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Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

El Consejo de Ministros acordó el 26 de octubre de 2012 la creación de una Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un informe con
propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad
que demandan los ciudadanos y la economía del país.
Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y
Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el
citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, se creó la Oficina para la
Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución
coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo
proponer nuevas medidas.
Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas
y acuerdos, para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo.
El presente texto recoge nuevas medidas normativas que son necesarias para la
ejecución de algunas de las propuestas del Informe y, más concretamente, para la
ejecución de las propuestas relativas a la puesta en marcha de un sistema de subastas
electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y a la tramitación electrónica desde los centros
sanitarios de los nacimientos y defunciones.
I
En relación con la propuesta relativa a las subastas electrónicas, en nuestro
ordenamiento se prevé, en diversas ocasiones, el recurso a la subasta pública como medio
de realización de bienes. Esta forma de venta, basada en la pública concurrencia, persigue
dos claros objetivos: por un lado, la transparencia del procedimiento y, por otro, la
obtención del mayor rendimiento posible de la venta de los bienes. Estos procedimientos
–notariales, judiciales o administrativos– hasta la entrada en vigor de la normativa
reglamentaria derivada de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se
caracterizaban fundamentalmente por su configuración presencial, por las diferencias en
cuanto a su desenvolvimiento, las limitaciones a su publicidad y la gran rigidez de su
procedimiento.
El Gobierno, en el Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013, aprobó el informe de
la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en el que se analizó, como
una de las medidas a adoptar, la creación en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
de un Portal Electrónico de Subastas para su celebración, a fin de lograr una mayor
simplificación administrativa evitando, al mismo tiempo, el solapamiento de procedimientos mediante la reutilización de los medios disponibles. La existencia de un solo portal ofrece
ventajas importantes, entre ellas se familiariza al usuario con un entorno y bastará que se
dé de alta como tal en un único lugar para poder participar en todo tipo de subastas.
Además, un solo portal implica la existencia de una única base de datos, lo que permitirá,
por una parte, mantener un solo motor de búsquedas que abarcará la práctica totalidad de
las subastas públicas –facilidad para el ciudadano– y por otra, ahorrará significativamente
los costes de alojamiento, mantenimiento y desarrollo de la base de datos. La explotación
de esa base de datos podrá posteriormente facilitar todo tipo de información y estadísticas.
Las ventajas de la subasta electrónica frente a la presencial son muy importantes
porque ésta última adolece, hoy por hoy, de serios inconvenientes como la falta de
publicidad, ya que las subastas se anuncian escasamente y su limitada difusión dificulta
enormemente la concurrencia, lo que genera, a su vez, una escasa participación. También
destaca la limitación de acceso de la subasta presencial, lo que complica la participación
a los que concurran en persona o representados, en su caso, al obligarles a estar en un
lugar, día y hora determinados. Se ha subrayado también la rigidez del procedimiento de
la subasta presencial pues adolece de un rigor formalista hoy superado.
II
La subasta electrónica tiene hoy innumerables ventajas, pues permite multiplicar la
publicidad de los procedimientos, facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta
como del bien y, lo más importante, pujar casi en cualquier momento y desde cualquier
lugar, lo que genera un sistema más eficiente para todos los afectados.
La seguridad jurídica debe ser una constante en el procedimiento electrónico. La subasta
electrónica no tiene menos garantías jurídicas que la presencial. Desde el principio se
produce una identificación inequívoca de todos los que en él intervienen, mediante certificado
reconocido de firma electrónica o mediante firma con sistemas de claves previamente
concertadas. El sistema garantiza con certificado electrónico todas y cada una de las
transacciones, en las que un sello determinará el momento exacto en el que tuvieron lugar;
el certificado reconocido de firma electrónica, unido al sello de tiempo y a la trazabilidad de
todos los procesos, garantiza de forma absoluta la transparencia del procedimiento. Sin
perjuicio de la existencia de un responsable de la subasta –en este caso, el Secretario
judicial– al que debe suministrársele la información necesaria para que pueda supervisar
que el procedimiento se ha desarrollado correctamente. De esta forma, la transparencia es
un elemento definidor del nuevo modelo, como señala la Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia y ello con el objetivo de obtener una justicia más abierta, capaz
de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia.
Además, el organismo encargado de la llevanza del Portal de Subastas es la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado, lo que también aportará al nuevo procedimiento
confianza y garantía.
III
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, modifica el artículo 129 de la Ley Hipotecaria entre
otros aspectos, para introducir la forma electrónica única para la subasta notarial derivada
de la venta forzosa extrajudicial que tal artículo regula. Sin perjuicio de que esta Ley ha
hecho necesario introducir determinados ajustes en ese artículo, de lo que se ocupa la
disposición final tercera, no parece lógico que la forma electrónica se reserve para las
subastas notariales y no se aplique a las subastas judiciales derivadas de procedimientos
de ejecución.
La reforma incide en la totalidad del procedimiento de subasta, tanto para bienes
muebles como para inmuebles, adaptando el mismo al sistema electrónico. Este sistema
se diseña fundamentándose en los criterios de publicidad, seguridad y disponibilidad.
Especial interés se presta a la publicidad, pues se comienza con su anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», que tiene en la esencia de su función la publicación oficial en España;
también se publicitará en el Portal de la Administración de Justicia y posteriormente en el Portal de Subastas. Para cada una de ellas, se encontrará la publicidad registral de los
bienes y de los datos complementarios, como planos, fotografías, licencias u otros
elementos que, a juicio del deudor, del acreedor o del Secretario judicial, puedan contribuir
a la venta del bien. Destaca, igualmente, el impulso a las comunicaciones y notificaciones
electrónicas entre el Portal de Subastas y los diversos intervinientes en el proceso, aunque
se establecen las garantías necesarias para el caso que el ciudadano carezca de los
medios técnicos necesarios para intervenir en la subasta electrónica, conforme a la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, y a la Ley 18/2011, de 5 julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia. En el mismo afán de
transparencia y publicidad puede enmarcarse la novedad introducida en las notificaciones
y comunicaciones que debe realizar el Registrador de la Propiedad a los titulares
registrales de derechos posteriores a la carga que se ejecuta, sustituyéndose la publicación
de aquellas que hubieran resultado infructuosas en el tablón de anuncios del Registro, de
limitada efectividad, por su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», dentro de la
actuación del servicio público registral.
Como responsable de la dirección de la Oficina judicial, el Secretario judicial asume un
papel primordial en la celebración de subastas judiciales, con el objetivo de favorecer su
transparencia. A él corresponde el inicio de la subasta, ordenar su publicación con remisión
de los datos necesarios, así como su suspensión o reanudación, manteniendo un control
continuado durante su desarrollo hasta su término, a través de una relación electrónica
privilegiada con el Portal de Subastas. Y terminada la subasta, el Portal de Subastas
remitirá información certificada al Secretario judicial en la que indicará ordenadamente las
pujas, encabezadas por la que hubiera resultado vencedora.
La Ley regula la subasta electrónica de bienes muebles, de bienes inmuebles y de
bienes inmuebles en los casos en los que estos hubieran sido hipotecados, con las
especialidades propias de la ejecución hipotecaria con un objetivo preciso: el aumento de
la concurrencia y, por tanto, de las posibilidades de venta y de que ésta se realice por
mejor precio.
Por otra parte, para garantizar esa máxima concurrencia de licitadores, se autoriza
expresamente la utilización de sistemas de firma con claves previamente concertadas,
para el acceso y utilización del Portal de Subastas, siempre observando los estándares
necesarios de seguridad y previa la correcta identificación de las personas que deseen ser
dadas de alta en el Portal de Subastas.
IV
La segunda parte de la Ley tiene por objeto la modificación de la Ley 20/2011, de 21
de julio, del Registro Civil. Con esta modificación legal se pretende que, a partir de la
entrada en vigor de la citada Ley, la inscripción de los recién nacidos se realice
directamente desde los centros sanitarios, a modo de «ventanilla única» donde los padres,
asistidos por los facultativos que hubieran asistido al parto, firmarán el formulario oficial de
declaración al que se incorporará el parte facultativo acreditativo del nacimiento, que se
remitirá telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil, amparado con el
certificado reconocido de firma electrónica del facultativo. No será necesario, por tanto,
acudir personalmente a la Oficina de Registro Civil para realizar la inscripción del nacido.
Ello conlleva la modificación del Código Civil, así como de la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Se han previsto, además, las normas necesarias para los casos en que el nacimiento
se hubiere producido fuera de establecimiento sanitario o cuando por cualquier otra
circunstancia no se hubiere remitido el formulario oficial en el plazo y las condiciones
previstos.
De esta forma se instaura la certificación médica electrónica a los efectos de la
inscripción en el Registro Civil, tanto de los nacimientos como de las defunciones,
acaecidos, en circunstancias normales, en centros sanitarios.
En materia de defunciones, la certificación médica expresará la existencia o no de
indicios de muerte violenta, o cualquier motivo por el que no deba expedirse la licencia de
enterramiento, de forma que cuando al Encargado del Registro se le hayan hecho constar
por éste o por cualquier otro medio tales indicios, pueda abstenerse de expedir la licencia
de enterramiento o incineración hasta recibir autorización del órgano judicial competente.
En cuanto a la seguridad en la identidad de los nacidos, se ha atendido la alarma
social causada por el drama de los «niños robados», para lo que la Ley incide en la
seguridad de identificación de los recién nacidos y la determinación, sin género de dudas,
de la relación entre la madre y el hijo, a través de la realización, en su caso, de las pruebas
médicas, biométricas y analíticas necesarias; y por otra parte, se multiplican los controles
para el caso de fallecimiento de los nacidos en los centros sanitarios tras los primeros seis
meses de gestación, exigiéndose que el certificado de defunción aparezca firmado por dos
facultativos, quienes deberán afirmar, bajo su responsabilidad, que, del parto y, en su
caso, de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se
desprenden dudas sobre la relación materno filial. Estos datos, conforme queda regulado
en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
formarán parte de la historia clínica del recién nacido, donde se conservarán hasta su
fallecimiento y, producido éste, se trasladarán a los archivos definitivos de la Administración
correspondiente, donde se conservarán con las debidas medidas de seguridad.
Igualmente, en el ámbito de la protección de la infancia, se establece la no
obligatoriedad de la madre que renuncia a su hijo en el momento del parto a promover la
inscripción de nacimiento, pasando esa obligación a la Entidad Pública correspondiente,
sin que, en tal caso, el domicilio materno conste a los efectos estadísticos, evitando el
consiguiente efecto de empadronamiento automático del menor en el domicilio de la madre
que ha renunciado a su hijo.
V
La Ley, con el contenido y objetivos que se han indicado, se estructura en dos artículos.
En el primero se acomete la reforma de aquellos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil
referidos a las subastas ejecutivas y en el segundo, la reforma de los artículos
correspondientes a la Ley del Registro Civil. La Ley concluye con cuatro disposiciones
adicionales, tres transitorias, una derogatoria y diez disposiciones finales.
Artículo primero. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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