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Publicada la Directiva (UE) 2016/943 sobre Protección de Secretos Comerciales

Publicada la Directiva (UE) 2016/943 sobre Protección de Secretos Comerciales

Hoy se ha publicado la Directiva del Parlamento europeo y del consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas que fue aprobada por el Parlamento el pasado 14 de abril.
La Directiva tiene por objeto velar por un funcionamiento fluido del mercado interior para lo cual establece medidas comunes contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales.
Asimismo, pretende disuadir respecto a la divulgación ilegal de secretos comerciales sin menoscabo de los derechos y libertades fundamentales o del interés público, como la seguridad pública, la protección de los consumidores, la sanidad pública, la protección medioambiental y la movilidad de los trabajadores.
Protección de los titulares de secretos comerciales

Hasta este momento, los secretos comerciales se protegían desde las empresas con carácter preventivo, mediante la firma de cláusulas o acuerdos de confidencialidad o NDA (non disclosure agreement), habiendo esta regulado el concepto de lo que constituía “secreto comercial” en el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en su artículo 39, donde se fijan unos requisitos para entender qué es un secreto comercial, entre los cuales se encuentran que sea una información efectivamente secreta, que esta tenga un valor comercial, y que la empresa haya adoptado medidas razonables para protegerla.

Ahora, con esta Directiva, los Estados miembros de la UE deberán disponer las medidas, procedimientos y vías de recurso necesarios para garantizar la existencia de reparaciones civiles contra la obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales.

Tales medidas, procedimientos y vías de recurso deberán ser equitativos, eficaces y disuasorios, y no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados. El plazo de prescripción para las reclamaciones no será superior a seis años.

Los titulares de secretos comerciales tendrán derecho a solicitar reparación en caso de daños y perjuicios como consecuencia de la apropiación ilegal de documentos, objetos, materiales, sustancias o archivos electrónicos que contengan secretos comerciales o de los cuales puedan deducirse secretos comerciales.

En caso necesario, la confidencialidad de los secretos comerciales se protegerá también en el transcurso de los procedimientos judiciales y después de los mismos.

 

Algunas excepciones a la protección del artículo 5 de la Directiva
Protección de las investigaciones de los medios de comunicación Aunque la Directiva prevé medidas para evitar la divulgación de información a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, las nuevas medidas garantizan plenamente el ejercicio del periodismo de investigación sin nuevas limitaciones, también en lo que respecta a la protección de las fuentes periodísticas.
Movilidad de los trabajadores: La Directiva no impondrá restricciones a los trabajadores respecto de sus contratos de trabajo, en los que seguirá aplicándose la legislación nacional.
Por consiguiente, no habrá ninguna limitación en cuanto al uso por los empleados de la experiencia y capacitación adquiridas honradamente en el transcurso normal de su trabajo.

Además, la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a alcanzar acuerdos colectivos no se verán afectados por la aplicación de las nuevas condiciones.

Denunciantes: Las personas que, actuando de buena fe, revelen secretos comerciales con el objetivo de proteger el interés público general, conocidos como «denunciantes», disfrutarán de una protección adecuada. La protección de los secretos comerciales no se aplicará a los casos destinados a revelar una falta, un acto censurable o una actividad ilegal, con la condición de que la parte demandada haya actuado con el objetivo de proteger el interés público general.

Tras la publicación de la Directiva en el Diario Oficial de la UE y de su entrada en vigor, los Estados miembros dispondrán de un máximo de dos años para incorporar las nuevas disposiciones a la legislación nacional.

Puede acceder al texto completo de la Directiva aquí 

 

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