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En un examen tipo test una pregunta mal formulada, se considera nula

En un examen tipo test una pregunta mal formulada, se considera nula

La recurrente plantea el motivo de casación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la ley jurisdiccional , alegando vulneración de los artículos 23.2 , 24.1 , 103.3 y 106 de la Constitución Española , y en su desarrollo lo divide en dos submotivos; en el primero discute el sistema empleado por el Tribunal Calificador para calcular el descuento previsto como consecuencia de un fallo en una contestación en las bases, y el segundo se dirige a solicitar la anulación de una pregunta, por no ser ninguna de las contestaciones correctas y haberse dado por buena una de las propuestas en el test.

La interpretación sostenida por el Tribunal calificador se enmarca, frente a lo que considera el actor, entre las funciones que le encomienda la base 7, apartado 2, de la convocatoria, de “la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones que estime pertinentes” , ya que la literalidad de la forma de cómputo fijada en la convocatoria era imposible, al no poderse dar efectividad a la reducción en un tercio de punto por cada fallo, resultando la interpretación adoptada la más razonable, la más lógica y la más adecuada al tenor y al espíritu de la penalización, dado que la sostenida por el actor no sería admisible, pues sólo juega en el caso de tres fallos o cada tres fallos, dejando sin descuento el primer y el segundo fallo de cada fase errónea, lo que no es lo querido por la convocatoria, que quiere penalizar cada contestación incorrecta, ni se compadece bien con los principios de mérito y de capacidad que rigen esta materia.

En el presente caso, como sostiene la recurrente a tenor de lo dispuesto en el artículo 160 y 161 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario la concesión o denegación del permiso solicitado por el interno corresponde a la Junta de Tratamiento y solo si se concede por ésta, se elevara dicho acuerdo, junto con el Informe del Equipo Técnico, al Juez de Vigilancia o al Centro Directivo, según se trate de internos clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento, respectivamente, para la autorización correspondiente”. En consecuencia se establece un procedimiento bifásico en el que la concesión le corresponde a la Junta de tratamiento, y la autorización posterior a la autoridad judicial o administrativa. Es evidente que como sostiene la recurrente, que no contestó la pregunta al considerar según dice en su recurso que todas las contestaciones eran erróneas, que la pregunta estaba mal formulada y debe anularse.

La consecuencia ha de ser la de estimar el presente recurso de casación, y dictar otra sentencia que estime el recurso contencioso-administrativo con retroacción de actuaciones a la vía administrativa para que el Tribunal Calificador efectúe una nueva lista de aprobados, teniendo en cuenta la anulación de la pregunta cuestionada, a los solos efectos de determinar si, con esa eliminación el recurrente habría superado o no el proceso selectivo, y en este caso proceder a tener por superado el mismo, con todas las consecuencias económicas y administrativas favorables y sin que afecte a los demás opositores.

Puede leer el texto completo en www.ksp.es Marginal: 69463528

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