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Elecciones RFEF: el TSJM desautoriza al TAD y habilita la continuidad del proceso electoral



La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado este miércoles suspender la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que anulaba la convocatoria a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El pasado 10 de junio, la Junta Directiva de la RFEF anunciaba “la convocatoria de elecciones a la Asamblea General, a su Comisión Delegada y a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol”. Para la elección de los 140 representantes de la Asamblea General se fijó la fecha del ya pasado 20 de julio, mientras que para los comicios para la Presidencia y Comisión Delegada se estipuló su celebración para los días 17 de agosto o 17 de septiembre, “en función de la habilitación o no del mes de agosto por parte del Consejo Superior de Deportes como período hábil para los procesos electorales de las Federaciones”.

Semanas después de tal anuncio, el 26 de junio, el TAD estimaba parcialmente los recursos presentados por la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), del futbolista Sergio Marcos González (Cultural y Deportiva Leonesa) y de los clubes Flat Earth y UD Los Barrios, y anuló la convocatoria de las elecciones federativas previstas para los ya señados días 17 de agosto o el 17 de septiembre debido a defectos de forma en dicha convocatoria, argumentándose que había sido efectuada por un órgano incompetente (la Junta Directiva) y no por su presidente (Luis Rubiales), como así, supuestamente, prevén los Estatutos federativos.





Fruto de ello, la RFEF presentó el oportuno recurso contencioso-administrativo ante el TSJM solicitando como medida cautelar “la suspensión de la eficacia” del mencionado dictamen del TAD y entre sus argumentos de defensa invocaba “una evidente apariencia de buen derecho”.

“Sin ningún esfuerzo interpretativo”





Así el escenario, el TSJM se pronunciaba en el día de ayer, mediante auto, anunciando que, “ciertamente, la argumentación expuesta en la resolución recurrida para sostener la manifiesta incompetencia de la Junta Directiva de la Federación para efectuar la convocatoria electoral, con la consecuencia de declaración de nulo derecho, no se adapta a la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la incompetencia del órgano como causa de nulidad de pleno derecho de la resolución; en efecto, el TS viene exigiendo  que tal incompetencia “se manifieste de modo ostensible, patente, claro e incontrovertido”, es decir, que resulte notoria y clara sin necesidad de ningún esfuerzo interpretativo o argumental para detectarla”.

En la misma, añade el Tribunal que, “para alcanzar la conclusión de que debe entenderse que es al Presidente al que corresponde la facultad de convocar elecciones, el TAD necesita de un importante esfuerzo interpretativo de las normas concurrentes que regulan la cuestión de la competencia para esta cuestión concreta,  resultando además que uno de los jueces deportivos formula voto particular por llegar justo a la conclusión contraria tras el análisis de las mismas normas, por lo que, desde luego, la incompetencia de la Junta Directiva, de existir, no puede calificarse como patente e incontrovertida”.

“Posible pérdida de la finalidad del recurso”

En relación a la medida cautelar, señala la Sala que para pueda apreciarse la misma “debe concurrir debidamente el periculum in mora, o la posible pérdida de la finalidad legítima del recurso”.

En este supuesto, la parte recurrente invoca que la ejecución el acto hará perder al recurso sentido propio o esencial, alegando, además, en concreto y entre otras, las siguientes circunstancias: “a) la situación en que se encuentran 73 candidatos que ostentarían ya la condición de asambleístas sin necesidad de votación, titulares de un  verdadero derecho subjetivo a ser proclamados como tales en función de lo dispuesto en el art. 23.2 del Reglamento electoral, de modo que la ejecución de la resolución recurrida implicaría empezar desde cero el proceso electoral, con lo que perderían ese derecho; b) que los procesos electorales federativos son procedimientos sumarios y concatenados en los que cada uno de sus actos, una vez agotado, da lugar al siguiente sin posibilidad de reabrir un anterior debate, resultando preciso, además,  poner fin cuanto antes a la situación de provisionalidad en que se encuentra la Federación correspondiente, aludiendo igualmente a la especial situación de crisis sanitaria que hemos vivido, que ha supuesto que la RFEF haya debido adoptar decisiones extraordinarias; c) y que el retraso del proceso electoral que se derivaría de no acordarse la medida cautelar, implicaría el desarrollo y resolución del proceso una vez iniciada la Competición profesional de fútbol de Primera y Segunda División”.

En atención a estas circunstancias, concluye el auto “que queda debidamente perfilado el requisito de la posible pérdida de la finalidad del recurso, en tanto la retroacción del proceso ordenado en la resolución recurrida privaría de posibilidad de ejecución in natura una eventual sentencia estimatoria, ya que las elecciones posteriores se desarrollarían necesariamente en distintas circunstancias y, por supuesto, con un retraso relevante en los términos expuestos”.

“Valoración de los intereses en juego”

“En los procesos electorales aparecen imbricados, por definición, múltiples y dispares intereses así como un número importante de personas y entidades, por lo que la declaración de nulidad del proceso electoral ya comenzado es susceptible de causar importantes perturbaciones a los intereses generales y a los terceros que participen o pretendan participar en dichos procesos y este, desde luego, es un dato esencial en el proceso de valoración de los intereses en juego que debe encontrarse en la base de la decisión sobre medidas cautelares”, recuerda el Auto, en su Fundamento Jurídico Quinto.

Por último, “y como argumento para sostener que la medida solicitada no perturba ni perjudica los intereses generales”, apunta el Auto, que debe tenerse presente el novedoso informe de la Presidenta del Comisión Superior de Deportes de 17 de julio de 2020, en el que se avisaba que “la paralización del proceso electoral de la RFEF puede resultar un daño al interés general”.

Por todo ello, la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, sin imposición de costas, y con la posibilidad de interponer recurso de reposición (5 días) ante el mismo Tribunal, acuerda “suspender la eficacia de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte de 26 de junio de 2020”, dando la razón a la RFEF y permitiendo la continuidad del controvertido proceso electoral.