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Abengoa: nuevo desafío para los accionistas minoritarios

Abengoa: nuevo desafío para los accionistas minoritarios

Por Arturo del Burgo, Socio de Cremades & Calvo Sotelo Abogados

El pasado 26 de noviembre, la empresa de ingeniería y energías renovables Abengoa, una de las compañías más importantes de nuestro país, solicitó el preconcurso de acreedores ante los Juzgados de Sevilla. La noticia conmocionó de inmediato a todo el sector empresarial y no era para menos: 27.000 empleados y un pasivo que podría ascender hasta los 30.000 millones de euros, son algunas de las preocupantes cifras de la que podría convertirse en la mayor quiebra de nuestra economía. Ante la magnitud del problema, tanto el Gobierno como los bancos, proveedores, accionistas y bonistas tomaron posiciones y se enfrascaron en una compleja negociación.

La empresa tiene hasta el 28 de marzo (fecha en que culmina el preconcurso) para ordenar sus cuentas, despejar las dudas existentes y mostrar una imagen transparente de la situación. Pero, entretanto, el daño ya está hecho. Sus más de 50.000 accionistas han perdido un 85% del valor desde el pasado mes de julio, periodo en el que su acción ha pasado de 2,8 a 0,42 euros; sus proveedores tiemblan ante la deuda acumulada de 4.105 millones de euros que tienen pendiente; y sus bonistas, que invirtieron 3.500 euros en la compañía, hacen ahora cábalas pensando cuándo y cómo recibirán su inversión. Las propuestas de participación en el accionariado de la compañía definitiva siguen sobre la mesa, aunque sin haberse materializado en nada concreto. Lo único cierto es que, con todo lo ocurrido, se ha quebrado la credibilidad y confianza en la empresa, y éste será el principal obstáculo contra el que tendrá que lidiar Abengoa en los próximos meses.

Cuando las cuentas presentadas por una empresa no reflejan la situación real de la misma, en primer lugar evidencia que sus directivos se preocupan más por esconder los problemas que por solucionarlos, y en segundo lugar, impide acudir a terceros cuando la situación es insostenible. El ejemplo en este caso lo tenemos en la negativa del grupo Gestamp a adquirir el 30% del capital de Abengoa, que habían incluso anunciado, una vez culminada la due diligence (análisis y valoración de activos) con resultado evidentemente negativo. Si la empresa pretende recuperarse, como así confiamos todos, debe hacer un ejercicio claro de transparencia, poner las cartas sobre la mesa, diseñar un plan de futuro real y viable, y tratar así de ganar así la confianza de los siete bancos acreedores y de eventuales inversores. De momento la información sobre las negociaciones van cayendo con cuenta gotas, sin que los interesados (especialmente proveedores y pequeños accionistas) tengan muy claro cuál será su futuro.

Tampoco ha resultado precisamente loable la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no ha mostrado una gran pericia en su labor supervisora del mercado, sumando éste a escándalos como Bankia, Pescanova y Gowex. El objetivo principal de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles, y qué duda cabe que situaciones como ésta, donde todo apunta a que no se ha fiscalizado la información con la debida diligencia, causan un daño importante en la confianza de los inversores en el mercado. Javier Cremades, presidente de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), lo ilustra con claridad: “se ha robado cuatro veces en el mismo barrio, delante de la misma patrulla de policía”. La sospecha de un anormal funcionamiento de un servicio público como éste es algo que habrá que disipar en los próximos meses de cara a una eventual responsabilidad patrimonial de la CNMV.

Dicho esto, los principales perjudicados no tardaron en adoptar sus primeras decisiones. Entre ellos, accionistas minoritarios de Abengoa, que con fecha 18 de diciembre interpusieron una demanda en reclamación de daños y perjuicios frente a la entidad y frente a su Consejo de Administración. El fundamento de la demanda está en el artículo 124.2 de la Ley de Mercados, según el cual, “el emisor y sus administradores serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores como consecuencia de que la información no proporcione una imagen fiel del emisor”. No es algo nuevo para Abengoa. Supuesto similar sentó también a su filial norteamericana en el banquillo de un jugado de Nueva York, acusada de tergiversar datos sobre su liquidez. En España, un grupo de bonistas presentó en noviembre una querella contra el expresidente y exconsejero delegado de la compañía acusados de administración desleal y uso de información privilegiada.

Como vemos, los eventuales afectados de un caso como este ya no se quedan en casa a la espera de ver acontecimientos, sino que se organizan y defienden ante el perjuicio que una quiebra como ésta les puede producir. Y hacen bien, están en su derecho. Todo ello al margen del deseo compartido por todos de que una empresa como Abengoa logre superar esta situación, continuar su actividad, pagar sus deudas y volver a ser el referente empresarial que fue hasta hace poco.

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