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¿Cuándo puede un abogado renunciar a la defensa de su cliente?

¿Cuándo puede un abogado renunciar a la defensa de su cliente?

Por Eduardo García Sánchez, Socio, David Alonso Reina, Abogado y Alberto González Martín, Abogado del Área Procesal de AGM Abogados

 

       I.        Introducción: Derecho de Defensa. Tratados Internacionales y Legislación española.

 

No debemos olvidar que el derecho de defensa se incardina de forma global en el art. 24 de la Constitución, pero no sólo en ésta, también los Convenios Internacionales suscritos por España imponen garantizar el Derecho de defensa del enjuiciado, así el art. 6.3 c) del Convenio de Roma de 1950, recoge que “todo acusado tiene como mínimo, derecho a defenderse por sí mismo, o solicitar la asistencia de un defensor de su elección y, si no tiene los medios para remunerarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio cuando los intereses de la justicia los exijan”, como lo reconoce el art. 14.3 d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 diciembre 1966, en cuanto a que todo aquel acusado de un delito tendrá derecho “a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección, a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciese de los medios suficientes para pagarlo”.

 

Principios éstos, que han sido redefinidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia del caso “Ártico”, (13/02/80), como “derecho a la defensa adecuada”, consagrando la preferencia de otorgar la defensa técnica al letrado de libre elección por el propio defendido frente a la designación de oficio, que entrará en juego en tanto en cuanto éste no puede acceder a la primera, y en cualquier caso, no siendo suficiente con la mera designación, sino con la efectiva asistencia Letrada en su más amplio abanico, tal y como nuestro propio Tribunal Constitucional define en su Sentencia de 1999 (nº 162/1999), quien al respecto del derecho de defensa del enjuiciado abarcaría desde defenderse por sí mismo, a hacerlo mediante asistencia letrada de su elección y, en determinadas condiciones, a recibir asistencia letrada gratuita, pero todas ellas sujetas a una limitación, como es que el enjuiciado no disponga a su voluntad y antojo del desarrollo propio del procedimiento, a saber, renunciando a su Letrado, o al revés, que sea el propio Letrado el que con su renuncia pueda entorpecer la continuación de dicho proceso, lo que impone la necesidad de llevar a cabo ésta en base a unas causas que la pudieran legitimar, y obviamente conforme al seguimiento de un procedimiento, y respetando los tiempos.

 

Así en la STS de 25 enero 2009 (nº 1394/2009), reiterando la doctrina de la STS 816/2008 de 2 diciembre, el derecho a la libre designación del Letrado constituye uno de los signos que identifican a un sistema procesal respetuoso con los principios constitucionales que definen la noción de un proceso justo, sin embargo, ese derecho no puede considerarse ilimitado, encontrándose limitado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal a rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Por ello, causa, procedimiento, y momento temporal, imponen la necesidad de un juicio crítico de ponderación de intereses eventualmente en conflicto, ya que el ejercicio del derecho a una asistencia letrada podría en ocasiones entrar en conflicto con los intereses de su defendido, amparado éste por el derecho fundamental que prescribe el consabido art. 24.2 de nuestra Constitución, de modo tal, que en el derecho de defensa y al de asistencia de Letrado se encuentra amparado el derecho a cambiar de letrado, sustituyendo al de oficio por otro de libre designación, o supliendo al abogado de confianza por otro, lo que sin lugar a dudas adquiere mayor importancia por el ámbito en que nos encontramos, tal y como reconoce el propio preámbulo del Código Deontológico (CD de ahora en adelante) aprobado en el Pleno de 27/11/02, adaptado al nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.

 

Parte el meritado preámbulo, encarnando el derecho de defensa del cliente en el abogado, y como tal labor, una función social, y que determinará sin lugar a dudas las relaciones entre ellos a la hora de componer la relación abogado- defendido/cliente, pues el primero como tal, y así recoge el meritado, la independencia del abogado está íntimamente ligada al principio de libertad de elección, libertad ésta que preside la relación de ambos antes, durante, y después del servicio, de tal manera que no sólo el letrado podrá asumir dicha defensa, sino renunciar a ella posteriormente cuando tenga razones para ello, personales o profesionales como veremos más adelante, pero siempre con estricto cumplimiento a las normas deontológicas y procedimentales que regulan éstas, lo que será ponderado por la Administración de Justicia en aras de evitar crear indefensión al defendido, así como impedir el indebido uso de dicha renuncia para obstruir u obstaculizar el desarrollo del procedimiento en que se esté incurso.

 

En este sentido, sin lugar a dudas es clarificador el art. 26 del Estatuto del Abogado, aprobado por el RD 658/2001 de 22 junio, en tanto en cuanto “Los abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente”, libertad que también remarca el art. 13.3 del CD, si bien distingue entre designación oficial y privada, así en cuanto a ésta última, El abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión. Así mismo el abogado podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente. Deberá hacerlo siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa o la obligación de secreto profesional. El abogado que renuncie a la dirección Letrada de un asunto habrá de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente”, no así cuando dicha intervención venga impuesta por un servicio público, así “Cuando se trate de defensa asumida por designación colegial, la aceptación, rechazo, abstención o cese habrá de acomodarse a las normas sobre justicia gratuita y sobre este tipo de designaciones”.

 

Aun así, no debemos olvidar que la profesión de abogado es como la de cualquier profesional que desarrolla un trabajo en atención a un contrato de arrendamiento de servicios, (con independencia de quien le abone sus honorarios), si bien su importancia radica en que su actuación tendrá consecuencias tanto en el ámbito privado (relación con su cliente), como en el público (consecuencias de su actuación), lo que obliga a un especial control no sólo en su actuar, sino en su abandono, bien por parte de la Administración, bien por los propios Colegios de Abogados, y en ocasiones

   II.        El principio de confianza en la relación abogado/cliente.

 

a)    Introducción.

 

Sin lugar a dudas, para entender la relación entre abogado y cliente se hace preciso traer el art. 4 del CD de la Abogacía Española, en cuanto configura el principio básico que marcará ésta, como cualquier otra relación contractual, pero que adquiere mayor importancia sí cabe en este ámbito, la confianza, que según dicho artículo, “se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente”. Estando obligado a “no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquel”.

 

Esto es, podríamos decir que la confianza cliente/abogado es el pilar sobre el que se asienta la relación contractual entre ambos, tal es así que nuevamente se habla de ésta en el art. 13, apartado 1 del citado CD, “La relación entre el abogado y el cliente debe fundarse en la recíproca confianza”, tal y como el Tribunal Supremo en su Sentencia de 03/04/90 consideró, “la relación del cliente con el abogado está basada en la confianza, de suerte que desaparecida ésta, debe cesar dicha relación”, y en igual sentido  en su Sentencia de 03/11/04, estimamos que hay razones para entender que esta tensa relación del acusado con su abogado, que queda de manifiesto en los 2 escritos referidos, existía desde antes de la iniciación del juicio oral, de modo que éste se celebró encontrándose ya enfrentados el abogado defensor y su cliente, enfrentamiento que no es, desde luego, un clima adecuado para la defensa de nadie, y que adquiere mayor relevancia en un caso tan grave como el aquí examinado en el que repetimos, el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, había solicitado penas por un total de 14 años de prisión, 10 por el delito de violación y 4 más por el de lesiones (folios 43 y 99 vto del rollo de la audiencia).”

 

a)    Cusas de la extinción de la relación abogado/cliente. Asistencia letrada de oficio y designación particular.

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