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Nuevas Medidas en Materia de Violencia de Género

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para impulsar reformas legislativas en materia de violencia de género que permitan luchar de manera más eficaz contra esta lacra social. Este acuerdo atiende a las iniciativas parlamentarias aprobadas en este ámbito: el Informe de la Subcomisión para el estudio y funcionamiento de la Ley integral y la moción aprobada por el Pleno del Congreso el 7 de septiembre de 2010.

El Gobierno considera prioritario avanzar en la protección de los menores que se encuentran expuestos a la violencia de género y sufren sus consecuencias de manera directa o indirecta. Para preservar su interés superior y facilitar su recuperación, se instará, a través de la reforma del Código Civil, la reforma legal que impida la posibilidad de atribuir la guarda y custodia individual al progenitor que esté incurso en un proceso penal por violencia de género.

Atención a víctimas en el extranjero

El Gobierno también encomienda la elaboración de un protocolo para la atención de las mujeres españolas víctimas de violencia de género residentes en el extranjero. Asimismo, se elaborarán protocolos de atención sanitaria para mujeres en situación de especial vulnerabilidad como mujeres inmigrantes o con discapacidad.

Para garantizar los derechos de las mujeres víctimas y proporcionarles recursos económicos, las ayudas económicas del artículo 27 de la Ley integral no computarán para reconocer el derecho a las pensiones no contributivas.

Por otra parte, se impedirá que los hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género hereden el patrimonio de la víctima, por lo que estos delitos figurarán entre las causas de indignidad sucesoria y desheredación.

Para la mejora de la tutela de los derechos de las víctimas de violencia de género así como de sus hijos e hijas, las Unidades de Valoración Forense Integral serán constituidas como una unidad orgánica específica dentro de los Servicios de los Institutos de Medicina Legal y se regularán los equipos psicosociales en el ámbito de la Administración de Justicia. El Acuerdo establece expresamente la prohibición de que cualquier empleado público condenado por un delito de violencia de género puede ser responsable directo o ejercer en servicios o unidades específicas para la violencia de género.

Este Acuerdo ha sido presentado a iniciativa del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y a propuesta del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administración Pública, de la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de los ministros de Justicia y de Trabajo e Inmigración.

Fuente: la-moncloa.es

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