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El recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión

Por Lara Matos Franch. Abogada de ONTIER

 

Sumario:

 

I.- Concepto

II.- Motivos

-Que al dictar el acto se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

-Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

-Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos

– Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.

III.- Competencia

iv.- Procedimiento

v.- Plazos

vi.- Resolución

 

 El recurso extraordinario de revisión puede definirse como un recurso administrativo de carácter extraordinario o excepcional que tiene por objeto la revisión de la validez de actos administrativos firmes en base a unos motivos y circunstancias tasadas. Así pues, es el instrumento que permite a los ciudadanos recurrir los actos que son firmes en vía administrativa para que sean revisados por el órgano que los dictó, siempre que se de alguna de las causas que permiten su interposición. Se regula actualmente en los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, “Ley 39/2015”).

 

I.- CONCEPTO

 

 

Como dispone el artículo 125 de la Ley 39/2015, uno de los presupuestos para que pueda interponerse un recurso extraordinario de revisión es que el acto administrativo sea firme, lo que significa que debe tratarse de un acto contra el que no quepa recurso administrativo ordinario alguno, sea preceptivo o facultativo. En la práctica puede considerarse que coinciden con los actos que “ponen fin a la vía administrativa” (artículo 114 de la Ley 39/2015), aunque resulte posible que ganen firmeza en vía administrativa actos que en principio no la agotarían, por caber contra ellos recursos de alzada, pero frente a los cuales se haya aquietado su destinatario[1].Si el acto hubiera puesto fin a la vía administrativa pero todavía fuera susceptible del recurso potestativo de reposición, en tanto no venza el plazo para interponer éste, habrá de considerarse que el acto no es firme en vía administrativa.

 

Asimismo, también debe tenerse en cuenta que la Jurisprudencia de nuestros Tribunales ha esclarecido que una vez que el acto administrativo se ha “judicializado”, ya no cabe interponer el recurso administrativo de revisión sino, en su caso, el recurso de revisión de sentencias firmes (artículo 102 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) que, como su propio nombre indica, cabe interponer contra la sentencia firme que acuerde la validez del acto recurrido[2].

 

Así pues, frente aquellos actos cuya conformidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico haya sido declarada por sentencia firme en la vía contencioso administrativa solo cabe interponer el recurso de revisión de sentencias firmes y no el recurso extraordinario de revisión que aquí se analiza.

 

II.- MOTIVOS

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