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El Ministro llama a la reforma de la Justicia para el fortalecimiento de la seguridad jurídica

El Ministro llama a la reforma de la Justicia para el fortalecimiento de la seguridad jurídica

Catalá ha señalado que tenemos un Estado de derecho fuerte y solvente y sostenido por una Constitución que nos ha proporcionado las mayores cotas de desarrollo y progreso de nuestra historia. En este sentido, el ministro ha celebrado el restablecimiento de la normalidad constitucional y estatutaria en Cataluña y ha abogado por trabajar para que esa comunidad autónoma vuelva a ser la tierra competitiva, solidaria e integradora que siempre ha sido.

El ministro ha señalado la reforma de la Administración de Justicia como otra línea de actuación orientada a fortalecer la seguridad jurídica. Ha de ser, ha dicho Catalá, una reforma estructural, integral y consensuada con las fuerzas políticas y con todos los colectivos jurídicos, la mayoría de los cuales han presentado ya sus visiones y propuestas en la Subcomisión para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia que está desarrollando sus trabajos en el Congreso de los Diputados.

Catalá ha subrayado que el Ministerio de Justicia ha aumentado sus presupuestos en los últimos tres ejercicios, lo que ha permitido incrementar de forma sostenida las inversiones en infraestructuras, modernización tecnológica y renovación de equipamientos. Solo en 2017 se han creado 109 nuevas plazas judiciales, de las cuales 93 se corresponden con nuevos órganos judiciales, cinco de ellos en Castilla-La Mancha. Se crearán dos juzgados de 1ª instancia e instrucción en Illescas y Talavera y un juzgado de lo penal en Toledo. Además, Albacete tendrá un nuevo juzgado de 1ª instancia y Guadalajara uno de lo penal. Para el ejercicio 2018 se prevé continuar con este incremento de plazas y juzgados en toda España mediante la creación de otras 75 nuevas unidades judiciales y 300 plazas de jueces y fiscales.

El ministro ha reivindicado también una Justicia más rápida y una menor litigiosidad. Se trataría, ha dicho Catalá, de reformar los procesos tanto en el ámbito civil como en el penal y apostar de forma aún más decidida por el arbitraje, la mediación y la jurisdicción voluntaria. Una actuación en este sentido ha sido la reciente incorporación a nuestro derecho de la Directiva Europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Completar la transformación tecnológica de la Justicia para añadir más eficiencia al sistema es otro de los desafíos que ha señalado el ministro. Para ello, es necesario avanzar en el despliegue de Justicia y Fiscalía digital y articular un nuevo sistema de gestión procesal común que permita trabajar en toda España con una base de datos compartida. El ministro ha agradecido a profesionales y operadores jurídicos su esfuerzo y compromiso que en el caso de Castilla-La Mancha ha posibilitado que el sistema de tramitación electrónica de los expedientes judiciales esté implantado en todas las audiencias provinciales, en el Tribunal Superior de Justicia y en el 80% de los partidos judiciales así como en las Fiscalías de Toledo, Talavera de la Reina, Cuenca y Guadalajara.

Catalá ha abogado también por una Justicia más transparente y por mejorar la percepción que de esta y de su independencia tienen los ciudadanos. En este sentido, el diseño de un nuevo modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la eliminación de la designación por los parlamentos autonómicos de los magistrados de los tribunales superiores de Justicia, la regulación del tránsito profesional entre la Justicia y la política o un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía e imparcialidad serían algunas de las medidas a tener en cuenta.

El ministro ha reclamado, además, nuevos instrumentos normativos alineados con la realidad social, que protejan mejor los derechos de los más necesitados y atiendan las preocupaciones de los ciudadanos. Catalá ha destacado algunos de los logros en este terreno durante el primer año de legislatura, como garantizar que la asistencia jurídica gratuita siga exenta de IVA, impulsar la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial o nuevas medidas de protección de los derechos de las personas con discapacidad. En materia de lucha contra la corrupción, ha insistido en que no se escatimarán esfuerzos para combatirla, protegiendo mejor al denunciante de corrupción, regulando los lobbies o apoyando el trabajo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Catalá ha señalado también un conjunto de reformas orientadas a proporcionar un marco más atractivo para la actividad económica y empresarial. Medidas que pasan por mejorar la actual regulación hipotecaria que promueva entidades más transparentes con la información y los productos financieros que ofertan o por revisar el derecho español de obligaciones y contratos, una de las asignaturas pendientes de las últimas décadas. El ministro ha apostado también por un nuevo Código de Comercio y por reformar el marco concursal que proporcione un derecho claro e inteligible para las empresas.

(Fuente: LaMoncloa)

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