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Los jueces de Instrucción de Valencia reclaman peritos cualificados para perseguir la delincuencia económica

Los jueces de Instrucción de Valencia reclaman peritos cualificados para perseguir la delincuencia económica

Los magistrados de Instrucción de Valencia han denunciado las dificultades que encuentran para perseguir delitos económicos, cada vez más complejos, por la inexistencia de un cuerpo de peritos que trabaje en exclusiva para los Juzgados.

En la Junta de Jueces celebrada recientemente en la capital, los magistrados han hecho hincapié en la “creciente complejidad de los procesos penales que tramitan” y han subrayado la dificultad para disponer de peritos especialistas en materia económica, financiera, y contable por las constantes renuncias de los profesionales designados de oficio para tal fin como consecuencia de los bajos honorarios que perciben.

Por este motivo los 21 jueces de Instrucción de Valencia, que tramitan 38 causas de gran complejidad, han urgido a la creación de un cuerpo de peritos contables integrado por funcionarios altamente cualificados, similar al de los médicos forenses. No en vano, la económica es la segunda modalidad de prueba pericial en importancia en los juzgados tras la pericial médica.

Dicho cuerpo de peritos estaría adscrito a los Juzgados y bajo su dependencia funcional; tendría asignadas competencias en materia de delincuencia económica, financiera y corrupción y asesorarían, desde el principio de la instrucción, a los investigadores de la UDEF y de la UCO de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Entre 150 y 300 euros

La persecución de los delitos fiscales y los relativos a la Administración Pública no plantea problemas porque la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, la de la Generalitat o el Banco de España ponen a disposición de los jueces funcionarios altamente cualificados que, en su condición de peritos, trabajan conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No ocurre lo mismo con otro tipo de delitos económicos como estafas, apropiaciones indebidas o delitos societarios. Su persecución requiere de complejas pruebas periciales, para las que los jueces acuden a los Colegios Profesionales. La entidad colegial designa al experto requerido por el juez; su retribución, entre 150 y 300 euros, la costea la Generalitat.

“Las renuncias de los peritos son constantes por lo limitado de sus honorarios en comparación con la complejidad de los informes que tienen que emitir y el volumen de la documentación que a veces tienen que analizar”, señala el decano de Valencia, Pedro Viguer, para quien “esta situación complica notablemente el trabajo de los jueces e implica que, más allá de su función, tengan que enfrentarse a innumerables dificultades y ciertas resistencias a la hora de contar con asesoramiento pericial. Los jueces tienen formación jurídica, no económica. La prueba pericial es fundamental para el buen fin de la investigación, pero no podemos tener pericias de calidad si no se les paga adecuadamente”.

Las renuncias constantes implican que, a veces, se inviertan varios meses en designar a un perito, circunstancia especialmente preocupante tras la reciente reforma legal que limita a seis meses el plazo para investigar.

La propuesta de los magistrados de Instrucción de Valencia cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La Sala de Gobierno ha estudiado el documento de los jueces y ha acordado elevarlo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En dicho escrito, los jueces proponen otras medidas para mejorar la persecución de la delincuencia económica: piden que se aumente la retribución de los peritos; que éstos intervengan en los procedimientos antes de lo que lo hacen ahora y puedan asesorar a los agentes de la UDEF y la UCO desde el principio de la investigación; consideran prioritario potenciar mecanismos de colaboración con la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Intervención General del Estado, las Universidades y los Colegios Profesionales.

Según una encuesta de ámbito nacional realizada por el CGPJ en 2015, la medida procesal más reclamada por los jueces españoles fue la creación de un cuerpo de peritos contables (el 85% de los encuestados votó a favor de esta medida).

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