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La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ingresó 6,2 millones de euros en 2017 procedentes de efectivo embargado y de la venta de bienes

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ingresó 6,2 millones de euros en 2017 procedentes de efectivo embargado y de la venta de bienes

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado al Consejo de Ministros la Memoria de Actividad de 2017 de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que el pasado ejercicio ingresó 6.213.732 euros procedentes de efectivo embargado o incautado, así como de la venta y destrucción de bienes, lo que ha incrementado su saldo en la cuenta de depósitos y consignaciones hasta los 21 millones de euros actuales (19 millones a finales de 2017). El dato más significativo es el que arroja la venta de bienes que supuso en 2017 un ingreso de 2.139.334 euros frente a los 19.300 euros que se contabilizaron en 2016, coincidiendo con su puesta en marcha.

Estas ventas resultan muy complejas en muchos casos para los órganos judiciales, lo que justifica la actuación de la ORGA. Es el caso de la encomienda a la Oficina de 5.000 metros3 de hidrocarburos con elevados costes de depósito, de cuya subasta se obtuvieron 1,7 millones de euros que se encuentran consignados en la cuenta de depósitos de la ORGA hasta que finalice el proceso judicial. Como ocurre con los más de 200.000 euros por los que se vendieron coches de alta gama (Lamborghini, Bentley) que fueron depositados en el Parque Móvil tras ser embargados en España en un procedimiento judicial seguido en EE.UU. La ORGA ha participado también, entre otras actuaciones, en la subasta de seis vehículos utilitarios incautados por estafa al estar trucado su kilometraje, de los que se obtuvieron 26.600 euros, así como en la venta de más de 92.000 polos de caballero incautados por vigilancia aduanera, que se subastaron por lotes y por los que se ingresaron 48.000 euros.

Los avances realizados en 2017 en materia de localización y recuperación de activos permiten hablar de 225 personas físicas y jurídicas investigadas, 94 de ellas por delitos de corrupción, lo que multiplica por siete el número de personas investigadas respecto al ejercicio anterior. Como consecuencia de esta actuación, la ORGA pudo localizar el pasado año 1.063 bienes a efectos de posible embargo o decomiso, fundamentalmente cuentas bancarias y productos financieros, vehículos e inmuebles.

Además, según se desprende de la Memoria presentada hoy, durante 2017 se iniciaron 237 expedientes y se reabrieron 77, de los que 192 fueron a instancias de los órganos judiciales.

En paralelo a su actividad ordinaria, al igual que el pasado año, la ORGA ha dado continuidad al plan de choque para la gestión de determinados bienes incautados que requerían una actuación urgente por su deterioro, elevada depreciación o porque estaban generando elevados costes de conservación. Esta actuación realizada en 2017 supone un ahorro a la Administración en gastos de depósito de 51.735 euros anuales y la destrucción de 68 vehículos y embarcaciones sin valor.

En 2017 se ha ampliado el número de bases de datos y la información patrimonial a la que puede acceder la ORGA gracias a los convenios y acuerdos de colaboración suscritos con diferentes organismos para la localización de bienes y la mejora de su gestión, lo que está permitiendo ampliar el conjunto de recursos públicos que pueden auxiliar a la Oficina en su actuación. También se ha intensificado la presencia de la ORGA en los foros internacionales de recuperación de activos, se han desarrollado acciones coordinadas con otros países en materia de cooperación penal y se ha solicitado información patrimonial a 24 estados con el fin de localizar bienes ubicados fuera de España que puedan ser embargados por los órganos judiciales.

Con objeto de mejorar su eficacia, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de modificación del RD 948/2015, de 23 de octubre, por el que se crea la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Esta modificación se realiza para regular los procedimientos relativos a la gestión de los bienes encomendados por la autoridad judicial, consistentes principalmente en la realización o venta de los mismos, la adjudicación de su uso a la Administración y la destrucción de aquellos carentes de valor. De esta forma se clarifica el actual marco regulatorio y se garantiza la eficiencia de la actuación de la ORGA en su auxilio a la Administración de Justicia para la gestión de los bienes intervenidos o embargados.

La experiencia adquirida en estos dos años de funcionamiento de la ORGA y la consolidación de sus procedimientos permiten situarla ya como un órgano de auxilio imprescindible de la Administración de Justicia en el ámbito penal. En la actualidad se está trabajando en el Plan de Acción 2018-2020 que estará orientado a la mejora de los procedimientos de averiguación patrimonial, la consolidación de los recursos de la Oficina en materia de gestión de bienes y cooperación internacional y la puesta en marcha de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos nació en octubre de 2015 como un instrumento de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y los grandes delitos económicos, entre los que se encuentra la corrupción, para localizar y gestionar los bienes procedentes del delito y la reversión de las ganancias obtenidas de forma ilícita en proyectos de ayuda a las víctimas y de lucha contra el crimen.

Hasta entonces, cada órgano judicial localizaba y administraba los bienes y efectos derivados del delito. Desde la creación de la ORGA, los jueces o tribunales y en su caso, los fiscales pueden encomendar la tarea a esta Oficina especializada, mejorando así la eficiencia de su gestión y descargando de trabajo a los órganos judiciales.

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