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Noticias Jurídicas

Nueva Proposición de Ley para modificar la LOPJ

Tiempo de lectura: 4 min

Equipo de redacción de Economist & Jurist.

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En la jornada de ayer, los Grupos Parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos registraron una nueva Proposición de Ley para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), con la única finalidad de establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando éste se encuentra en funciones.

¿Problema?

El art. 122.3 de la Constitución Española limita la duración del mandato de los veinte vocales del CGPJ por un período de cinco años. Asimismo, el art. 570.2 de la LOPJ completa el anterior precepto y advierte que “si ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del CGPJ”.



Entiende la Exposición de Motivos de la aludida Proposición de Ley que resulta “evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al CGPJ en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento”. Muestra de lo anterior es la particular terminología usada en la LOPJ para denominar al CGPJ que supera su mandato y que pasa a ser “saliente” y, por tanto, a continuar exclusivamente “en funciones”.

Otros órganos constitucionales, como, por ejemplo, el Gobierno, sí goza de una “exhaustiva regulación” sobre cuáles son sus límites y cómo debe actuar cuando se encuentran en funciones. En cambio, en el caso del CGPJ “no existe previsión alguna” sobre tal situación más allá del mencionado precepto 570.2 de la LOPJ.

Claro que lo deseable sería siempre “que la renovación del CGPJ se produzca de manera inmediata a la finalización de su mandato”, pero la realidad práctica es que existe una “laguna jurídica” la cual “constituye, sin duda, un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido”.

En la misma línea, continúa la Exposición de Motivos argumentando que, se estima necesario “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. A modo de ejemplo, facultades como los nombramientos de los Presidentes del Tribunal Supremo, de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deberían “quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones”.

¿Solución?

La existencia de un régimen jurídico completo y adecuado para cuando la renovación del CGPJ no se produzca de manera inmediata a la finalización de su mandato supone una “garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano”.

Con la intención de que “no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, entiende la reiterada Exposición de Motivos que “al no tratarse de un órgano jurisdiccional, que no podría ver paralizada su actividad ni dejar en suspenso ninguna de sus atribuciones”, resultaría totalmente posible “separar” las facultades indispensables del Consejo en funciones, de aquellas otras que, en cambio, “conforman un haz de competencias y atribuciones que legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente”.

Artículo 570 bis

Así, la propuesta de solución ante la problemática expuesta es la introducción de los nuevos arts. 570 bis y 598 bis en la LOPJ, con el siguiente tenor literal:

  1. Cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el CGPJ entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del art. 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las siguientes atribuciones:

1.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

2.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.

3.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

4.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.

5.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.

6.ª Garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial.

7.ª Ejercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias:

  1. Publicidad de las actuaciones judiciales.
  2. Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.
  3. Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.
  4. Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
  5. Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.
  6. Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.
  7. Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.

8.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.

9.ª Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia.

10.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

11.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica

12.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.

13.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

14.ª Recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.

15.ª Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan.

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo en funciones podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano.

Artículo 598 bis.

Cuando el CGPJ se encuentre en funciones, según lo previsto en el art. 570.2 de la presente Ley, su Presidencia no podrá acordar el cese del Secretario General y Vicesecretario General del CGPJ.

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