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Ruiz-Gallardón afirma que no se cerrarán juzgados

La comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros el 2 de marzo del año pasado para reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 ha concluido que la sociedad ha cambiado tanto desde entonces (con un 15% más de población y un incremento de la litigiosidad del 100% en los últimos 20 años), que es necesario un nuevo modelo organizativo y de gestión.

Sobre todo, teniendo en cuenta que la forma con la que se ha intentado solucionar esa circunstancia, la creación de más de 2.500 plazas judiciales, se ha demostrado ineficaz porque no se ha conseguido reducir la pendencia.

La solución apuntada por la comisión pasa por la creación de los tribunales de instancia, algo que ya apuntó el anterior Gobierno sin llegar a materializarlo. Con ellos se mejorará la distribución de las cargas de trabajo, el régimen de sustituciones de jueces y se unificarán criterios en las resoluciones más complejas, lo que contribuirá a una mayor igualdad de los ciudadanos ante la ley. Además, se logrará una mayor especialización de la Justicia.

Los tribunales de instancia estarán formados por los magistrados de los juzgados unipersonales actuales, en unidades judiciales y algunos de la Audiencia Provincial, en concreto, los que se encargarían de juzgar en primera instancia. Las apelaciones que hasta ahora correspondían a las Audiencias pasarán a los Tribunales Superiores de Justicia, que contarán con cuatro Salas (de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social) y constituirán la culminación de la organización judicial en la demarcación de las Comunidades Autónomas.

La propuesta de la comisión traslada este modelo a la Audiencia Nacional con la colegiación de la primera instancia, al sustituir los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Contencioso-Administrativo por la Sala de Instancia de lo Penal y la de lo Contencioso. De juzgar se encargarán la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso. El Tribunal Supremo mantendría la estructura de sus cinco salas, aunque se disminuirían los efectivos de la de lo Militar por su carga competencial.

Durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro también detalló a los grupos de la oposición los principales ejes de las propuestas de Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Procesal Penal, recibidas en el Ministerio por las comisiones de expertos el pasado 25 de febrero. Ruiz-Gallardón hizo hincapié en la necesidad de abrir un amplio debate sobre estas leyes para conseguir el mayor consenso posible a la hora de reformar unas normas que definirán un nuevo modelo de Justicia en nuestro país. (LaMoncloa)

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