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Aplicación privada del derecho de la competencia por los órganos judiciales y la transposición de la directiva de daños

Aplicación privada del derecho de la competencia por los órganos judiciales y la transposición de la directiva de daños

Por Manuel Bermúdez Caballero. Asociado Senior de Deloitte Abogados

 

El 26 de noviembre de 2014, tras más de 10 años de vaivenes y cambios, fue finalmente aprobada la Directiva europea 2014/104 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (la Directiva), cuya finalidad es establecer los mecanismos necesarios para que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por alguna infracción del Derecho de la competencia por parte de una empresa o una asociación de empresas pueda reclamar el pleno resarcimiento de dicho perjuicio.

 

Sumario

  • Introducción
  • Características Directiva y de la Propuesta de ley
  • ¿Margen de mejora de la Propuesta?
  • Consecuencias futuras de la nueva normativa

 

  1. 1.   Introducción

 

El plazo de transposición fijado por la Directiva para que los Estados miembros incorporen sus disposiciones al Derecho nacional finaliza el próximo 27 de diciembre de 2016. De esta forma, el 15 de enero de 2016, el Ministerio de Justicia publicaba la Propuesta de Ley para la transposición de la Directiva (la Propuesta) elaborada por la sección especial de la Comisión General de Codificación a la que dicho Ministerio había encomendado su preparación.

 

La Propuesta necesita aún ser aprobada por el Consejo de Ministros, y posteriormente por el Congreso y Senado, por lo que cabe que su contenido experimente una serie de cambios. En cuanto al plazo de transposición, a la vista de las próximas elecciones, cuyos resultados darán probablemente lugar a coaliciones con exiguas mayorías, las vacaciones parlamentarias y la necesaria formación del futuro Gobierno, todo parece indicar que no será cumplido.

 

Si esto sucediera, la normativa existente continuaría aplicándose hasta la transposición efectiva de la Directiva al Derecho nacional. La falta de transposición, más allá de generar la responsabilidad del Estado español por incumplimiento del Derecho de la UE, no tendría consecuencias importantes en el ordenamiento jurídico nacional, y ello en la medida en que la jurisprudencia europea no permite la eficacia directa horizontal de las Directivas no transpuestas, esto es, que los particulares aleguen la aplicación de las disposiciones de la Directiva frente a otros particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales. De hecho, las provisiones de esta Directiva sólo regulan las relaciones entre particulares (el derecho al pleno resarcimiento del perjudicado por conductas anticompetitivas frente al particular infractor de la normativa de competencia).

 

Sin embargo, la Directiva sí podrá producir efectos indirectos desde el 27 de diciembre hasta su efectiva transposición, en la medida que los órganos jurisdiccionales nacionales estarán obligados a interpretar la normativa nacional de manera acorde con lo dispuesto en la Directiva, cuando ello sea posible, algo que ya se venía en cierta manera produciendo. Por ejemplo, las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de abril de 2015 o de Barcelona de 18 de mayo de 2015 ya hacían menciones a las provisiones de la Directiva, e incluso el propio Tribunal Supremo también hizo referencia a la misma cuando tan sólo era una propuesta (sentencias de 4 de septiembre de 2013, Céntrica, y de 7 de noviembre de 2013, cártel del azúcar).

 

  1. 2.   Características Directiva y de la Propuesta de ley

 

A grandes rasgos, la Directiva busca facilitar el resarcimiento pleno de las partes perjudicadas por infracciones de competencia, acabar con la disparidad normativa, el forum shopping existente y la asimetría en el grado de aplicación entre Estados miembros, además de promover la interacción entre la aplicación pública y privada de la competencia a través de acciones de daños fundadas en resoluciones de autoridades de competencia (follow-on actions). Para ello, la Directiva busca armonizar parcialmente el Derecho sustantivo y procesal de los Estados miembros para facilitar el uso de acciones de daños y el pleno resarcimiento de los perjudicados.

A continuación describiremos las características principales de la Directiva, y las especificidades que presenta la actual Propuesta de ley con respecto a dicha Directiva, la cual, aunque probablemente sufrirá ciertas modificaciones antes de su aprobación, ya avanza una idea de los principales cambios que conllevará en nuestro ordenamiento jurídico.

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