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Reclamaciones de daños por infracciones del derecho de la competencia: reforma de la ley de defensa de la competencia

Reclamaciones de daños por infracciones del derecho de la competencia: reforma de la ley de defensa de la competencia

Jose María Carbonell Botella. Socio Director Carbonell Abogados.

Prof. Dr. Carlos Gómez Asensio. Abogado Carbonell Abogados.

 

El pasado 27 de mayo de 2017 tuvo lugar la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo (en adelante RD 9/2017). Dicha norma prevé en su Título II, artículos tercero y cuarto, la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/104/UE, reguladora de las acciones por Daños por infracciones del Derecho de la competencia (en adelante la Directiva).

De esta forma el RD 9/2017 pone fin con 5 meses exactos de retraso, al proceso de transposición de la Directiva, iniciado el 15 de enero de 2016 con la decaída Propuesta de Ley de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación, (en adelante La Propuesta de Ley), de la cual el RD 9/2017 hereda tanto su organización sistemática, como gran parte de su contenido.

 

 

  1. Introducción

En este sentido, el RD 9/2017 a través de su artículo tercero, prevé una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), mediante la introducción de un nuevo Título VI en la norma que lleva por rúbrica “De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia”. Por su parte, el artículo cuarto del RD 9/2017 lleva a cabo una muy importante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia del acceso a fuentes de prueba, en relación específicamente a las reclamaciones de daños por infracción del derecho de la competencia.

El presente trabajo se centrará exclusivamente en el comentario de los artículos introducidos por el RD 9/2017 en el nuevo Título VI de la LDC.

 

  1. Comentario al nuevo Título VI de la Ley de Defensa de la Competencia

Art. 71.- Responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia.

El precepto identifica como destinatarios del régimen de responsabilidad a los “infractores del Derecho de la competencia”, especificando en su apartado segundo que dichas infracciones lo serán respecto de los arts 1 y 2 de la LDC y sus correlativas normas europeas. En todo caso debe tomarse en consideración los últimos desarrollos jurisprudenciales en la materia, que consideran como autores de infracciones del Derecho de la competencia no solo a los autores materiales de la conducta, sino también a quienes han actuado como colaboradores de dichos sujetos[1].

Art. 72.- Derecho al pleno resarcimiento.

El nuevo art. 72 LDC regula el ámbito objetivo de la responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia, el cual, al igual que ya había hecho con anterioridad la Directiva, aboga por una concepción compensatoria de la indemnización en aplicación del full compensation principle, incluyendo daño emergente, lucro cesante e intereses.

Respecto al devengo de intereses, es importante hacer mención a lo previsto en el Considerando 12 de la Directiva al establecer que “El pago de los intereses…debe exigirse desde el momento en que ocurrió el daño hasta aquel en que se abone la indemnización”. Dicha previsión si bien no aparece incluida de forma expresa en el nuevo art. 72 LDC, no es menos cierto que en virtud del principio de equivalencia (D.A 2ª del RD 9/2017), obligará a una interpretación conforme de nuestro art. 1100 CC con el Derecho Comunitario.

Art. 73.- Responsabilidad conjunta y solidaria.

El nuevo art. 73 LDC lleva a cabo una transposición casi literal de su correlativo art. 11 de la Directiva, referido al principio de responsabilidad conjunta y solidaria – joint and several liability –. Situados en este marco, debe destacarse como el nuevo precepto supone un giro copernicano respecto a la situación tradicional en nuestro Derecho, donde la solidaridad en las obligaciones extracontractuales es una “solidaridad impropia” o “responsabilidad in solidum”, la cual ni despliega sus efectos desde el inicio del hecho que da lugar a dicha responsabilidad, ni se extiende a todos los sujetos partícipes de dicho hecho, sino que requiere de una sentencia con eficacia constitutiva que declare la misma.

Consecuentemente esto plantea importantes problemas tanto desde la perspectiva subjetiva – la sentencia no tiene por qué contemplar a todos los sujetos efectivamente responsables, lo que a su vez limita también el alcance subjetivo de las acciones de regreso –, como desde la perspectiva procesal respecto a los efectos interruptivos de la prescripción ex. art. 1974 CC .

En este sentido, al establecer el nuevo art. 73 LDC el carácter solidario de la responsabilidad de los infractores de las normas de competencia – responsabilidad ex lege por tanto –, convierte la solidaridad de los mismos en una “solidaridad propia”, superando así toda la problemática antes descrita.

Prosigue el art. 73 en su apartado 2 estableciendo un régimen de responsabilidad especial y más restringido para las PYMES frente a terceros, en lo que supone una alteración de la regla general contenida en el art. 1144 CC. No obstante, dicho régimen no será aplicable cuando concurran sobre dichas empresas las circunstancias previstas en el apartado 3 del precepto.

Por su parte el apartado 4 prevé una limitación especial del principio de responsabilidad conjunta y solidaria para los sujetos beneficiarios de la exención – que no reducción –, del pago de la multa en el marco de un programa de clemencia.

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