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El dictamen pericial extrajudicial: cuestiones prácticas en relación con la elección del perito

El dictamen pericial extrajudicial: cuestiones prácticas en relación con la elección del perito

Daniel García Sorribes. Abogado y profesor de la Universidad CEU-Cardenal Herrera

 Los dictámenes periciales extrajudiciales son aquellos obtenidos por las partes fuera del proceso para su posterior aportación al mismo. Su configuración en el orden civil se encuentra recogida en los artículos 124 a 128 y 335 a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”) que la configuran como uno de los medios de prueba que permite una mayor influencia de las partes y de terceros en su elaboración.

El artículo 265 de la LEC establece que, como regla general, el demandante deberá aportarlo en el momento de la presentación de la demanda. El objeto del presente artículo es analizar algunas cuestiones prácticas relevantes, no todas por exigencias de espacio, que deben ser consideradas para la elección del perito.

SUMARIO:

 

-Supuestos en que procede acudir a la prueba pericial

-Las dos vías de designación del perito

-Las características exigibles al perito designado extrajudicialmente

 

 

  • Supuestos en que procede acudir a la prueba pericial

 

Debemos comenzar determinando en qué casos procede la aportación de un dictamen pericial. El artículo 335 de la LEC establece que será procedente la aportación de un informe pericial en aquellos supuestos en que resulten necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, bien para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto, bien para adquirir certeza sobre ellos.

Carece de toda relevancia el nivel de conocimientos extra jurídicos del juez o magistrado concreto que vaya a conocer del asunto, entre otros motivos, por cuanto tratándose de un medio de prueba, resulta necesario que esos conocimientos sean aportados al procedimiento a instancia de las partes y con respeto al principio de contradicción; permitiendo igualmente su revisión en instancias posteriores por otros magistrados.

El dictamen pericial podrá referirse a la realidad, a las causas o a las consecuencias de un determinado hecho controvertido, siempre que para ello se precisen esos especiales conocimientos no jurídicos que no resultan exigibles al órgano juzgador. Al igual que sucede con los hechos, también pueden ser objeto de prueba pericial las máximas de la experiencia o incluso la acreditación de la validez de otros medios de prueba (arts. 349 a 351 o art. 352 LEC).

En consecuencia, debe excluirse la admisibilidad de los informes periciales cuando traten de aportar conocimientos acerca del ordenamiento jurídico español vigente, por cuanto tales conocimientos resultan exigibles a la totalidad de los jueces y magistrados (véase, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, sección 1ª, 222/2015, de 29 de abril). Así, no deberán ser tomadas en consideración las valoraciones jurídicas que se incluyan o deslicen en los informes periciales; las periciales jurídicas debieran verse restringidas a los supuestos en que resulte precisa la prueba de derecho extranjero.

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