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Discusión sobre la actio nata y las deudas sociales

Discusión sobre la actio nata y las deudas sociales

Por Patricia Martinez. Abogada de Ceca Magán Abogados

y Emilio Gude Menéndez.Adjunto a la Dirección de Ceca Magán Abogados

 

Introducción

La tórrida iniciativa legislativa de los últimos tiempos ha traído como consecuencia esperada, pero no buscada, un sinfín de debates doctrinales sobre aristas sujetas a interpretación. Dado que cada uno llevamos dentro de nosotros al mejor jurista del mundo, las discusiones de criterio sobre las numerosas cuestiones que se suscitan a raíz de la concupiscente ansia legislativa del último año, están siendo de proporciones conciliares.

Permítannos, por lo tanto, sumarnos a este casino jurídico del que disfrutamos en los últimos tiempos, porque reconozcámoslo, nada nos gusta más que una discusión. Hace unos días surgió en nuestra firma, el debate sobre el alcance del nuevo criterio de prescripción de las acciones de responsabilidad de administradores del 241 bis de la LSC, a raíz de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. La cuestión suscitada es si el nuevo dies a quo, “cuatro años contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse”, debe aplicarse a la responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC. La joven compañera, llamada a ser una grandísima abogada, que hoy firma este articulo conmigo, sostiene que el artículo 241 bis alcanza a la responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC mientras que, por mi parte, creo que la modificación se limita a la acción individual y social de administradores sin que quepa aplicarse a la responsabilidad por deudas.

Como, de momento, no hay posición jurisprudencial sino tan solo doctrinal, la cuestión es objeto de debate por lo que cada uno de los firmantes mantendremos posiciones contrarias, cada uno en el sentido ya apuntado.

 

A favor de la aplicación de la actio nata a la acción por responsabilidad de deudas sociales del artículo 367 LSC

Pues bien, existen argumentos sólidos a favor de cada una de las dos posturas opuestas que pueden sostenerse en esta materia. Así, como buenos abogados que somos, defenderemos acérrimamente una u otra en función de los intereses propios de nuestros clientes. No obstante lo anterior, de forma completamente imparcial, a mí particularmente me convence más la tesis que apoya la aplicación del plazo de prescripción del artículo 241 bis de la LSC a la acción de responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC. Y ello por los siguientes motivos:

En primer lugar, el Tribunal Supremo, desde que puso fin con su Sentencia de 20 de julio de 2001 a la constante discusión existente tanto en la doctrina como en los tribunales en esta materia, se inclinó por realizar un tratamiento unitario, unificando el plazo de prescripción no sólo a las acciones social e individual de responsabilidad, sino también a la acción de responsabilidad por deudas sociales del art. 367 LSC. Así, fundamenta dicha solución con el fin de aportar a esta materia un cierto grado de seguridad jurídica, “con la ventaja añadida de la certeza que en tal caso se logra en orden al cómputo inicial del mismo plazo”. Por tanto, ya desde el 2001 el Tribunal Supremo estableció un principio de unidad de tratamiento de las acciones de responsabilidad de administradores, en relación con la determinación del plazo de ejercicio, incluyendo la acción del art. 367 LSC y haciendo hincapié en el tratamiento unitario en orden al cómputo inicial del plazo.

Si bien es cierto, como probablemente sostendrá mi compañero, que en la citada sentencia el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción era el momento del cese de los administradores, en virtud del art. 949 CCo, nada impide que, cambiado el criterio para las acciones de responsabilidad social e individual, éste se aplique igualmente a la acción de responsabilidad por deudas sociales, precisamente por razones de seguridad jurídica. Entiendo pues, que el principio general de seguridad jurídica debe prevalecer frente a las interpretaciones literales que pueden hacerse del art. 241 bis de la LSC, amén de que este debe ser interpretado de conformidad con el artículo 3 del Código Civil, como más adelante fundamentaré, debiendo, pues, prevalecer el citado principio general frente al derecho de fondo aplicable.

Dicha postura en relación con el tratamiento unitario de las acciones de responsabilidad de administradores, a mi parecer, no puede variar tras la nueva reforma y ello porque el art. 241 bis rubricado “Prescripción de las acciones de responsabilidad” no excluye en ningún momento que pueda ser de aplicación al art. 367 LSC. Además, si observamos “los antecedentes históricos y legislativos” y atendemos “al espíritu y finalidad” de las normas (art. 3º CC), debemos concluir que la intención del legislador era realizar una modificación uniforme para todas las acciones.

Me refiero, precisamente, al Anteproyecto de Ley de Código Mercantil en el que se incluyó, además del art. 215-20 -idéntico al actual 241 bis LSC-, un artículo 272-12.4 cuyo tenor literal era el siguiente: “la acción de reclamación contra los administradores prescribirá a los dos años desde el día en que pudiera ejercitarse. En consecuencia, se establecía un cambio de criterio en relación al dies a quo de cómputo del plazo, pues ya no se inicia desde el cese de los administradores, sino que se aplica el criterio de la actio nata de manera uniforme para todas las acciones de responsabilidad de administradores, justificada por razones de seguridad jurídica, tal y como se razonaba en la Exposición de Motivos del citado Anteproyecto.

Así, la única modificación que se pretendió establecer en el citado Anteproyecto era la duración del plazo, estableciendo un plazo más corto para las acciones del art. 367 LSC, lo que conllevó serias críticas no sólo de la doctrina, sino incluso del Consejo General del Poder Judicial que realizó un informe sobre la materia en el que ponía de manifiesto que no entendía la razón por la cual se concedía un plazo de prescripción distinto al de las acciones social e individual, lo que apoya aún más nuestra tesis sobre el tratamiento unitario de todas las acciones de responsabilidad de administradores, ya que desde el CGPJ se buscaba un tratamiento unitario de las citadas acciones, no solo en cuanto a la duración del plazo, sino también en relación con el dies a quo del cómputo, que nunca se puso en tela de juicio.

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