Publicidad
Inicio » Artículos destacados » Reclamación contra el administrador social por un socio que había avalado a la sociedad y que hubo de hacer efectiva la deuda
Reclamación contra el administrador social por un socio que había avalado a la sociedad y que hubo de hacer efectiva la deuda

Reclamación contra el administrador social por un socio que había avalado a la sociedad y que hubo de hacer efectiva la deuda

Fernando García Martín . Socio área Derecho Mercantil. AGM Abogados

El socio que avala a una sociedad conociendo la precaria situación económica que atraviesa, no puede después reclamar contra el administrador social que no ha procedido a la disolución de la compañía dentro del plazo legal.

El art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital responsabiliza personalmente a los administradores del pago de las deudas sociales, cuando la sociedad se encuentra en causa legal de disolución (habitualmente por acumulación de pérdidas que dejan reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social) y los administradores no adoptan las medidas necesarias para disolver o concursar la sociedad dentro del plazo
de dos meses. Las deudas de cuyo pago responden personalmente los administradores son aquéllas que hayan sido contraídas después de la causa de disolución.

La Jurisprudencia ha venido estableciendo ciertos límites al ejercicio de esta acción y ha rechazado aquellas reclamaciones que rebasen los límites de la buena fe (STS 20-7-2001, 17-3-2011).

Ahora, la Audiencia de Barcelona (Sección 15ª) aplica dicha doctrina y su Sentencia del 21 de Febrero de 2017 rechaza la demanda presentada por un socio contra el administrador de una compañía por no haber promovido la disolución dentro del plazo legalmente establecido en el citado precepto de la LSC.

El Tribunal considera que cuando el socio avaló ciertos préstamos concedidos a la sociedad, que después hubo de pagar en su condición de avalista, conocía que la situación de la sociedad era económicamente precaria y que ello le priva de poder ser considerado como acreedor de buena fe, condición necesaria para el ejercicio de esta acción de responsabilidad por deudas contra los administradores.

El asunto resuelto por la sentencia era bastante obvio porque el socio demandante había sido además el anterior administrador de la sociedad y cuando dejó el cargo conocía perfectamente cuál era la situación económica de la misma. Pero nos parece una sentencia interesante desde el punto de vista de la defensa de los administradores en este tipo de reclamaciones, ya que abre una nueva línea de defensa al obligar al Tribunal a tener que valorar la posición y la conducta del acreedor antes de condenar de forma automática al administrador como hasta la fecha sea venido haciendo con relativa asiduidad.

En otras ocasiones el Tribunal ha dejado sentado que el hecho de que las cuentas anuales que reflejan la situación precaria de la sociedad consten depositadas en el registro, no es motivo suficiente para rechazar la reclamación ni para considerar que el acreedor ha actuado rebasando los límites de la buena fe. Pero ahora parece ir un poco más allá exigiendo una valoración sobre el tipo de relación comercial, las características en las que se haya concluido la operación, la relación entre el deudor y acreedor y en definitiva sobre la relevancia que a los efectos de la buena o mala fe pueda tener el conocimiento por éste de la existencia de las pérdidas o de la causa de disolución.

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores

Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí .

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

La responsabilidad mercantil de los administradores sociales

La responsabilidad mercantil de los administradores sociales

Por Paloma Morales Villanueva. Abogada 1. Introducción. Tipos de responsabilidad Tras la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, (en adelante, LSC) por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (en adelante, ... Leer Más »

Hasta dónde pueden suministrar los datos fiscales de los abogados los Tribunales de Justicia

Hasta dónde pueden suministrar los datos fiscales de los abogados los Tribunales de Justicia

  Por Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Doctor en Derecho. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española   En varias oportunidades, la Agencia Tributaria y los diversos organismos que de ella dependen han solicitado a los tribunales de justicia información sobre la intervención de Abogados en procedimientos judiciales con el evidente objetivo de comprobar su situación fiscal. Ante las consultas ... Leer Más »

El delito de  intrusismo profesional en la abogacía española

El delito de intrusismo profesional en la abogacía española

  Oscar González Barnadas. Abogado. Gratacós Abogados El delito de intrusismo profesional cobra especial trascendencia en la actualidad, en que no son escasos los supuestos en que sujetos no capacitados ni acreditados académicamente para ejercer una determinada profesión la desarrollan aparentando cierta idoneidad. Por lo que respecta a la abogacía, deviene especialmente peligrosa esta práctica habida cuenta de los bienes ... Leer Más »

¿Qué debemos hacer al empezar el curso para fijar los objetivos de nuestro despacho?

¿Qué debemos hacer al empezar el curso para fijar los objetivos de nuestro despacho?

Paula Fernández-Ochoa. Socia de +MoreThanLaw. Consultora y Docente de Marketing Jurídico y Marca Personal&Corporativa       Como en el deporte, el mes de agosto será de “descanso activo”[1] para comenzar fuertes en septiembre. Los despachos y profesionales se están preparando para que la improvisación o falta de criterio quede a un lado y se dé paso a la estrategia ... Leer Más »

Fijación de honorarios de abogado en el procedimiento de tasación de costas

Fijación de honorarios de abogado en el procedimiento de tasación de costas

Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Doctor en Derecho. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española     El procedimiento de tasación de costas está regulado en los arts. 241 a 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, cuya redacción ha sido objeto de múltiples modificaciones.[1] Es manifiestamente mejorable. Debe comenzarse por manifestar que es el justiciable –y no ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon