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Nuevas figuras legales mediante las cuales obtener autorizaciones de residencia

Nuevas figuras legales mediante las cuales obtener autorizaciones de residencia

Análisis práctico del capítulo cuarto, sección 2ª de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Movilidad internacional.

 

Por Mª Eugenia Blasco Rodellar. Directora de Inmigración de AGM Abogados

 

 

El pasado 29 de septiembre de 2013 entró en vigor la sección 2ª del capítulo cuarto de la Ley 14/2013 dedicado a la Movilidad Internacional[1] (a partir de ahora Ley 14/2013), que introduce en el ordenamiento jurídico de extranjería unas nuevas figuras legales mediante las cuales obtener autorizaciones de residencia. Dicho lo cual, el primer aspecto a destacar es que no supone una reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social[2] (desde ahora Ley de Extranjería) ni de su Reglamento de desarrollo[3] (Reglamento de Extranjería), sino una nueva vía mediante la cual los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan, en España verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico en aquellos supuestos en los que acrediten ser:

Inversores.

Emprendedores.

Profesionales altamente cualificados.

Investigadores.

Trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas.

Entendiendo por extranjeros a los ciudadanos extracomunitarios.

 

Mediante esta ley sus beneficiarios obtendrán un visado de residencia por tiempo de un año, visado que permitirá su libertad absoluta de movimientos en el espacio Schengen[4], no obstante su residencia legal únicamente se habilita para España, es decir, pueden viajar libremente por el territorio de los países pertenecientes al espacio Schengen con fines turísticos o de negocios pero no instalarse a residir en un país distinto de España.

 

Ciertamente un ciudadano extranjero que dispone de medios económicos suficientes para realizar una inversión de la envergadura que exige la Ley 14/2013 no debe tener problemas para que le concedan un visado turista o de negocios cuando desee viajar a Europa, no obstante si desea hacerlo habitualmente o quizá instalarse temporalmente en un país europeo o quizá que lo haga su familia de forma más frecuente, por ejemplo, para que sus hijos estudien en España, puede resultar pesado tener que realizar el trámite del visado ante la Embajada o Misión Diplomática correspondiente cada vez que necesite viajar, por el tiempo que implica y por la urgencia que puede plantearse en ocasiones para realizar el viaje, urgencia que no siempre va a ser tenida en cuenta para obtener de forma inmediata el visado que requiera. Disponer de una residencia en España eliminará los obstáculos burocráticos que puedan presentarse.

 

Países que componen el espacio Schengen

 

FIGURAS LEGALES SIMILARES PREEXISTENTES

 

Dado que los nuevos tipos de residencia no implican una reforma de la legislación preexistente deben convivir con otras figuras legales que hasta ahora suponían los únicas opciones para obtener la residencia para aquellos extranjeros que desearan instalar su residencia en nuestro país. Por ello en ocasiones puede generar cierto desconcierto elegir la opción más ajustada a las necesidades del ciudadano extranjero. Para hacerlo deberá analizarse detalladamente las circunstancias personales, familiares, financieras y sobre todo los intereses reales de permanencia en el país del cliente, intentaremos a continuación establecer las, a priori, sutiles diferencias entre las figuras reguladas en la Ley de Extranjería y las nuevas opciones propuestas en la Ley 14/2013 para concluir que esas diferencias in fine son de suma importancia para que se vean cumplidas las expectativas del ciudadano extranjero y de su familia respecto a los intereses que tengan en nuestro país.

 

RESIDENCIA CON FINES NO LUCRATIVOS

El Reglamento de Extranjería contempla en sus artículos 46 a 51 la llamada residencia no lucrativa que habilita para residir en España a aquellos ciudadanos extranjeros, y a sus familiares en primer grado, que acrediten contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, de conformidad con las siguientes cuantías: una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, añadiendo para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera. Igualmente deberán contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España. La autorización obtenida permite residir en España por 1 año y es renovable por sucesivos periodos de 2 años, sin embargo se prevé su extinción por ausencias superiores a 6 meses en 1 año[5], por lo que los extranjeros que ostenten este tipo de residencia deben permanecer en España de forma habitual y en consecuencia están obligados a fijar su residencia fiscal en nuestro país.

 

La nueva Ley 14/2013 prevé la posibilidad de obtener visados de residencia iniciales, de un año de duración, a aquellas personas que acrediten haber realizado una inversión de las que se detallan a continuación en nuestro país, dicho visado puede convertirse en una autorización de residencia con una vigencia de dos años desde el mismo momento que efectúen su entrada en España, en cualquier momento durante la vigencia del mismo o cuando llegue a su fin.

 

La inversión debe ser una de las siguientes:

 

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un valor igual o superior a 1 millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000€.

c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

1.º Creación de puestos de trabajo.

2.º Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad.

3.º Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

 

La inevitable pregunta que se plantea es por qué un extranjero va a realizar una inversión de este tipo si ya puede obtener la residencia no lucrativa acreditando los medios económicos que exige el Reglamento de Extranjería. La respuesta está en los matices que diferencian ambos tipos de permisos; la Residencia No Lucrativa del Reglamento de Extranjería no habilita en ningún caso para trabajar, ni por cuenta ajena ni como autónomo, si en algún momento de la residencia en el país, el titular de dicha residencia o alguno de sus familiares están interesados en realizar una actividad laboral, deberán modificar su residencia mediante la tramitación de un engorroso procedimiento administrativo acreditando que disponen de una oferta de trabajo por cuenta ajena con una duración mínima de 1 año, o la presentación de un proyecto de negocio viable para la obtención de una autorización de trabajo por cuenta propia.  Por contra, la residencia obtenida en el marco de la Ley 14/2013 está enmarcada en el denominado “permiso único europeo”[6], por lo que aunque inicialmente es concedida por acreditar que se dispone de medios económicos suficientes para residir en España sin necesidad de trabajar, si habilita para hacerlo en caso de que así se desee tanto al inversor titular como a sus familiares.

 

El otro aspecto distintivo entre ambos tipos de permiso y fundamental respecto a los posibles intereses del inversor extranjero, es que la residencia obtenida mediante la Ley 14/2013 no obliga a permanecer en España tiempo mínimo alguno[7], tan solo es necesario permanecer un día en España para obtener la primera residencia por dos años, y el tiempo necesario para renovarla cuando llegue la fecha de su vencimiento, incluso este trámite puede llevarse a cabo mediante representante.

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