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La responsabilidad de la persona física designada por el administrador persona jurídica en el proceso concursal

La responsabilidad de la persona física designada por el administrador persona jurídica en el proceso concursal

Sobre la responsabilidad de la persona física designada por el administrador persona jurídica en el ámbito del proceso concursal y la aplicación de los principios establecidos en la ley de sociedades de capital

Por  Juan Carlos Noguera de Erquiaga y Óscar Sánchez De La Torre. Abogados de Pintó Ruiz

 

En el concurso culpable de una persona jurídica las personas afectadas por la calificación pueden ser los administradores o liquidadores, de hecho[1] o de derecho, los apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el artículo 165.2 LC, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo.

 

En este sentido observamos como la Ley Concursal (LC) es clara, ya que en ningún momento menciona al representante persona física designada por el administrador persona jurídica[2]. De ahí y en consecuencia, que su imputación como persona afectada por la calificación tan sólo pueda caber como administrador de hecho siempre y cuando su imputación se desprenda del informe de la administración concursal y del dictamen del Ministerio Fiscal emitidos en la sección de calificación.

 

Así se ha manifestado, entre otras, la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, de 5 de octubre de 2007, Incidente Concursal nº 36/2004, al señalar que “las únicas posibilidades de atribución de responsabilidad a la persona física que represente a una persona jurídica que fuera administradora de una sociedad en concurso han de pasar o bien por la prueba de que esa persona física actúa en realidad como administrador de hecho de la concursada -no bastando que dicha persona física sea administradora de hecho o de derecho de la sociedad que ha sido designada administradora o miembro del consejo- ya que la situación de hecho debe acreditarse respecto de la concursada, no respecto de una tercera sociedad. O bien por la vía de la complicidad con el concursado y sus administradores”.

 

Este mismo criterio es el que ha venido acogiendo la Audiencia Provincial de Barcelona (Sentencias de 16 de noviembre de 2011, 26 de marzo de 2014 y 20 de octubre de 2014, entre otras), al sostener de manera reiterada que la responsabilidad recae en el administrador persona jurídica y no en la persona física designada como representante.

 

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