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Un juzgado de Marbella solicita la extradición del exedil Carlos Fernández por el ‘caso Malaya’

Un juzgado de Marbella solicita la extradición del exedil Carlos Fernández por el ‘caso Malaya’

El juez también ha dictado un auto de prisión incondicional contra el fugado y ha solicitado a Interpol su detención preventiva

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella ha solicitado hoy la extradición del ex concejal del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández por la presunta comisión de un delito de cohecho del que estaba siendo investigado en el conocido ‘caso Malaya’ en el momento de su fuga. El juez también ha dictado un auto de prisión incondicional contra el fugado y ha solicitado a Interpol su detención preventiva.

En varios autos dictados esta mañana, el juez instructor atiende las peticiones formuladas por el ministerio fiscal. En primer lugar, se deniega la prescripción judicial del delito de cohecho por el que estaba siendo investigado el ex edil puesto que este ilícito tiene un periodo de vigencia de 15 años. Este tiempo sigue vigente no sólo porque no han transcurrido quince años desde el inicio de la instrucción del ‘caso Malaya’, sino también debido a los posteriores trámites y resoluciones judiciales que se fueron adoptando en el mencionado proceso que investigó la macrocausa de corrupción urbanística ocurrida en el municipio marbellí.

En segundo lugar, el juez de Instrucción ha acordado el inicio de los trámites de extradición del ex concejal desde la República Argentina. Con tal fin, ha dirigido la petición a la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia para que proceda a dar curso a la solicitud en virtud del Convenio de Extradición suscrito entre España y Argentina. En este punto, el magistrado ha acordado también la prisión provisional, comunicada y sin fianza del fugado tal como establece el artículo 825 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que sea decretada la prisión del investigado.

Finalmente, el juez ha cursado una orden directa a Interpol para que mantenga en prisión preventiva al fugado mientras se llevan a cabo los trámites de extradición.

(Fuente: Consejo General del Poder Judicial)

 

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