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Reguladas las competencias para homologar documentos electrónicos judiciales y administrativos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961. Se trata de dar validez a los documentos públicos autorizados en el territorio de España y que deban ser presentados en otro Estado (apostilla).

Con esta nueva configuración se supera la antigua división entre autoridades competentes para apostillar documentos, ya que únicamente podían emitirlos en su ámbito geográfico concreto.

Con la aplicación de las nuevas tecnologías se introduce la posibilidad de que los documentos administrativos puedan ser apostillados en soporte papel o electrónico por las autoridades competentes, con independencia del lugar geográfico, dentro del ámbito nacional, en que éstos hubieran sido emitidos.

De esta forma se cumple el doble objetivo de acercar el servicio público de apostillado de documentos a los ciudadanos, evitando traslados innecesarios, a la par que se agiliza el servicio prestado, lo que redunda en una Administración Pública más eficiente y accesible.

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