Clausura del Congreso Nacional de la Abogacía con la Declaración de Vitoria

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, clausuró el XI Congreso Nacional de  la Abogacía, celebrado en Vitoria con la lectura de la Declaración de Vitoria.

1.- El nuevo tiempo iniciado en plena crisis económica, política y de valores exige la adaptación  de los abogados y sus instituciones, teniendo siempre presente la dimensión humana de la profesión. Contamos para ello con el apoyo institucional y el respaldo del Jefe del Estado quien ha destacado públicamente la relevancia de la abogacía para el funcionamiento del Estado de Derecho.

2.- Todos, absolutamente todos, debemos intensificar la defensa de los derechos humanos. No podemos mirar para otro lado ante la injusticia.

3.- La abogacía española reafirma su función social y su compromiso con los más desfavorecidos,  defendiendo el actual sistema de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, ejemplo de servicio público eficiente y de calidad y  exige a las administraciones  públicas un trato digno y una remuneración digna y puntual para esos servicios y los miles de abogados que los prestan, merecedores del máximo reconocimiento.

4.- Debe promulgarse una LEY ORGANICA DEL DERECHO DE DEFENSA, que completando nuestro sistema de Justicia,  regule el asesoramiento y la defensa jurídica  y refuerce otros derechos  conexos, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional.

5.- Apostamos por la mejor formación inicial y permanente para alcanzar la excelencia. Necesitamos la especialización para afrontar los retos del futuro que nos permitan continuar con una abogacía siempre adelantada a los tiempos. Es necesario imaginar hasta lo inimaginable, aumentando el nivel de exigencia y buscando nuevas fórmulas en el ejercicio profesional.

6.- La evolución tecnológica y científica, su incidencia en los derechos de los ciudadanos, nos obliga a innovar y profundizar, para hacerla compatible con la seguridad jurídica y convertirlos en garantía de Justicia.

7.- No deben abordarse reformas de calado, tanto procesales como sustantivas, sin que la abogacía sea oída. Es  preciso desarrollar los máximos esfuerzos en la búsqueda de consensos, desde el dialogo y la participación. Solo así se evitarán afecciones a los derechos fundamentales como las habidas, entre otras, con las tasas, la conocida como ley mordaza o la reforma del Código Penal.

8.- La Abogacía reclama, y se ofrece a coliderar, un gran Pacto de Estado por la Justicia, base de la convivencia y la paz social, que permita reconstruir y regenerar un sistema de Justicia estable, con el compromiso de todos, para conseguir que funcione de forma segura, ágil, previsible y neutral.

9.- La defensa jurídica es y debe seguir siendo exclusiva de la abogacía. Sin derecho de defensa, sin abogacía, sin contradicción,  en igualdad de las partes, no puede haber Justicia.

10.- Solo desde la unidad se puede mantener la fortaleza necesaria para ejercer el liderazgo social que nos reclaman los ciudadanos en una sociedad cada vez más necesitada de asesoramiento y defensa