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De la estabilidad presupuestaria a la eficiencia

De la estabilidad presupuestaria a la eficiencia

Por Óscar Romera Jiménez. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

 

En los últimos años, la actualidad de la gestión económica y financiera del conjunto de las Administraciones públicas prestadoras, fundamentalmente, de servicios a los ciudadanos y también receptoras de prestaciones realizadas por las empresas, se ve influenciada de manera directa por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Una vez consolidado este marco, es importante valorar nuevos procedimientos que determinen no solo el coste de los servicios o el equilibrio y viabilidad de las cuentas públicas. Además, es determinante valorar si lo que se está haciendo es eficiente.

La medición comparativa de los recursos disponibles nos ofrece una nueva dimensión que, sin duda, determinará la posibilidad de actuar bajo criterios técnicos que supongan una mejor gestión de los bienes públicos al mismo tiempo que ofrecerán una información relevante ante terceros interesados.

 

LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA COMO PASO PREVIO AL OBJETIVO DE EFICIENCIA

Si bien se hace referencia, a septiembre de 2011, para valorar la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, al objeto de analizar el impacto en la legislación posterior de la incorporación del principio de estabilidad presupuestaria, conviene recordar que verdaderamente constituyó una novedad en el año 2001, cuando en un primer intento de aplicar el concepto de estabilidad presupuestaria se aprobó la Ley 18/2001, de 12 de diciembre y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre.

Ese compromiso inicial decae con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2006 y la Ley 15/2006, que genera un Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con aprobación mediante Real Decreto Ley 2/2007, de 28 de diciembre, que establece una interpretación más laxa del concepto de déficit estructural y cíclico. Es ya en el año 2011 ante la necesidad de controlar los crecientes déficits públicos cuando se vuelve a contemplar una interpretación más restrictiva. Y por lo tanto, se eleva al máximo nivel normativo la doméstica frase de “no gastar más de lo que se ingresa”.

No obstante, el elemento diferencial, en términos de estabilidad presupuestaria, que viene a introducir la modificación del artículo 135 de la CE es la vinculación del volumen de deuda pública de todas las Administraciones Públicas a un valor de referencia tanto en la asignación como en la utilización de recursos.

La vinculación de los límites de déficit estructural y el volumen de deuda a los principios de responsabilidad, lealtad institucional y eficiencia, suponen una perspectiva diferente en relación a la gestión de los recursos. Además, se añade la necesidad de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y no superación del plazo máximo del pago a proveedores. Sin duda, la complementariedad de los dos escenarios indicados supone un cambio de modelo a escala nacional bajo un proceso de consolidación europeo.

Esta nueva realidad vista bajo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, queda enmarcada en un proceso de andamiaje legal que se extiende a todos los sectores económicos desde el punto de vista de la intervención estatal en la economía. Y por lo tanto, se proyecta en los últimos años sobre cinco ejes: laboral, financiero, energético, fiscal y administrativo.

Desde la propia Administración General del Estado, dada la reciente reforma constitucional provocada bajo la nueva redacción del artículo mencionado, se opera la necesidad de trazar una dinámica de actuación que fomente desde la perspectiva del gasto, tanto su evaluación como la toma de decisiones conforme a un deber coordinado.

Así, la evaluación, su seguimiento y los efectos ante el incumplimiento en los nuevos indicadores de referencia pasan a formar parte de un modelo de gestión que ha llegado para quedarse. Se impone la nueva obligación de calcular y publicar los recursos de los que se dispone dentro de un marco presupuestario determinado al mismo tiempo que se evalúa si el resultado cumple con los correspondientes indicadores de referencia. Una vez más, la medición del gasto se considera un elemento angular para la elaboración de criterio al objeto de una posterior toma de decisión.

La crisis económica, tan prolongada como abrupta, lógicamente también afecta al sector público español. Y no sólo reduce unos ingresos coyunturales que parecían estructurales. Además, afecta de una forma acusada a la manera de atender al gasto. Por lo tanto, su análisis y evaluación se convierten en obligado ejercicio dada la complejidad de decidir qué parte estructural del mismo no es prioritario para la prestación de los servicios al ciudadano.

En este punto, y con la limitación que permiten las siguientes líneas, se aborda de forma sucinta un enfoque específico que ofrece una propuesta que incorpora la medición de aspectos cualitativos a aquellos cuantitativos del gasto, y que obvia otros análisis ya realizados por el autor desde el punto de vista del ajuste competencial y del análisis de la evolución del ingreso, en particular, de la Administración local española.

LA EFICIENCIA COMO VALOR AÑADIDO A LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

La Constitución Española (CE) enmarca el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en su artículo 31. En las condiciones en las que se ha de cumplir dicho deber es cuando se concretan los principios de universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica. Los principios de eficacia y economía se añaden respecto a la ejecución del gasto. Además, se incorpora en su apartado final, el principio de reserva de ley en materia tributaria.

La perspectiva de la equidad en la asignación de recursos y el criterio de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público (art. 31.2) como principio ordenador del mismo, nos llevan de forma unívoca a encontrar una referencia expresa a la cultura de la evaluación.

No obstante, desde la entrada en vigor de la CE, los fines para dar cumplimiento a los principios de generación y riqueza a través de la medición de una mejor gestión de los bienes públicos se concretan aún como una asignatura pendiente.

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