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La distribución de los bienes en caso de separación o divorcio

La distribución de los bienes en caso de separación o divorcio

Por Ramón Tamborero y del Pino

 

Según la Legislación que opera en el Estado Español, y regulado por el Código Civil, los artículos 81 y 85 de dicho cuerpo legal, otorga la posibilidad de que se decrete judicialmente la Separación, cualquiera que sea la forma de la celebración del matrimonio, bien por petición de ambos cónyuges, o de uno con el consentimiento del otro, o una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, y en relación a la disolución del mismo por Divorcio queda también regulado en el artículo 86, bien sea por mutuo acuerdo o cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81 CC.

En ambos procedimientos, Separación o Divorcio, y también por razón de su tramitación, consensuada o contenciosa, se establece la liquidación, cuando proceda del Régimen Económico del Matrimonio.

Para ello se toma como base los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio que establece el artículo 90 CC, y en particular los apartados C y E de dicho correlativo, los cuales hacen referencia a la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar (apartado C), como la liquidación, cuando proceda del régimen económico del matrimonio (apartado E).

LA RUPTURA Y SUS EFECTOS DE FORMA BILATERAL

a.- Procedimiento Judicial

Tanto la separación como el divorcio que se han formulado de forma bilateral (por ambos cónyuges o uno con el consentimiento del otro), llevan consigo la necesidad de presentar la propuesta del Convenio Regulador, tal como recoge el artículo 81, 1º, para la Separación, y el 86 por remisión al anterior, para el Divorcio. Aunque en todo caso en cualquier momento, aún en un proceso de Separación o Divorcio unilateral, los cónyuges pueden presentar una propuesta de Convenio. Así, en el bilateral, deben, y en el unilateral, pueden.

En lo que respecta a la cuestión que aquí interesa, conviene destacar que no todos los pactos que los cónyuges puedan llegar a suscribir deben o pueden ser objeto de la aprobación por parte del Juez, de tal manera que determinados acuerdos podrían ser denegados en cuanto a su aprobación por el titular judicial. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada, y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del Juez nueva propuesta para su aprobación, si procede.

Para que se produzca tal denegación por parte del Juez, este lo deberá hacer y justificar mediante una Resolución en la que motivadamente se acredite o se argumente que tal acuerdo va contra las normas imperativas o prohibitivas o no cumple el contenido que exige el articulo 90 CC, o si es dañoso para los hijos, o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges.

No es infrecuente, que los esposos extralimiten sus decisiones y los pactos que se suscriben en el Convenio Regulador más allá de lo que al respecto establece el artículo 90, en cuyo caso hay juzgados en donde no se aceptan tales acuerdos, no siendo aprobados por considerarlos fuera del ámbito que establece el ya repetido articulo 90 CC.

Es evidentemente un tema que no suele alcanzar a las cuestiones relativas a la distribución de los bienes de los que dispongan los cónyuges, y que normalmente no plantean cuestiones prácticas en orden a su homologación judicial.

Así, y para facilitar una posible Ejecución Judicial posterior a la Sentencia, es aconsejable incluir en el Convenio la liquidación del Régimen Económico Matrimonial, así como la forma de distribución de tales bienes entre ambos cónyuges.

Esta fórmula se incluiría en uno de los pactos del propio Convenio Regulador que suscriban, y es también prudente ajustar ya las cuantías de las adjudicaciones, con objeto de que desde un punto de vista práctico, no existan después problemas que puedan afectar a cargas impositivas, procurando, para el caso de los Gananciales, que los dos lotes que se distribuyan sean igualitarios, y de la misma forma actuar cuando se trate de dividir bienes en común y proindiviso, particularmente en los casos en que el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes.

En iguales condiciones se debe actuar en el Convenio Regulador cuando se trate de dividir cuentas comunes, o aun siendo personalísimas de uno de los cónyuges, se acuerde el reparto correspondiente, siendo también conveniente que en el texto del Convenio se exprese con claridad que se repartan las cantidades depositadas en cuentas.

Con esta forma de llevar a efecto la disolución de los bienes y su adjudicación se nos permite poder proceder de forma directa a la inscripción en los correspondientes Registros de la Propiedad las adjudicaciones de los referidos bienes, evitando también con ello el tener que llevar a efecto nuevas escrituras públicas notariales, con el consiguiente gasto, de tal modo que bastará una simple certificación de Sentencia con expresión de la firmeza de la resolución, para poder proceder a la solicitud de la inscripción del inmueble del cual se trate ante el Registro de la Propiedad que corresponda (todo ello con el correspondiente ahorro en costos que tal fórmula representará ante la falta de necesidad de meras escrituras Notariales).

            b.- Procedimiento Notarial

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