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La revisión jurisdiccional analiza las sentencias de las multas impuestas por la CNMC

La revisión jurisdiccional analiza las sentencias de las multas impuestas por la CNMC

Según un análisis de una revisión jurisdiccional, en cuanto a multas impuestas por la CNCM (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en materia de resoluciones de Competencia, el 75% las lleva la Audiencia Nacional mientras que el Tribunal Supremo atiende el 82,7%. Esto pone en manifiesto que la mayoría de las sentencias estimatorias de la Audiencia Nacional sobre las multas de la CNMC luego han sido anuladas por el Tribunal Supremo (por la interposición de un recurso de Casación de Competencia, confirmando la infracción).

Para ello, se ha tenido en cuenta los ejercicios realizados por ambas Instancias durante los años 2014 y 2017, específicamente, las resoluciones sancionadoras de las conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento dela libre competencia por actos desleales (artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, respectivamente). Las sentencias se han clasificado como “anulatorias” y como “confirmatorias” en función de cómo se haya pronunciado cada Tribunal. Una puntualización ha sido que en una misma sentencia cuando confirma la infracción para unas empresas y a otras las anula se ha contabilizado dos veces.

Por otro, durante el pasado mes de octubre la CNMC ha puesto en marcha unas medidas dirigidas a reforzar jurídicamente sus actuaciones como acordar la celebración de vistas orales en el marco de expedientes sancionadores. Además, próximamente se comenzará la creación de una Unidad de Inteligencia Económica dentro de la Dirección de Competencia. Esta será liderada por expertos en cárteles y contará con personal de perfiles especializados en estadística, informática y técnicas cuantitativas para el tratamiento de bases de datos.

Gracias a la publicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las propuestas de resolución de la CNMC pueden ser de tipo sanción. Esto ayuda a que las empresas tengan un trámite para poder defender sus intereses antes de adoptar la resolución firme (sin posibilidad de interponer ningún recurso) y debatir las multas a nivel administrativo.

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