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Nuevas leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público

Nuevas leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público

Luis García del Río. Socio de BM&A-DRL Abogados. Abogado del Estado en Excedencia                              

Salvador Jiménez Bonilla. Socio de BM&A-DRL Abogados. Abogado del Estado

 

 

Sumario:

-La inminente entrada en vigor de las nuevas leyes 39/15 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y 40/15 de régimen jurídico del sector público

 

-El nuevo tratamiento de los derechos de la persona en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Derechos ya reconocidos en la Ley 30/92 y derechos de nueva configuración.

 

-El nuevo tratamiento de los derechos del interesado en el procedimiento administrativo: Derechos ya reconocidos en la Ley 30/92 y derechos de nueva configuración.

 

La entrada en vigor el 2 de octubre de las Leyes 39/2015 y 40/2015, respectivamente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, constituye un elemento de enorme trascendencia que va a afectar al día a día de miles de ciudadanos y empleados públicos que diariamente durante décadas han tenido en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un marco normativo de referencia y relación.

 

 

Si bien las leyes 39 y 40 suponen que volvamos a la tradicional distinción en nuestro ordenamiento entre una ley de procedimiento administrativo y una ley de régimen jurídico de las administraciones, cabe considerar, muy especialmente a la ley 39/2015, como una clara heredera desde el punto de vista dogmático de los principios de la Ley 30/92. En este sentido, no sólo por el mantenimiento del procedimiento administrativo común como marco de referencia, sino por su propio contenido, cabe considerar que a pesar de la trascendencia de la modificación que supone la derogación de la ley 30/92, la modificación en aspectos sustanciales sobre régimen jurídico del acto administrativo y del procedimiento administrativo que supuso dicha norma, no se produce con la entrada en vigor de estas dos nuevas disposiciones  cuya principal novedad consiste en sistematizar y profundizar en la regulación  de la administración electrónica y el marco de relaciones con los ciudadanos a través de la red, hasta ahora parcial y separadamente contemplada en la  Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos Ley 11/2007, de 22 de junio.

 

EL NUEVO TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: DERECHOS YA RECONOCIDOS EN LA LEY 30/92 Y DERECHOS DE NUEVA CONFIGURACIÓN.

 

 

Ateniéndonos a la materia que es objeto de estas líneas referida a la identificación de aquellos elementos que afectan al estatuto jurídico del ciudadano en su relación con las administraciones públicas, debemos señalar que el Artículo 35 de la Ley 30/92 supuso un paso importante en la juridificación de los derechos del interesado en el procedimiento y en su relación con las administraciones, debiendo estarse en el nuevo marco legal a lo dispuesto en los Artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015.

 

En dichas disposiciones se establece una distinción inédita hasta este momento entre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas (quizá esta norma es más propia de régimen jurídico y de seguir con algo de coherencia la delimitación que nos proponen ambas normas 39 y 40 de 2015 tenía que haber sido ubicada en la Ley 40/2015) y derechos de los interesados en el procedimiento administrativo.

 

Por referencia a la primera de dichas disposiciones, nos encontramos con que se mantienen los derechos ya regulados, en el texto de la Ley 30/92:

 

–          Derecho al uso de las lenguas oficiales en los territorios de sus comunidades autónomas.

 

–          Derecho al acceso a la información pública archivos y registros, si bien en la nueva norma se introduce la referencia expresa a que ello se ejercitará de acuerdo con la Ley 19/2013 de trasparencia y resto del ordenamiento jurídico.

 

–          Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por parte de autoridades y empleados públicos, sustituyéndose en línea con la Ley 7/2007 y texto refundido aprobado por RDL 5/2015 el término funcionario por empleado público.

 

–          Derecho a exigir responsabilidad de las Administraciones Públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente. Llama la atención en este último inciso que en tanto que la Ley 30/92 contemplaba el derecho a exigir responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, la nueva Ley 39/2015 contempla ese derecho si bien referido a las Administraciones Públicas y a las autoridades. La supresión de la referencia al personal a su servicio es coherente desde luego con el propio diseño de la responsabilidad patrimonial de la Administración en el que –a salvo la denuncia de hechos delictivos que se articula directamente contra la persona presuntamente responsable- la exigencia de responsabilidad se articula frente a la Administración y, en todo caso, aquélla en vía de regreso determina si han concurrido o no elementos de responsabilidad personal por parte del empleado público interviniente en los hechos, recordemos por lo demás la derogación de la Ley Maura y la desaparición del régimen de exigencia de responsabilidad civil directa a funcionarios públicos. Finalmente se mantiene –obviamente- la referencia a cualesquiera otros derechos que reconozcan la Constitución y las leyes.

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