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Aportación de documentos en procedimientos judiciales vs. delito de revelación de secretos de la contraparte

Aportación de documentos en procedimientos judiciales vs. delito de revelación de secretos de la contraparte

Por Mònica Caellas Camprubí. Abogada de Molins&Silva

 

 

Como es sabido, el secreto profesional del abogado está amparado y, a la vez, sujeto, al derecho y deber del secreto profesional.

 

En este sentido, el abogado, por un lado, puede oponer su derecho al secreto profesional para no revelar información que haya obtenido en su ejercicio profesional (art. 24.2 párr. 2º CE[1] y arts. 263 -exención del deber de denunciar-[2] y 416.2 LECrim -dispensa del deber de declarar-[3]) y, por otro, tiene el deber de salvaguardarlo, esto es, de no revelar la referida información, so pena de incurrir en el delito de revelación de secretos profesionales del art. 199.2 del Código Penal:

 

El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”.

 

EL DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS PROFESIONALES

 

El mentado precepto tipifica la conducta del profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, castigándose con las penas de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión por tiempo de 2 a 6 años.

 

Es un delito especial propio en el que el sujeto activo ha de ser un profesional que realice una actividad jurídicamente reglamentada, cuyo ejercicio requiera cumplir con una obligación de sigilo. Dicho profesional ostenta la condición de confidente necesario, de modo que la propia relación entre el profesional y el sujeto titular del secreto obliga a éste a revelar sus secretos a aquél.

 

El deber de secreto de los abogados o, lo que es lo mismo, dicha obligación de sigilo, viene impuesta por el art. 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto en relación con el art. 32.1 del Estatuto General de la Abogacía, que establece que “Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”. También viene contemplado en el art. 5 del Código de Deontológico de la Abogacía española y en el art. 2.3 del Código Deontológico de los Abogados de la Comunidad Europea.

 

Comoquiera que el bien jurídico protegido es la intimidad, la Jurisprudencia ha  estimado que el contenido de secreto debe restringirse “a aquellos extremos afectantes a la intimidad que tengan cierta relevancia jurídica, que afecten al ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario -según las pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad mínima de vida humana” (STC 28/2/1994). Si no puede predicarse el carácter secreto de lo revelado o concurre el consentimiento del titular del referido bien jurídico, el supuesto es atípico.

 

La conducta consiste en divulgar los secretos ajenos, entendida como la acción de comunicarlos por cualquier medio, en la que ya se ha subsumido algún caso de aportación de documentos en procedimientos judiciales. Supuestos en los que una de las partes, a través de su abogado, aporta al proceso como medio de prueba documentos que obran en su poder y que contienen información relativa a la parte contraria.

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