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Artículos jurídicos

Qué se considera domicilio a efectos de notificaciones, entrada y registro

AUTOR
Redacción editorial
Tiempo de lectura: 9 min

Publicado

Por Jesús Pérez Morilla. Abogado Cremades & Calvo-Sotelo

 

Sumario:

-Breve referencia al concepto de domicilio

– Domicilio a efectos de notificaciones

– Entrada y registro de domicilio: supuestos diversos

 

El desarrollo del presente artículo se centra en un estudio somero en torno a la consideración del domicilio y su incidencia a efectos de notificaciones, entrada y registro, todo ello desde una visión general y con la intención de abordar y analizar la pluralidad de situaciones que pueden derivarse. Es necesario hacer constar que nos encontramos ante una figura de escasa regulación normativa, con escaso tratamiento por parte de la doctrina, y que conceptualmente es diverso en función del ámbito concreto que abordemos.

 

En este sentido, pasaremos a detallar las cuestiones principales a detallar: las relativas a las notificaciones; los elementos básicos de la entrada y registro del domicilio, dentro de su interrelación con la diversidad de situaciones que han sido tratadas por la Jurisprudencia para determinar en que casos nos encontramos ante un domicilio que tenga que gozar de las garantías constitucionales que la norma propugna; finalmente, una breve valoración de los diferentes rasgos distintivos de la consideración de domicilio y un escueto cuadro comparativo.

Concepto de Domicilio.

Tal y como hemos comentado anteriormente, dentro de encontramos ante una pluralidad de conceptos para definir el domicilio según su ámbito, podemos considerar genéricamente que el domicilio es el lugar donde cada persona constituye el centro de su vida y adquiere una gran relevancia para el mundo del derecho al determinar los múltiples efectos legales.

Por lo tanto, debemos abordar la consideración del domicilio desde una doble vertiente, según la propia regulación de artículo 40 y 41 del Código Civil, según se trate de persona física o jurídica, esto es: por un lado, lugar de residencia habitual de la persona física para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones; y por otro lado, la eficacia jurídica que se atribuya al domicilio.

Llegados a este punto es necesario adelantar la consideración del domicilio desde su ámbito constitucional, a los efectos de articular la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 18.2 de la Constitución Española. Desde el punto de vista de la persona física, tiene como finalidad el respeto al ámbito de la vida privada y familiar, protegiendo mas allá del mero o estricto espacio físico en sí mismo considerado, ampara lo que en él hay de emanación de la persona” tal y como se expresa en la Sentencia del Tribunal Supremo fechada el pasado 30 de diciembre de 1992, y en las Sentencias del Tribunal Constitucional Sentencias 110/1984, de 26 de noviembre, y 22/1984, de 17 de febrero.

A modo de conclusión del presente apartado, debemos mencionar igualmente la dimensión constitucional que adquiere la protección del domicilio, motivo por el que resulta necesaria su delimitación conceptual, ante la necesidad de definir una figura que goza de protección constitucional. En este sentido, el concepto constitucional de domicilio tiene una mayor amplitud que el concepto jurídico-privado, habiendo desarrollado la jurisprudencia el alcance del mismo, tal y como reconoce el propio Tribunal Constitucional en la anteriormente citada Sentencia 22/1984, al destacar: “la idea de domicilio que utiliza el artículo 18 de la CE no coincide plenamente con la que se utiliza materia de derecho privado, y en especial en el artículo 40 CC, como punto de localización de una persona o lugar de ejercicio por esta de sus derechos y obligaciones”. Siendo irrelevante la ubicación del mismo, así como el carácter mueble o inmueble, su configuración física o el titulo jurídico que habilita el uso del domicilio, así como el carácter temporal, permanente o accidental del mismo, tal y como se detalla en la Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002, de 17 de enero.

Domicilio a efectos de notificaciones en diversos ámbitos

Comenzaremos el presente apartado centrándonos en el ámbito civil, y atendiendo a la regulación que se detalla en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 149 a 168) para las comunicaciones de las actuaciones judiciales.

En este sentido, el elemento nuclear sobre el que se articulan todas las garantías respecto de la efectividad de las comunicaciones judiciales es la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva. De modo que se facilite a los justiciables el conocimiento efectivo del procedimiento para poder hacer valer sus derechos, de modo que una falta o deficiente citación o emplazamiento generaría una situación de indefensión que vulnera el citado derecho fundamental, tal y como se detalla en las Sentencias del Tribunal Supremo 219/1999, de 29 de noviembre y 128/2000, de 16 de mayo.

Sentado lo anterior, debemos entender que la exigencia al órgano judicial subsume la correcta ejecución de los actos de comunicación, así como asegurar que dichos actos tienen el propósito de garantizar que la parte sea oída en el procedimiento y pueda hacer valer sus derechos, circunstancia que conlleva una limitación en el uso de la comunicación por edictos prevista en la norma. En este sentido, es relevante la modificación introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por la que se requiere a la parte actora para que facilite cuantos datos disponga del demandado y agilizar su localización, esto es: teléfono, fax, correo electrónico, etc.

Respecto de las exigencias para la notificación por edictos el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse: (STC 234/1988, de 2 de diciembre; 245/2006, de 24 de julio; 93/2009, de 20 de abril; 36/1987, de 25 de marzo; 225/2004, de 29 de noviembre; 117/2005, de 9 de mayo) al establecer que: “la notificación por edictos es siempre un medio supletorio… lo cual significa que previamente han de agotarse todas aquellas otras modalidades que aseguran en mayor grado la recepción… garanticen en mayor medida el derecho a la defensa”.

Finalmente, procede traer a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional 131/2014, de 21 de julio, relativa a la exigencia de cautela al órgano judicial, al establecer que: “si surgen dudas razonables de que el domicilio señalado en la escritura del préstamo hipotecario… le es exigible al órgano judicial que intente el emplazamiento personal del ejecutado en el domicilio que figure en las actuaciones… habría de realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real, siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial una desmedida labor investigadora sobre la efectividad del acto de comunicación”.

En cuanto al ámbito administrativo, debemos comenzar apuntando la nueva regulación prevista en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 2 de octubre de 2016, con la previsión establecida en el artículo 41 relativa a las prácticas de las notificaciones, al establecer en los procedimientos iniciados de oficio y a los solos efectos de iniciación, se podrá consultar el domicilio en las bases del Instituto Nacional de Estadística, al constar en el Padrón Municipal de la entidad local.

En concordancia con lo anterior, procede traer a colación las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, fechadas el pasado 25 de febrero de 2016, por recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio, relativas a incidencias específicas en las notificaciones:

    1. En el caso notificaciones en los procedimientos iniciados de oficio, tras dos intentos infructuosos con resultado de dirección incorrecta, en el domicilio social y uno en el caso de desconocido, al amparo del artículo 112.1 de la Ley General Tributaria, puede acudirse a la notificación mediante comparecencia al no ser posible la notificación por causas no imputables a la Administración, siempre y cuando la Administración no tenga constancia fehaciente de ningún otro domicilio.
    2. En el caso específico de los no residentes, contempla la obligación de la administración de acudir a los instrumentos de cooperación internacional, una vez agotados los domicilios que consten en España.

  • En el caso de procedimientos iniciados a instancia de parte, no podrá utilizarse la notificación por comparecencia en menoscabo de las garantías procedimentales de los administrados cuando en el expediente figuran otros domicilios en los cuales se han notificado otros actos administrativos con éxito.   Sentado lo anterior, respecto de la garantía constitucional del domicilio y de la protección que goza, es importante tener en cuenta que cualquier actuación judicial debe observar cuidadosamente cuales son las garantías de orden constitucional. Dicho esto, nos encontramos únicamente ante tres supuestos diferenciados[1] por los que se permite dicha entrada y registro del domicilio: aquellos supuestos en que se trate de delito flagrante; aquellos supuestos en los que media el consentimiento del interesado; o bien, porque media resolución judicial debidamente motivada en principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En caso de no respetarse las garantías y exigencias constitucionales, se determinará la nulidad radical e insubsanable de la misma.En concordancia con todo lo anteriormente expuesto, podemos enumerar una serie de supuestos que han sido considerados como espacios dotados de protección constitucional al amparo de la delimitación constitucional de domicilio: – Los vehículos a motor y camiones que disponen de habitáculo para descansar no gozan de la protección constitucional al carecer de los caracteres propios del domicilio, en este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, fechada el pasado 7 de junio de 2011, al considerar que un vehículo automóvil que se utiliza exclusivamente como medio de transporte no encierra un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva la esfera o ámbito privado de un individuo”.Las caravanas han sido consideradas como domicilio a tenor de la propia Sentencia del Tribunal Constitucional, fechada el pasado 17 de febrero de 1984, al considerar que “la caravana, adosada a un vehículo de motor o formando parte íntegra de él, que tiene en su parte habitable todo lo necesario, más o menos, para hacer eficaz la morada de los pasajeros, es apta para constituir el domicilio de una persona como soporte básico del derecho a la intimidad personal y familiar, sin que la circunstancia de tratarse de un vehículo itinerante en movimiento excluya tal carácter”.

 

  1. En estos mismos términos se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo fechada el pasado 19 de septiembre de 1994, respecto de los camiones, al considerar que: los camiones de largo recorrido que llevan consigo un pequeño habitáculo para descanso del conductor o conductores. Estos camiones no son domicilio en ningún sentido, tampoco los vehículos de motor, porque son simples objetos de investigación (Sentencias de 13 de octubre, ya citada, 19 de julio y 28 de abril de 1993)”.
  2. – Las habitaciones de hotel (en el sentido amplio del término), han sido consideradas como domicilio a efectos de protección y amparo constitucional. En este sentido, traemos a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, número 20/2005, fechada el pasado 19 de julio, en la que se destaca: “…el acusado estaba dentro de un espacio equiparable, a todos los efectos, al domicilio (que el Tribunal Constitucional define como el «espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima», STC 137/1985, de 17 de octubre y que el Tribunal Supremo define como «cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar», STSS de 14-1-1992, 14-1-1992, 18-2-1994 y 6-11-1995 entre otras), cual es la habitación de un hotel (SSTS de 17-9-1993, 18-2-1994, 15-10-1994, 21-11-1997 y 8-10-1998 entre otras)”. Dentro de dicha consideración podríamos subsumir las chabolas.
  3. Sin ánimo de extendernos en los pormenores de la diligencia de entrada y registro, si vamos a mencionar que se encuentra regulada en los artículos 545 a 572 de la LECr, teniendo como finalidad buscar algo o alguien que se encuentra en el domicilio al tener debida constancia, o bien, el registro del domicilio para localizar fuentes de pruebas que articulen o sustenten el posterior procedimiento penal.
  4. El encaje normativo de este derecho se asienta en el 18.2 de la CE, tal y como hemos comentado anteriormente, así como en diversa normativa supranacional, esto es: en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1960; así como en el artículo 8.1 del Convenio de Roma de 1950.
  5. Respecto de la entrada y registro del domicilio: Supuestos diversos
  6. Llegados a este punto, debemos mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, fechada el pasado 3 de julio de 2013, por la que se declara la falta de validez de las notificaciones realizadas directamente al interesado cuando éste previamente ha designado un representante y domicilio distinto a efectos de notificaciones, dicha interpretación se entiende ajustada a las prescripciones de los artículos 59.2 y 32 de la LRJPAC, en relación con el artículo 117.3 de la propia CE.

Los trasteros de las viviendas que se encuentran separados de las mismas, tampoco tendrían la consideración de domicilio, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo 457/2007, de 29 de mayo, al expresar que: “un trastero, como pieza o dependencia separada y alejada del domicilio, arrendado con la finalidad de dar el destino que por naturaleza le corresponde, es decir, guardar y almacenar trastos (objetos, utensilios y cachivaches de todo tipo), no puede merecer el calificativo de domicilio”.

Almacenes, fábricas, oficinas y locales comerciales, debemos traer a colación la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas, las Sentencias de 23 de abril de 2010 (Pleno) y la Sentencia de 30 de septiembre de 2010, que considera que: “ en el caso de las personas jurídicas tienen la consideración de domicilio a efectos de la protección constitucional otorgada por el artículo 18.2 de la Constitución, los espacios que requieren reserva y no intromisión de terceros en razón a la actividad, que en los mismos se lleva a cabo; esto es, los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque en ellos se ejerza la habitual dirección y administración de la sociedad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento, exigiéndose en estos casos la autorización judicial o el consentimiento del interesado…

En cambio, no son objeto de protección los establecimientos abiertos al público o en que se lleve a cabo una actividad laboral o comercial por cuenta de la sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la sociedad ni sirva a la custodia de su documentación. Tampoco, las oficinas donde únicamente se exhiben productos comerciales o los almacenes, tiendas, depósitos o similares”.

 

CONCLUSIONES

Para poder superar la problemática jurídica en torno a la consideración de domicilio a efectos de amparo y protección constitucional, debemos atender al espíritu de la norma para poder identificar en que casos nos encontramos con espacios protegidos por la especial necesidad de respeto al desarrollo de la vida privada, dignidad e intimidad personal. De igual modo, resulta complejo el encaje de la persona jurídica dentro de la concepción de domicilio a efectos de protección constitucional, quedando limitada al espacio reservado a la actividad interna de administración y dirección de la misma, al constituir la custodia de soportes o documentos internos de la misma.

 

 

 

Tiene la consideración de domicilio              No tienen la consideración de domicilio

Habitaciones de hotel Vehículos y camiones
Chabolas Trasteros ajenos a la vivienda
Caravanas Almacenes*
Fabricas (centro de dirección y administración) Tiendas*

 

* Sin centros de dirección y administración de la persona jurídica.

 

 

[1] Al margen de los supuestos previstos en la LECr (artículo 553) y la LO 4/81, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, vía artículo 55.2 CE.



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