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¿Ha servido la creación de los juzgados especializados en cláusulas suelo para algo?

¿Ha servido la creación de los juzgados especializados en cláusulas suelo para algo?

Por Rosa Delgado. Abogada de Voyadefenderte.com

El 1 de junio de 2017, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) aprobó la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia, (uno por provincia en la península, uno en el archipiélago canario y uno en el archipiélago balear. En Ceuta y Melilla no es necesaria la especialización de juzgados, ya que se trata de partidos judiciales únicos, pero los asuntos de esta clase han sido asumidos por un único órgano mediante la modificación de las normas de reparto), para asumir de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con las “condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física”, es decir: cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca e hipotecas multidivisa.

Este “plan de urgencia” del Consejo General del Poder Judicial sobre los Juzgados Provinciales, que se puso en marcha para hacer frente a la avalancha que se preveía de demandas de cláusulas abusivas, se implementó de forma rápida y desordenada, lo que supuso que, desde su nacimiento, estuviese condenado al fracaso. A día de hoy, los juzgados específicos están saturados y en algunos casos no tienen ni siquiera espacio físico que acoja el papeleo. El centralizar las reclamaciones bancarias en un solo juzgado, necesariamente ha contribuido a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo grandes retrasos en el tiempo de respuesta judicial. Los afectados tardarán años en obtener una sentencia favorable que les permita recuperar su dinero.

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Durante todo este tiempo, los juzgados especiales sobre cláusulas suelo han recibido 247.000 demandas. Según ha afirmado el Gobierno, Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más demandas ha recibido (41.525), seguida de Madrid (39.882), Cataluña (22.794) y Valencia (16.268). Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde entonces, estos 54 juzgados han dictado más de 23.000 sentencias, de las que el 97,6% han sido favorables a los consumidores. Que todas las reclamaciones de cláusulas suelo y gastos bancarios vayan a un mismo juzgado, ha supuesto, sin duda, el colapso de dichas sedes, que han sido incapaces de asumir tal sobrecarga de trabajo.

Según datos de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, estos juzgados estimaron casi el total de las demandas presentadas en 2017. Aunque bien es cierto que en casos de, por ejemplo, hipotecas multidivisas, las presentadas hace un año ni siquiera han sido admitidas a trámite todavía ya que se están dando prioridad a las demandas de gastos de hipotecas cuya resolución es más ágil. Además, de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en materia de cláusulas suelo, casi todas fueron favorables al cliente. Sin embargo, con los últimos datos que se tienen, las demandas recibidas en este primer año de vida tardarían otros seis en tramitarse.

En definitiva, con este “plan de urgencia” del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados bises que nacieron sin medios materiales y humanos, se han visto colapsados en poco tiempo. Es necesario subrayar que en este primer año de vida, el juzgado 101 bis de Madrid especializado en esta materia está totalmente bloqueado y ya son 10 jueces los destinados a resolver estos abusos hipotecarios. Los profesionales de la justicia están cansados de pedir al Ministerio de Justicia los medios suficientes para evitar su colapso total y, para tratar de visibilizar su situación, los jueces y fiscales han organizado varias huelgas con el fin de que se ponga remedio a esta situación.

A pesar de la desorganización y el desastre inicial de su puesta en marcha,  los juzgados especializados seguirán funcionando e irán ampliándose para intentar solventar las demandas y que los ciudadanos puedan recibir ese dinero cobrado de más en las situaciones demandadas.

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