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El tratamiento del Tribunal Constitucional a la amnistía fiscal de 2012

El tratamiento del Tribunal Constitucional a la amnistía fiscal de 2012

Por Oscar González Barnadas. Abogado. Gratacós Abogados

El pleno del Tribunal Constitucional anuló y declaró inconstitucional la amnistía fiscal adoptada por el Gobierno en el año 2012, mediante sentencia de fecha 08/06/2017. El Tribunal analiza minuciosamente la idoneidad del Real Decreto-Ley como vehículo mediante el cual aprobar una medida tributaria de este calibre, que afecta al deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

 

 

SUMARIO

 

  1. ANTECEDENTES
  2. 2. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL REAL DECRETO-LEY 12/2012
  3. 3. EL PLANTEAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

 

  1. ANTECEDENTES

 

 

El día 25 de junio de 2012 se interpuso en el registro general del Tribunal Constitucional un escrito por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por posible vulneración de los arts. 86.1 y 31.1 CE.

 

Los recurrentes -105 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados- interesan la imposición del recurso por entender “que la disposición adicional impugnada vulnera los arts. 86.1 y 31.1 CE, al introducir una nueva figura, una declaración tributaria, mediante la que el contribuyente reconoce la titularidad de derechos procedentes de rentas no declaradas en períodos impositivos anteriores, instaurando un gravamen nuevo, de carácter temporal, naturaleza personal y directa, de sujeción voluntaria y alternativo a tres pilares básicos o estructurales de nuestro sistema tributario como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades (IS) y el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR)”.

 

Los recurrentes apelan a la reiterada jurisprudencia constitucional (SSTC 182/1997, 132/2003 y 108/2004) para justificar el recurso, al interpretar que un mero decreto-ley no puede desprender efectos frente al deber de contribuir a la Hacienda Pública, provocando afectaciones en la posición de los contribuyentes en el sistema tributario. Esto último es lo que sucede con el decreto-ley impugnado, en tanto en cuanto sustituye los impuestos que gravan la renta por la contraprestación del pago del 10% del valor de los bienes declarados, excluyendo intereses, recargos y multas.

 

El pago del 10% del importe de las rentas declaradas en sustitución de todas las obligaciones tributarias exigibles supone una vulneración del artículo 31.1 CE, al ir en contra de los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica y progresividad.

 

 

  1. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL REAL DECRETO-LEY 12/2012

 

 

La disposición adicional recurrida habilita a los contribuyentes de los impuestos sobre la renta de las personas físicas -IRPF-, del impuesto de sociedades -IS- y del impuesto sobre la renta de no residentes -IRNR-, que sean titulares de bienes o derechos (o lo hubieran sido con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición) que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, a declarar esos bienes o derechos para regularizar su situación tributaria.

 

Junto con esa declaración se ingresará “la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento”, excluyéndose los intereses, sanciones o recargos, adquiriendo el importe que sea declarado por el contribuyente la consideración de renta declarada.

 

No será, a contrario, posible acogerse a la declaración en relación a los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales “la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos”.

 

El plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizó el 30 de noviembre de 2012.

 

 

  1. EL PLANTEAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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