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Nuevo régimen de cómputo de plazos administrativos tras la Ley 39/2015

Nuevo régimen de cómputo de plazos administrativos tras la Ley 39/2015

 

Por Marta Matos. Abogada de BMA-DRL

La derogación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que junto a la Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público conforma una sustancial actualización de nuestro sistema administrativo, ha generado toda una serie de expectativas y también, por qué no decirlo, de incertidumbres especialmente en la operativa y el día a día de las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas. Entre los aspectos que en mayor medida han llamado la atención se incluyen las nuevas normas en materia de cómputo de plazos en los procedimientos que se siguen ante las Administraciones Públicas.

 

Esa situación se hace tanto más acuciante en su tratamiento, si tenemos en cuenta que transcurrida la vacatio legis de un año a partir de su publicación, el pasado 2 de octubre han entrado en vigor las dos disposiciones legislativas citadas que, por lo tanto, ya son de aplicación (salvo para algunos extremos concretos que entrarán en vigor el 2 de octubre de 2018, en concreto determinados registros vinculados a la implantación de la administración electrónica).

A todo ciudadano para preservar sus derechos en las relaciones con las administraciones públicas, le preocupa conocer a la perfección (i) cuales son los plazos existentes a los que debe atenerse a la hora de presentar escritos o de interponer recursos, (ii) cual el momento en el que comienzan a correr dichos plazos, así como (iii) cual es la forma de computarlos.

Las cuestiones relativas al cómputo de plazos generan en ocasiones situaciones de zozobra e incertidumbre, tanto para los ciudadanos como para los profesionales del Derecho, que conviene despejar. De hecho, en ese sentido la Ley 39/15, aclara alguna de las tradicionales confusiones que han existido en esta materia, especialmente en la descripción de los efectos que tiene la identificación del día inicial en el cómputo de plazos por meses o años, como veremos posteriormente.

La ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la regulación de términos y plazos administrativos, introduce novedades puntuales a las que vamos a hacer referencia, sin perjuicio de dejar claro que, en su mayor parte, mantiene las reglas generales establecidas en la normativa anterior.  Examinaremos así las cuestiones principales abordadas al respecto en esta nueva regulación.

El régimen de cómputo de plazos administrativos se encuentra regulado en el capítulo II “términos y plazos” del Título II, “De la actividad de la Administración Pública” de la Ley 39/2015. Concretamente, en cinco artículos: el artículo 29 (Obligatoriedad de términos y plazos), el artículo 30 (Cómputo de plazos), el artículo 31 (Cómputo de plazos en los registros), el artículo 32 (Ampliación) y al artículo 33 (Tramitación de urgencia).

En primer lugar debemos indicar que las nuevas disposiciones en materia de términos y plazos, se rigen en cuanto a su aplicación, por lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/15 que viene a indicar -y lo decimos en términos muy esquemáticos- que se rigen por la normativa anterior los procedimientos en curso y que se rigen sin embargo por las nuevas disposiciones respecto de actos dictados con posterioridad a su entrada en vigor, las materias de recursos y procedimientos de ejecución. En el fondo se ha aplicado el mismo criterio de transitoriedad que en las modificaciones operadas en las leyes procesales en las que se aplica la normativa preexistente hasta que finaliza la instancia, rigiéndose la nueva -en este caso recursos y ejecución- por las disposiciones entrantes.

Centrándonos en el objeto de este artículo referido al nuevo régimen de cómputo de plazos administrativos, la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas introduce tres novedades que merece la pena señalar. Veamos:

 

1.- Los plazos por horas:

Como primicia, con la nueva ley nace la posibilidad de establecimiento de plazos administrativos por horas, suponiendo ésta una innovación significativa en el régimen de plazos administrativos.

Los plazos por horas, lo son respecto de horas hábiles, si bien la nueva regulación declara hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil, es decir, las veinticuatro horas. Se diferencia así de lo ya  por la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 130.3 que para el cómputo de las horas hábiles excluye aquellas dedicadas al descanso, esto es, las que  median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. En el fondo la declaración como hábiles de las 24 horas, está en consonancia con el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de registro electrónico, en los que se va a regular, por ejemplo, la presentación de escritos en los días inhábiles.

En cuanto el inicio (dies a quo) y el final (dies ad quem) del cómputo del plazo por horas, la Ley 39/2015 establece que se deberá contar de “hora en hora” y de “minuto en minuto”, desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Además determina la norma que, los plazos fijados en horas no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso el plazo deberá ser expresado en días.

Es evidente que esta innovación se ha establecido en base al nuevo contexto electrónico de la Administración en el que se permite la presentación de documentos todos los días de año durante las veinticuatro horas, con independencia de que los días en que éstos sean presentados sean hábiles o no.

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