Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España

Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España

La Biblioteca Nacional de España (BNE) guarda la memoria del Estado español; conserva el saber y difunde el conocimiento. Es una institución abierta al servicio de los ciudadanos que, a lo largo del tiempo, ha sabido adaptarse de manera permanente a un futuro de innovación y a los cambios científicos, tecnológicos y culturales de la sociedad. Es, además, el centro de referencia informativo y documental sobre la cultura escrita en español a nivel nacional e internacional. La Biblioteca Nacional de España garantiza desde hace más de 300 años la conservación de las diferentes culturas de España y su transmisión a las futuras generaciones. Su historia durante este largo periodo de tiempo ha sido paralela a la propia historia de España y sus colecciones reflejan la evolución de la creación literaria, el pensamiento, el arte, la música y la ciencia españoles. La Biblioteca Nacional de España debe hoy, y en el futuro, seguir cumpliendo su misión específica en un contexto de cambio tecnológico y de innovación permanente, adaptándose a un entorno en el que se han producido cambios radicales en la forma de crear, editar, difundir y acceder a la cultura, lo que ha generado nuevas formas de almacenamiento, conservación y transmisión del saber en un mundo donde prevalecen los contenidos y no los soportes. En el momento actual, la Biblioteca Nacional de España desarrolla su misión en un entorno cambiante que obliga a definir un nuevo modelo de biblioteca. En un contexto en el que la cultura se genera en diversos tipos de soportes y en el que los contenidos tienen un alto grado de obsolescencia, la Biblioteca Nacional de España debe garantizar la conservación, preservación y transmisión de la información y del conocimiento a través de un modelo con estructuras orgánicas y funcionales más ágiles. Por otro lado, se ha experimentado un cambio importante, tanto en los procedimientos de trabajo internos, como en los servicios a los usuarios. La adaptación a las tecnologías de la información y del conocimiento obliga a nuevos planteamientos del servicio público, con mayores niveles de exigencia, que garanticen la accesibilidad a sus colecciones y servicios no solo de manera presencial, sino también mediante el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica que faciliten una mayor accesibilidad y uso de sus colecciones desde cualquier lugar del mundo. Su consideración como primera institución bibliotecaria española la convierte por sí misma en centro de referencia y asesoramiento para el desarrollo de políticas bibliotecarias encaminadas a generar proyectos de mejora en el ámbito español. Igualmente es necesario reforzar su papel como centro generador de normativa profesional y coordinador de proyectos de cooperación que supongan la puesta en marcha de instrumentos comunes de acceso a la información y proporcionen servicios eficaces para otras instituciones españolas.También se debe fomentar la importante tarea que tiene que realizar la Biblioteca Nacional de España como centro de apoyo a la investigación científica y técnica, reconocida en la Ley 14/2011, de 14 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación, favoreciendo la creación y difusión del conocimiento sobre la cultura y la ciencia españolas y fomentando la reutilización de la información que genera como valor estratégico de desarrollo. A ello hay que añadir el papel que en un mundo globalizado debe cumplir la Biblioteca Nacional de España como centro de referencia internacional de acceso a la información y al conocimiento en español, especialmente en relación con aquellos países con los que se comparte una historia y una lengua comunes. Por otro lado, la Biblioteca Nacional de España, como institución pública, debe adoptar los mecanismos de evaluación necesarios que le faciliten la máxima eficiencia en su gestión, de tal manera que se mejoren tanto los procesos internos como el servicio que presta a la ciudadanía. La Biblioteca Nacional de España debe también seguir fomentando su política de apertura y acercamiento a la ciudadanía, favoreciendo la consecución de sus fines y la difusión de sus colecciones a través del desarrollo de una programación cultural dirigida a distintos públicos, que redunde en una mayor formación y un mejor acceso a la cultura. Igualmente, es necesario trabajar en acciones que sirvan de apoyo y fomenten los trabajos de investigación sobre las colecciones que se conservan de tal manera que se genere un mayor conocimiento y difusión sobre la cultura española. II. De la Real Biblioteca Pública a la Biblioteca Nacional de España Fue creada en 1711 por Felipe V como Real Biblioteca Pública. Desde entonces ha permanecido siempre fiel a su principio básico de reunir, catalogar, conservar, difundir y transmitir el patrimonio bibliográfico y documental español. La Biblioteca Nacional de España abrió sus puertas al público el 1 de marzo de 1712. Era voluntad de su fundador, Felipe V, primer rey de la dinastía Borbón, consciente de la función formadora de los libros y convencido de la necesidad de la cultura como medio de avance y mejora de las sociedades, poner a disposición de los españoles las propias colecciones de su biblioteca a la que se unió la colección real procedente de los Austrias. A este núcleo fundacional se han ido añadiendo, desde hace más de 300 años, bibliotecas de nobles, eruditos y bibliófilos, colecciones procedentes de las desamortizaciones, ejemplares a través del depósito legal o procedentes de compra o donativo, dando lugar a un excepcional conjunto de gran valor patrimonial que, desde el primer momento, se convirtió en el centro depositario de la producción cultural española. En 1716, por medio de un privilegio real, se decretó la obligación para los impresores de depositar en la Biblioteca un ejemplar de todo lo que se imprimía en España. Dicho privilegio es el antecedente de la actual Ley 23/2011, de 29 de julio, de Depósito Legal, por la cual los editores de la producción cultural, en cualquier tipo de soporte, deben depositar un determinado número de ejemplares en la Biblioteca Nacional de España, convirtiéndola así en el lugar donde se conserva la memoria de la cultura española. En 1761, la Fundación de la Imprenta Real vinculó la labor impresora de la Biblioteca a los más destacados impresores, encuadernadores y grabadores de la época. Durante el siglo XVIII se incrementaron sus colecciones y se fue estabilizando su organización interna, lo que le permitió en la segunda mitad del siglo XIX evolucionar hasta convertirse en Biblioteca Nacional, consolidar su misión como institución responsable de la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental español, y acrecentar su carácter de biblioteca pública al servicio de la ciudadanía. También durante el siglo XIX y como consecuencia de las sucesivas desamortizaciones, ingresaron en la Biblioteca Nacional fondos procedentes de conventos, catedrales, cabildos y órdenes militares, lo que supuso un aumento importante de sus colecciones, tanto por el elevado número de volúmenes como por el valor patrimonial de las mismas. Se adquirieron también en esta época colecciones privadas de eruditos y bibliófilos de gran valor patrimonial. El crecimiento de sus colecciones en un momento de estabilidad ysu consideración como biblioteca pública e institución fundamental para la cultura española dieron lugar a una época de esplendor y la consolidación de la Biblioteca Nacional como institución fundamental para la historia de España. En 1985, por medio del Real Decreto 565/1985, de 24 de abril, se integran en la Biblioteca Nacional la Hemeroteca Nacional, el Instituto Bibliográfico Hispánico y el Centro del Tesoro Documental y Bibliográfico. A lo largo de su dilatada vida, la Biblioteca Nacional de España ha pasado por diversos periodos y ha variado su denominación de acuerdo tanto a cambios en su dependencia como en su consideración. Entre 1712 y 1836 fue Real Biblioteca Pública, para pasar en 1836 a denominarse Biblioteca Nacional y en 2009, tras la aprobación de su nuevo Estatuto, Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Nacional de España, que actualmente cuenta con dos sedes, el edificio del Paseo Recoletos, abierto al público en 1896, y su segunda sede de Alcalá de Henares, inaugurada en 1993, es la institución donde se conserva, difunde y transmite la cultura escrita, gráfica y audiovisual española y centro de referencia para el hispanismo internacional. Sus colecciones –de incalculable valor patrimonial– incluyen manuscritos, incunables, impresos antiguos, estampas, dibujos, fotografías, grabaciones sonoras y audiovisuales, partituras, mapas, prensa, revistas, carteles y otros materiales. Este fondo se sigue incrementando a través del depósito legal, compra, donativo o canje. III. Historia jurídica. Evolución administrativa La primera organización formal de la Biblioteca tuvo lugar por medio de Real Decreto fundacional el 2 de enero de 1716, que sirvió también para aprobar las denominadas primeras Constituciones. Estas, en veinte artículos, declaraban ya el carácter público de la Biblioteca, abierta a «todo género de profesores» o «a todos los estudiosos», y establecían las competencias y deberes de los distintos «oficiales». Ese mismo año, por Real Decreto de 15 de octubre, se reguló la obligatoriedad de depositar en la Biblioteca un ejemplar encuadernado de todo lo que se imprimiese en el Reino. En 1750 se estableció el plazo de ocho días para que la Real Biblioteca Pública ejerciera el derecho de tanteo sobre los ejemplares puestos a la venta, lo que permitía la adquisición, a través de subastas, de ejemplares patrimoniales de valor para la cultura española. En 1761 Carlos III aprobó unas nuevas Constituciones que modificaron las de 1716, por las que se establecieron nuevas normas de funcionamiento, y que subrayaron el carácter de institución pública al servicio de los usuarios, y se fundó la Imprenta Real. En 1836 la Real Biblioteca Pública pasó a depender del Ministerio de la Gobernación y cambió su denominación por la de Biblioteca Nacional, consolidando su misión como institución responsable de la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental español. El Decreto orgánico de 1856 y el Reglamento de funcionamiento de 1857, que sustituyeron las antiguas Constituciones de 1761, la reforzaron en su vocación de biblioteca pública y en su papel como centro bibliográfico español. En 1896 un nuevo Real Decreto reguló la obligatoriedad de entregar toda obra impresa a la Biblioteca Nacional y en 1930 se creó su Patronato. En 1932 se estableció que la dirección de la Biblioteca Nacional debía ser desempeñada por un miembro del Cuerpo Facultativo. En 1957 se aprobó un nuevo Decreto orgánico y un Reglamento de la Biblioteca que intentó modernizar su estructura. En ese mismo año se aprobó el Reglamento regulador del Depósito Legal. Por medio de Real Decreto 848/1986, de 25 de abril, se determinan las funciones y se aprueba la estructura básica de la Biblioteca, luego desarrollada por Orden ministerial aprobada el mismo año. La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, transformó la Biblioteca Nacional en Organismo Autónomo y por Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, se aprobó su Estatuto regulador. Recientemente, por medio del RealDecreto 1638/2009, de 30 de octubre, se aprobó el nuevo Estatuto, por el que el Organismo pasó a adoptar su denominación actual, Biblioteca Nacional de España. El 29 de julio de 2011 se aprobó la Ley de depósito legal, que incluía los documentos electrónicos y los sitios web, adaptando de esta manera la misión conservadora y transmisora de la Biblioteca Nacional de España a los nuevos soportes del conocimiento. IV. Contenido de la Ley Con la presente Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, sin alterar el carácter de organismo autónomo de la Institución, se establecen determinadas peculiaridades relativas a su organización y sus recursos económicos, en orden tanto a la consecución de la estabilidad que la Biblioteca Nacional de España necesita para el cumplimiento de sus fines, como a una gestión más eficiente de sus recursos. El capítulo I regula la denominación, naturaleza, régimen jurídico, autonomía y fines y funciones de la Biblioteca Nacional de España. La Institución mantendrá su naturaleza de organismo autónomo y personalidad jurídica propia con autonomía de gestión de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en el resto de normas aplicables. Se recogen también los fines generales consistentes en: «reunir, describir y garantizar la protección, enriquecimiento, conservación y transmisión en el ejercicio de sus funciones, del patrimonio bibliográfico y documental, tanto el producido en España como el generado sobre la cultura española», «garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar su utilización, como medio de enriquecimiento cultural, social y económico», así como «promover y desarrollar políticas bibliotecarias en relación con el patrimonio bibliográfico y documental español». En el capítulo II se regula la organización de la Biblioteca Nacional de España, y establece que serán órganos rectores la Presidencia, el Real Patronato y la Dirección. La Presidencia de la Biblioteca Nacional de España corresponde a quien sea titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al que corresponde «la alta dirección del Organismo», «la aprobación del plan estratégico plurianual, el plan anual de objetivos, la Memoria anual de actividades y el anteproyecto de presupuestos del Organismo», «el control de eficacia de la gestión del Organismo» y «elevar al Consejo de Ministros propuesta de nombramiento de la persona que ocupe la Dirección de la Biblioteca Nacional de España, previa consulta al Real Patronato a cuya consideración someterá los criterios a tener en cuenta para el nombramiento». Se realiza una detallada regulación del Real Patronato, cuya presidencia de honor corresponde a SS.MM. los Reyes de España. El Real Patronato podrá actuar en Pleno y en Comisión Permanente. La Presidencia de la Institución «ostentará la representación institucional de la Biblioteca Nacional de España y convocará y presidirá el Real Patronato en Pleno y en Comisión Permanente»; el Pleno «establecerá en el marco de esta Ley y del Estatuto, los principios de organización y dirección de la Biblioteca Nacional de España, determinará las directrices de su actuación y velará por su cumplimiento en los términos que fije el Estatuto», y la Comisión Permanente «impulsará y supervisará la estrategia y las líneas de actuación de la Biblioteca Nacional de España fijadas por el Pleno del Real Patronato, en los términos que determine el Estatuto». Al frente del Organismo existirá una persona encargada de la Dirección con categoría de Director General, que será nombrada y separada por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. Su designación atenderá a los principios de mérito, capacidad e idoneidad. Corresponde a la Dirección de la Biblioteca Nacional de España dirigir la gestión del Organismo, adoptando las medidas que conduzcan al cumplimiento de los fines y objetivos señalados por el Real Patronato, ostentar su representación oficial en ausencia de la persona que ocupe la Presidencia, la contratación en nombre del Organismo, la disposición de gastos, la ordenación de pagos y la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas, por conducto de la intervención general de la Administración del Estado, en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como aquellas otras funciones que le sean atribuidas por el Estatuto.

Se prevé que en el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España se regulará la
composición y funcionamiento de un Comité Científico, con funciones consultivas.
Igualmente se establece que el Estatuto constituirá y regulará el Consejo de Dirección.
El capítulo III regula el régimen de personal de la Biblioteca Nacional de España.
Dicho personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, será funcionario o personal laboral, en los mismos términos establecidos para la
Administración General del Estado.
En el capítulo IV se regula el régimen patrimonial, reconociendo que la Biblioteca
Nacional de España tendrá un patrimonio propio y que también podrá disponer, en calidad
de bienes adscritos, de bienes del patrimonio del Estado.
La gestión y administración de estos bienes serán ejercidas de conformidad con lo
establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, y, respecto de los bienes de interés cultural, se someterá al régimen establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
El capítulo V regula el régimen de contratación, los recursos económicos, los ingresos
por actividades propias y cesión de espacios, la participación en sociedades y fundaciones,
el régimen presupuestario, el régimen de contabilidad y el control económico-financiero.
En la regulación del régimen de contratación se realiza una remisión general al texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Entre los recursos económicos se prevé que el Real Patronato «realizará una labor
activa de captación de recursos propios, especialmente los derivados de las aportaciones
a título gratuito de entidades privadas y de particulares y de los ingresos recibidos como
consecuencia del patrocinio de instalaciones».
Se establece que la Biblioteca Nacional de España podrá participar en sociedades o
fundaciones que tengan fines comunes con la Biblioteca.
El control económico-financiero será el fijado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, y demás normativa que resulte de aplicación.
En la disposición adicional primera se establece que, para contribuir a la difusión del
patrimonio plurilingüe del Estado español, se promoverá el uso de las distintas lenguas
oficiales del Estado. En la disposición adicional segunda se contempla que las
instalaciones y los servicios prestados serán accesibles a las personas con discapacidad.
En la disposición transitoria única se regula el nombramiento de los nuevos vocales del
Real Patronato