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Composición y funcionamiento de las Fundaciones

Composición y funcionamiento de las Fundaciones

Por Iñaki Frías y Jordi Rosselló. Socio y abogado del Área de Derecho Mercantil y Responsable del Área de Empresa Familiar de Rousaud Costas Durán 

 

I.              Introducción

El régimen jurídico de las fundaciones de ámbito estatal se recoge en los siguientes textos legales: la Constitución española (artículo 34, que reconoce “el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley”), el Código Civil (artículos 35 a 39), la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.

El artículo 2 de la Ley 50/2002 define a las fundaciones como “las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general”.

Por lo que respecta al régimen fiscal de las fundaciones, éste está regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo; y por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Al margen de la regulación estatal específica en materia de fundaciones, han sido varias las Comunidades Autónomas que han desarrollado su propia normativa relativa a estas entidades, cuando el ámbito de actuación de las mismas se circunscribe principalmente a la Comunidad Autónoma y su domicilio radica en ella. Así, en base a la competencia que tienen atribuida en sus respectivos Estatutos de Autonomía, han desarrollado normativa propia en materia de fundaciones las Comunidades de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Asimismo, destacar el cambio organizativo que ha tenido lugar recientemente respecto a las fundaciones de ámbito estatal. Desde el pasado 2 de diciembre de 2015, en virtud de la orden ministerial PRE 2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, han entrado en vigor el Protectorado único de Fundaciones de competencia estatal, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Registro único de Fundaciones de competencia estatal, dependiente del Ministerio de Justicia.

II.            Composición del Patronato

a)    Estructura y funcionamiento

De acuerdo con la Ley 50/2002, las fundaciones deben estar gobernadas por un órgano colegiado denominado Patronato, que debe estar integrado por un mínimo de tres miembros, que son denominados patronos, que pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas y, en este último caso, pueden tener tanto naturaleza pública como privada.

En este sentido, el artículo 14 de la Ley 50/2002 establece lo siguiente:

“1. En toda fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y representación de la misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos.

2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.”

En los Estatutos de la fundación deberán establecerse las bases para el nombramiento y cese de los miembros del Patronato. Asimismo, los patronos elegirán de entre ellos a un presidente, salvo que su designación estuviera prevista de otro modo en la escritura de constitución de la fundación o en los Estatutos de la misma (por ejemplo, el patrono de mayor edad, el patrono designado por razón de un cargo concreto, etc.). Así lo establece el artículo 15.1 de la Ley 50/2002: “El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros, que elegirán entre ellos un Presidente, si no estuviera prevista de otro modo la designación del mismo en la escritura de constitución o en los Estatutos”.

Cabe mencionar una particularidad en la regulación de la composición del Patronato, prevista en el régimen jurídico de la Comunidad Autónoma de Galicia, que además de establecer que el Patronato debe estar integrado por un mínimo de tres miembros, también prevé que “en su composición se procurará, en la medida de lo posible, una participación equilibrada de mujeres y hombres” (artículo 11 del Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de interés gallego).

Como se ha indicado anteriormente, la Ley 50/2002 exige que el Patronato designe a un Presidente de entre sus miembros, si bien las funciones propias de dicho cargo no vienen previstas en la ley estatal, sino en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, que también se encarga, en el mismo artículo 13, de dar cobertura a la figura del Vicepresidente. Finalmente, podrán los Estatutos, en su caso, perfilar y definir más ampliamente el margen de actuación reconocido al Presidente.

Así, el referido artículo 13 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal atribuye al Presidente del Patronato las siguientes funciones: “a) Ejercer la representación de la fundación en juicio y fuera de él, siempre que el patronato no la hubiera otorgado expresamente a otro de sus miembros. b) Acordar la convocatoria de las reuniones del patronato y la fijación del orden del día. c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los acuerdos y proclamar el resultado de las votaciones. d) Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el patronato. e) Velar por el cumplimiento de la Ley y de los estatutos. f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del patronato. g) Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida”.

Por su parte, la normativa gallega de fundaciones, en el artículo 12 del Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de interés gallego, enumera algunas de las funciones que se atribuyen al Presidente, enumeración que incluye, al igual que hace el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, la siempre recurrente remisión a lo dispuesto en Estatutos u otras funciones atribuidas por la legislación.

Asimismo, el Patronato deberá nombrar a un Secretario; al igual que sucede, por ejemplo, en las Sociedades de Capital, este cargo puede recaer en una persona que no sea miembro del órgano, es decir, que no sea patrono, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. De este modo, se pretendió abrir la puerta a la posibilidad de profesionalizar el cargo de Secretario en este tipo de entidades, habida cuenta de las funciones que, como a continuación veremos, pueden atribuirse al Secretario. De hecho, en la propia Exposición de Motivos de la Ley 50/2002 ya se apunta a esta razón como inspiradora de la inclusión de la figura del Secretario, al establecer en su apartado III que “se potencia la estabilidad y el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno de las fundaciones con la obligatoriedad de la figura del Secretario”.

En cuanto a las funciones del Secretario, la ley estatal se limita a establecer que deberán certificar los acuerdos del Patronato, y es el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal el cual en su Art. 14 establece el detalle de sus funciones. Por su parte, la normativa aprobada por algunas de las Comunidades Autónomas desarrolla de forma más o menos extensa las funciones del Secretario. El Libro III del Código Civil Catalán atribuye, por ejemplo, al Secretario del Patronato funciones como “el deber de advertir de la legalidad de los acuerdos que pretenda adoptar el órgano” (artículo 312.3 CCCat., cuando es no miembro del Patronato); la redacción y firma de las actas de los órganos colegiados y la custodia del libro de actas (artículo 312.8 CCCat.).

Por su parte, el régimen previsto para las fundaciones andaluzas, dedica un artículo, el artículo 13 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a detallar las funciones que le corresponden al Secretario: “a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del patronato por orden de la Presidencia y realizar las correspondientes citaciones a los miembros del Patronato. b) Asistir a las reuniones del Patronato, con voz y voto si la Secretaría corresponde a una persona que integre el Patronato, o sólo con voz en caso contrario. c) Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el libro de actas del Patronato el desarrollo de las reuniones. d) Expedir certificaciones con el visto bueno de la Presidencia, respecto de los acuerdos adoptados por el Patronato. d) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretaría o se prevean en los Estatutos de la fundación”. En similares términos regula las funciones del Secretario, por ejemplo, la normativa gallega en el Art. 13 del Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de interés gallego, inspirada por el Art. 14 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal.

Los Reglamentos de fundaciones aprobados por Andalucía y Galicia incluyen también la previsión del nombramiento de un Vicesecretario en el Patronato, cuyas funciones serán las del Secretario en caso de vacante, enfermedad o ausencia del Secretario. Para las fundaciones sujetas a la normativa estatal o aquéllas que estén sometidas a la normativa de otras Comunidades Autónomas, la figura del Vicesecretario podrá preverse y regularse a través de los Estatutos de la entidad.

La composición del Patronato deberá necesariamente hacerse constar en los Estatutos, así como las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones, y la forma de deliberar y de adoptar acuerdos.

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