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Hasta dónde pueden suministrar los datos fiscales de los abogados los Tribunales de Justicia

Hasta dónde pueden suministrar los datos fiscales de los abogados los Tribunales de Justicia

 

Por Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Doctor en Derecho. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española

 

En varias oportunidades, la Agencia Tributaria y los diversos organismos que de ella dependen han solicitado a los tribunales de justicia información sobre la intervención de Abogados en procedimientos judiciales con el evidente objetivo de comprobar su situación fiscal. Ante las consultas que los diferentes juzgados formulaban al Consejo General del Poder Judicial, su Gabinete Técnico elaboró un informe que la Comisión Permanente aprobó ya en julio de 2016. Hasta entonces, las solicitudes o requerimientos de la Agencia se referían a determinados profesionales o estaban circunscritas a ámbitos definidos.

En 2017, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Departamento de la Inspección Financiera y Tributaria, remitió al presidente del Consejo General del Poder Judicial una comunicación solicitando la remisión a la Administración nada menos que la información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016, con la información con trascendencia tributaria, salvo el dato relativo a la “identificación del cliente”.

La Comisión Permanente, en sesión celebrada el 20 de julio de 2017 acordó aprobar otro informe del Gabinete Técnico, éste de 8 de junio de 2017, informándolo favorablemente y comunicar el acuerdo, junto con el informe del Gabinete Técnico al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de los tribunales superiores de justicia para su conocimiento y difusión entre los órganos judiciales de ellos dependientes, a los efectos de que, en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas en el expresado informe y en el aprobado por la Comisión Permanente del día 27 de julio de 2016, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales.

Es cierto que el artículo 94.3 de la Ley General Tributaria exige a los juzgados y tribunales facilitar a la Administración cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales. Sin embargo, la cesión de tales datos no es universal ni irrestricta. Debe ajustarse a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en la propia LGT.

El Consejo General de la Abogacía Española impugnará el acuerdo de 20 de julio solicitando su suspensión cautelar, acuerdo que permitiría a la Inspección Tributaria disponer de millones de datos: la identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, su naturaleza, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial. De acuerdo con la estadísticas del propio CGPJ, en el primer año sobre el que versa el requerimiento, 2014, ingresaron más de 8.650.000 asuntos en todas las jurisdicciones por lo que puede hablarse de 25.000.000 de asuntos para los tres años. El requerimiento carece de una motivación adecuada, sólo cabe colegir que se trata combatir el presunto fraude lo que no deja de resultar, además de falto de concreción, denigratorio para la profesión. Se trata de una actuación prospectiva, una recopilación generalizada de carácter masivo sobre asuntos de los que la Agencia Tributaria ya dispone de información, lo que la califica de redundante e innecesaria.

Los requerimientos de información deben tener carácter individualizado lo que no significa que sólo pueda demandarse información sobre un sujeto determinado. La jurisprudencia se ha encargado de definir el significado de esta exigencia. Así, la STS de 12 de noviembre de 2003, ratificando la de la AN de 30 de marzo de 1998 concluye que “la pluralidad de los abonado afectados, ascendentes a la cifra de 108.451 titulares, convierte la comentada individualización, por mor de la genericidad e indeterminación subjetiva en la que la actividad del requerido se traduce y plasma en una abstracción incompatible con lo exigido en el artículo 11.1 de la LGT, en cuanto a que el sistema de “captación” de datos utilizado no puede revestir, como se infiere de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado y no selectivo o, lo que es ,lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud…”

La Audiencia Nacional, en numerosas sentencias, ha manifestado “La Sala considera que, con carácter general, el deber de información con trascendencia tributaria sobre terceros ha de reunir una serie de requisitos, como son: 1º.- Que exista relevancia fiscal de la información solicitada; 2º.- Que la información se haya solicitado previamente al sujeto pasivo y sólo si resulta imposible obtener los datos, sea obligado recurrir al tercero con dicho fin; 3º.- Que los datos solicitados deben estar en posesión del tercero y 4º.- Que dichos datos no esté ya en posesión de cualquier administración…” Es evidente que los datos solicitados están ya en posesión de la administración de justicia lo que ratifica la innecesaridad y redundancia del requerimiento.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 15 de diciembre de 2014 nos recuerda que la obligación general de información que contempla el artículo 93.1 de la Ley General Tributaria se encauza por dos vías que distingue su artículo 93.2, denominadas, respectivamente, de “información por suministro”, mediante la que, “con carácter general en la forma y en los plazos que reglamentariamente se determinen”, los sujetos obligados a colaborar facilitan la información; y de “información por captación”, que es la propia de los requerimientos individualizados. En Sentencia de 20 de octubre de 2014, el Alto Tribunal señala que los requerimientos individualizados, como en general las actuaciones de obtención de información, que se practican por la Inspección de los Tributos, deben además de referirse a datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria y como su propio nombre indica, ser “individualizados” esto es, concretos y singulares. El juego conjunto de ambas notas (individualización subjetiva y concreción objetiva) permite rechazar los requerimientos abstractos, genéricos e indiscriminados, pues, de otra forma, se difuminarían hasta desaparecer las líneas divisorias entre la información por captación y la información por suministro.

Los Abogados como cualquier otro profesional, estamos sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplimos escrupulosamente con nuestras obligaciones fiscales, por lo que esta solicitud de la AEAT no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado: los profesionales de la Abogacía. La Agencia argumenta que “cuando la Agencia Tributaria ha requerido una información semejante a determinados Colegios de Abogados, (singularmente el de Málaga) los tribunales económico-administrativos han resuelto que eran contrarias a la legalidad. Es un argumento que tiene una interpretación de doble alcance y contrario al interés que anima a la Agencia.

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