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Se publica el Plan Anual de Política de Empleo para 2019

Se publica el Plan Anual de Política de Empleo para 2019

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE núm.64, de 15 de marzo de 2019)

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de marzo de 2019 ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019 según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

El artículo 149.1.7 de la Constitución establece que la competencia legislativa en materia laboral corresponde al Estado, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas.

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Estos instrumentos se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

El Plan Anual de Política de Empleo 2019, según lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, establece los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de consecución. De esta manera, el Plan Anual de Política de Empleo se configura como un instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas.

Asimismo, para alcanzar los objetivos señalados, el Plan Anual de Política de Empleo 2019 contiene los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que van a llevar a cabo las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución de las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en ejecución de la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos.

Los principales indicadores del mercado de trabajo siguen mostrando una evolución positiva y para sacar el máximo beneficio de dicho mercado se considera necesario continuar con la mejora de la coordinación entre las distintas Administraciones implicadas en la realización de los servicios y programas de políticas activas de empleo, de cara a conseguir una eficaz utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados, en particular las mujeres y aquellos grupos que tienen mayores dificultades de inserción, en el mercado laboral a la par que una mayor eficiencia en el uso de los mismos.

En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas determinan los servicios y programas que van a desarrollar con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para su inclusión en el Plan 2019.

Pueden optar por realizar servicios y programas de ámbito estatal regulados en la normativa estatal vigente (servicios y programas comunes) o bien realizar servicios y programas de políticas activas de empleo propias, distintos de los anteriores, adaptados a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial.

Del Plan 2019 debemos destacar que tiene como novedad la simplificación y racionalización del número de indicadores, fruto del trabajo conjunto realizado con las Comunidades Autónomas; y por otra parte, que se han tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.

El Plan 2019, se enmarca dentro del escenario macroeconómico y la política económica del Gobierno, dando cumplimiento a las obligaciones europeas de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cumplimiento de los objetivos fijados para la Unión Europea en su conjunto. De acuerdo al Plan Presupuestario del Gobierno de España para 2019, el escenario macroeconómico se encuadra en una fase expansiva de la economía española, impulsada por el robusto crecimiento del empleo, las favorables condiciones financieras y los avances en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.

Asimismo, el crecimiento económico está siendo intensivo en creación de empleo, registrando la ocupación tasas interanuales próximas al 3 %, y reduciéndose la tasa de paro en más de dos puntos por año. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa, el empleo ha crecido en 566.200 personas en los 12 últimos meses, mientras que el paro ha disminuido en 462.400 personas en el mismo período.

El Programa Nacional de Reformas 2018 da respuesta a las prioridades recogidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento 2018 y a las Recomendaciones específicas fijadas para España, e igualmente en consonancia con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 que busca «Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos».

Por ello, el principal reto es que el crecimiento sea sostenible en el tiempo para superar por completo las consecuencias de la crisis y seguir avanzando en la convergencia en empleo, renta, salarios y productividad. Con este objetivo las prioridades se estructuran en tres bloques: sostenibilidad fiscal, crecimiento sostenible y avances en el mercado interior y profundización de la Unión Económica y Monetaria.

De acuerdo con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, los servicios y programas que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deberán dirigirse al cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos que son los siguientes:

A. Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, con especial atención a los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de precariedad laboral, mediante instrumentos como el Plan de choque por el Empleo Joven (2019-2021), la Garantía Juvenil y la coordinación con el sistema educativo.

B. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de personas desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años mediante instrumentos como el Plan de Empleo para personas paradas de larga duración.

C. Promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral, ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales, mediante el desarrollo del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, a través de las Órdenes Ministeriales que regulan la oferta formativa y su financiación, el Catálogo de especialidades formativas y el Registro de entidades formativas.

D. Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo modernizando los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.

E. Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta sus dimensiones sectorial y local, y estableciendo marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados.

Asimismo, el PAPE 2019 incluye los Objetivos Estructurales establecidos en la Estrategia, agrupados en 6 ejes, cuyo grado de cumplimiento se evaluará mediante un conjunto de 22 indicadores formados por 27 componentes.

Dentro de las novedades que presenta este Plan, fruto de este trabajo desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha conseguido reducir el número de indicadores respecto de los establecidos en la Estrategia, simplificar su cálculo con la eliminación de duplicidades, priorizando el uso de aquéllos cuya fuente sean los datos que ya se encuentran en los sistemas de información compartidos o accesibles para todos los servicios públicos de empleo, limitándose la utilización de información agregada declarada que no pueda ser contrastada. También se ha suprimido el uso de indicadores de carácter declarativo, siguiendo los criterios establecidos en la propia Estrategia.

En total, teniendo en cuenta los tres bloques de objetivos, el PAPE 2019 consta de 22 indicadores y 27 componentes, cuyo cálculo se llevará a cabo a partir de la información y los datos obtenidos principalmente del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Estos indicadores se han elaborado contando con la participación activa de las CCAA, con rigor técnico y transparencia.

En las Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 20 de diciembre de 2018 se presentaron las líneas generales del Plan Anual de Política de Empleo para 2019, y se presentó su texto a esa misma Conferencia Sectorial celebrada el pasado 21 de febrero.

Por último, debe señalarse que, como es de obligado trámite, en la reunión de 28 de febrero de 2019 se ha informado del mencionado Plan al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

Con todo ello se cumple lo dispuesto en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, sobre limitación del gasto en la Administración General del Estado, las acciones y medidas contempladas en este Plan Anual se implantarán sin incremento en las dotaciones, ni en las retribuciones u otros costes de personal de la Administración General del Estado. Por otro lado, las actuaciones de cualquier Servicio Público de Empleo que incidan en su personal se ajustarán a las normas básicas sobre gastos de personal que sean de aplicación.

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