Es inconstitucional que un imputado no pueda acceder a funciones públicas

Tribunal Supremo Sala Tercera – 20/02/2015

El Tribunal Supremo afirma en una sentencia del pasado 20 de febrero que no puede excluirse del acceso a las funciones públicas a los aspirantes inculpados o procesados penalmente en aras a la presunción de inocencia que establece la Constitución.

Para el Supremo, «la situación de inculpado o procesado en un proceso penal (…) por sí sola no es bastante para descartar la ‘buena conducta’ exigible, pues será necesario que en dicho proceso penal se hayan apreciado datos objetivos reveladores de una conducta que, pese a no alcanzar una definitiva relevancia penal, sí exterioricen un proceder reprochable».

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, que estima como «evidente» que, al encontrarse en libertad provisional por un delito de tráfico de droga, el recurrente no reunía la buena conducta ciudadana que exigía la convocatoria.