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El Parlamento Europeo aprueba una norma sobre derecho a interpretación y traducción

El Parlamento Europeo ha aprobado una Directiva relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. La Directiva establece que el derecho a interpretación y traducción se aplicará a cualquier persona desde que las autoridades competentes pongan en su conocimiento que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción penal, hasta la finalización del proceso, según información recogida en el Diario El Economista.

Otro de los puntos que quedan establecidos en la Directiva es la obligación por parte de los Estados miembros a garantizar la traducción escrita de aquellos documentos que sean esenciales para poder defenderse en el transcurso del proceso. Se entiende por “documento esencial” los siguientes: cualquier resolución que prive de libertad a un individuo, escrito de acusación y sentencia. La consideración de “esencial” del resto de documentos quedará a juicio de las autoridades.

Cuando la interpretación se considere insuficiente, podrá sustituirse al intérprete designado por las autoridades. Los costes de la traducción e interpretación tendrán que ser sufragados por las autoridades de los Estados miembros, sea cual sea el resultado del proceso.

La Directiva establece un plazo de transposición a la legislación nacional de los Estados miembros de tres años.

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