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Qué se considera domicilio a efectos de notificaciones, entrada y registro

Qué se considera domicilio a efectos de notificaciones, entrada y registro

Por Jesús Pérez Morilla. Abogado Cremades & Calvo-Sotelo

 

Sumario:

-Breve referencia al concepto de domicilio

– Domicilio a efectos de notificaciones

– Entrada y registro de domicilio: supuestos diversos

 

El desarrollo del presente artículo se centra en un estudio somero en torno a la consideración del domicilio y su incidencia a efectos de notificaciones, entrada y registro, todo ello desde una visión general y con la intención de abordar y analizar la pluralidad de situaciones que pueden derivarse. Es necesario hacer constar que nos encontramos ante una figura de escasa regulación normativa, con escaso tratamiento por parte de la doctrina, y que conceptualmente es diverso en función del ámbito concreto que abordemos.

 

En este sentido, pasaremos a detallar las cuestiones principales a detallar: las relativas a las notificaciones; los elementos básicos de la entrada y registro del domicilio, dentro de su interrelación con la diversidad de situaciones que han sido tratadas por la Jurisprudencia para determinar en que casos nos encontramos ante un domicilio que tenga que gozar de las garantías constitucionales que la norma propugna; finalmente, una breve valoración de los diferentes rasgos distintivos de la consideración de domicilio y un escueto cuadro comparativo.

Concepto de Domicilio.

Tal y como hemos comentado anteriormente, dentro de encontramos ante una pluralidad de conceptos para definir el domicilio según su ámbito, podemos considerar genéricamente que el domicilio es el lugar donde cada persona constituye el centro de su vida y adquiere una gran relevancia para el mundo del derecho al determinar los múltiples efectos legales.

Por lo tanto, debemos abordar la consideración del domicilio desde una doble vertiente, según la propia regulación de artículo 40 y 41 del Código Civil, según se trate de persona física o jurídica, esto es: por un lado, lugar de residencia habitual de la persona física para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones; y por otro lado, la eficacia jurídica que se atribuya al domicilio.

Llegados a este punto es necesario adelantar la consideración del domicilio desde su ámbito constitucional, a los efectos de articular la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 18.2 de la Constitución Española. Desde el punto de vista de la persona física, tiene como finalidad el respeto al ámbito de la vida privada y familiar, protegiendo mas allá del mero o estricto espacio físico en sí mismo considerado, ampara lo que en él hay de emanación de la persona” tal y como se expresa en la Sentencia del Tribunal Supremo fechada el pasado 30 de diciembre de 1992, y en las Sentencias del Tribunal Constitucional Sentencias 110/1984, de 26 de noviembre, y 22/1984, de 17 de febrero.

A modo de conclusión del presente apartado, debemos mencionar igualmente la dimensión constitucional que adquiere la protección del domicilio, motivo por el que resulta necesaria su delimitación conceptual, ante la necesidad de definir una figura que goza de protección constitucional. En este sentido, el concepto constitucional de domicilio tiene una mayor amplitud que el concepto jurídico-privado, habiendo desarrollado la jurisprudencia el alcance del mismo, tal y como reconoce el propio Tribunal Constitucional en la anteriormente citada Sentencia 22/1984, al destacar: “la idea de domicilio que utiliza el artículo 18 de la CE no coincide plenamente con la que se utiliza materia de derecho privado, y en especial en el artículo 40 CC, como punto de localización de una persona o lugar de ejercicio por esta de sus derechos y obligaciones”. Siendo irrelevante la ubicación del mismo, así como el carácter mueble o inmueble, su configuración física o el titulo jurídico que habilita el uso del domicilio, así como el carácter temporal, permanente o accidental del mismo, tal y como se detalla en la Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002, de 17 de enero.

Domicilio a efectos de notificaciones en diversos ámbitos

Comenzaremos el presente apartado centrándonos en el ámbito civil, y atendiendo a la regulación que se detalla en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 149 a 168) para las comunicaciones de las actuaciones judiciales.

En este sentido, el elemento nuclear sobre el que se articulan todas las garantías respecto de la efectividad de las comunicaciones judiciales es la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva. De modo que se facilite a los justiciables el conocimiento efectivo del procedimiento para poder hacer valer sus derechos, de modo que una falta o deficiente citación o emplazamiento generaría una situación de indefensión que vulnera el citado derecho fundamental, tal y como se detalla en las Sentencias del Tribunal Supremo 219/1999, de 29 de noviembre y 128/2000, de 16 de mayo.

Sentado lo anterior, debemos entender que la exigencia al órgano judicial subsume la correcta ejecución de los actos de comunicación, así como asegurar que dichos actos tienen el propósito de garantizar que la parte sea oída en el procedimiento y pueda hacer valer sus derechos, circunstancia que conlleva una limitación en el uso de la comunicación por edictos prevista en la norma. En este sentido, es relevante la modificación introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por la que se requiere a la parte actora para que facilite cuantos datos disponga del demandado y agilizar su localización, esto es: teléfono, fax, correo electrónico, etc.

Respecto de las exigencias para la notificación por edictos el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse: (STC 234/1988, de 2 de diciembre; 245/2006, de 24 de julio; 93/2009, de 20 de abril; 36/1987, de 25 de marzo; 225/2004, de 29 de noviembre; 117/2005, de 9 de mayo) al establecer que: “la notificación por edictos es siempre un medio supletorio… lo cual significa que previamente han de agotarse todas aquellas otras modalidades que aseguran en mayor grado la recepción… garanticen en mayor medida el derecho a la defensa”.

Finalmente, procede traer a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional 131/2014, de 21 de julio, relativa a la exigencia de cautela al órgano judicial, al establecer que: “si surgen dudas razonables de que el domicilio señalado en la escritura del préstamo hipotecario… le es exigible al órgano judicial que intente el emplazamiento personal del ejecutado en el domicilio que figure en las actuaciones… habría de realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real, siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial una desmedida labor investigadora sobre la efectividad del acto de comunicación”.

En cuanto al ámbito administrativo, debemos comenzar apuntando la nueva regulación prevista en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 2 de octubre de 2016, con la previsión establecida en el artículo 41 relativa a las prácticas de las notificaciones, al establecer en los procedimientos iniciados de oficio y a los solos efectos de iniciación, se podrá consultar el domicilio en las bases del Instituto Nacional de Estadística, al constar en el Padrón Municipal de la entidad local.

En concordancia con lo anterior, procede traer a colación las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, fechadas el pasado 25 de febrero de 2016, por recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio, relativas a incidencias específicas en las notificaciones:

    1. En el caso notificaciones en los procedimientos iniciados de oficio, tras dos intentos infructuosos con resultado de dirección incorrecta, en el domicilio social y uno en el caso de desconocido, al amparo del artículo 112.1 de la Ley General Tributaria, puede acudirse a la notificación mediante comparecencia al no ser posible la notificación por causas no imputables a la Administración, siempre y cuando la Administración no tenga constancia fehaciente de ningún otro domicilio.
    2. En el caso específico de los no residentes, contempla la obligación de la administración de acudir a los instrumentos de cooperación internacional, una vez agotados los domicilios que consten en España.

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