianto, material con el que trabajó durante seis años.

El tribunal confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, que impuso el recargo al constatar que la empresa no había adoptado las medidas de seguridad vigentes cuando el trabajador tuvo contacto el amianto, en los años setenta.

El hombre, que tenía un mesotelioma pleural, obtuvo en los tribunales el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta en abril de 2014, y tres meses después falleció.

Posteriormente, su viuda reclamó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social un recargo por falta de medidas de seguridad, petición que no fue atendida y que ahora ha sido estimada parcialmente –la mujer solicitaba un recargo del 50%.

Beber leche para paliar los efectos del amianto

Según relata la sentencia, el trabajador estaba en contacto directo con amianto pues parte de su trabajo consistía en proyectar fibras de este material.

“Los sacos de amianto se abrían por los trabajadores, se echaban en la tolva y con la manguera se proyectaban sobre las vigas; en estas operaciones, el polvo del amianto se expandía por el aire”, señala el texto.

Y añade que, tal y como constató el Juzgado de lo Social nº 6 de Santander, que declaró la incapacidad permanente absoluta, “para paliar los efectos del amianto, la empresa les recomendaba beber leche”, medida que, a juicio del titular del Juzgado de lo Social nº 3, “no parece ser la medida de seguridad más idónea”.

El trabajador realizó esta actividad en obras en distintas ciudades españolas, como Zaragoza, Bilbao o Madrid, donde participó en la construcción del Hospital Doce de Octubre.

No se adoptaron las medidas de seguridad

Frente a las pretensiones de la viuda, la empresa condenada defendía que carecía de responsabilidad, dado que nunca empleó al trabajador.

Fue en 2005 cuando la compañía absorbió a la empresa en la que durante los años setenta trabajó el fallecido.

Sin embargo, el juez de instancia alude a jurisprudencia del Tribunal Supremo para concluir que la demandada sí está legitimada para responder por una posible falta de medidas de seguridad.

En este punto, afirma que “en los años setenta ya se conocía, o debía conocer, que el trabajo en contacto directo con el amianto podría provocar lesiones de tipo pulmonar”.

Y recuerda una sentencia de Supremo en la que se relatan las normas entonces vigentes, “demostrativas de la existencia de unas reglas específicas de prevención”.

La sentencia de la Sala de lo Social también incide en este punto y señala que “si bien antes de los años ochenta no se conocían las consecuencias directas de la inhalación del amianto”, sí existía “un importante número de normas que imponían obligaciones de controles, limpieza y reconocimientos médicos”.

De adoptarse medidas, las consecuencias podrían haber sido otras

Entiende el magistrado que “no es descabellado afirmar que si la empresa hubiera tomado alguna medida de seguridad (mascarillas, equipos de protección individual, máquinas que paliaran los efectos del amianto) o si los reconocimientos hubieran sido profusos y completos (a nivel pulmonar, por ejemplo), la lesión pulmonar del trabajador pudiera no haberse desarrollado o su manifestación no hubiera sido tan virulenta”.

Y añade: “El trabajador prestó servicios seis años para la demandada en contacto con el amianto y no se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes, cuando ya se conocía –o debía conocer- que el contacto con este material podría provocar los efectos perniciosos que desafortunadamente acaecieron”.

En la misma línea se pronuncia la Sala de lo Social: “Cuando se declara una enfermedad profesional y existe constancia de la falta de adopción de medidas de seguridad, establecidas legal y reglamentariamente, en el desarrollo de un trabajo con un alto riesgo de enfermedad profesional como es la exposición prolongada al amianto, se presume que dicho incumplimiento eleva sustancialmente las posibilidades de acaecimiento del suceso dañoso”, señala la resolución.

“Por ello –continúa-, se entiende acreditada suficientemente la conexión causal entre la inobservancia de las medidas preventivas y el daño producido (el fallecimiento) ante la certeza o máxima probabilidad de que, de haberse cumplido las prescripciones de seguridad exigibles, el resultado no hubiese llegado a producirse en todo o en parte”.

 

Puede leer el texto completo en www.ksp.es Marginal : 69717760

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