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Noticias Jurídicas

¿Puede exigirse acompañar a una demanda en reclamación de daños causados por el «cártel de los camiones» la traducción de sus documentos adjuntos?



Es posible interponer frente a un extranjero de nacionalidad comunitaria, sea persona física o jurídica, una reclamación judicial en España. En tal caso, si la demandada no tiene domicilio ni representante en España, la reclamación se debe notificar en su domicilio social, en su país de origen. Lo que a su vez obliga a traducir la demanda al idioma del demandado.

Este es el caso, por ejemplo, de las reclamaciones formuladas por quienes se sientan perjudicados por el famoso «cártel europeo de los camiones», que descubrió la Comisión Europea en julio de 2016.



No obstante, tal obligación de traducción no alcanza a los documentos que acompañan la demanda. Y ello, en resumen, por los siguientes motivos:

  1.  Tal traducción no viene exigida por norma alguna, pues los reglamentos comunitarios aplicables sólo requieren que se aporte traducción del texto de la «demanda», pero no de los documentos que la acompañan.
  2.  El coste de tal traducción puede ser similar al importe de la reclamación, de modo que podría impedir, o al menos desincentivar, tal reclamación, por lo que su exigencia, sin amparo legal, lesiona el derecho de los actores a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

Además, y por lo que respecta en concreto al «cártel de los camiones», exigir dicha traducción:

  1. Resultaría contrario al objetivo perseguido por la Directiva reguladora de tal cuestión, que es, precisamente, fomentar y facilitar este tipo de reclamaciones, habiendo declarado nuestro Tribunal Supremo que los tribunales deben aplicar e interpretar el Derecho interno a la luz de la finalidad de la Directiva aplicable en la materia para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta.
  2. En nada mejora la posición del demandado, quien conoce perfectamente el asunto por cuanto ya fue parte en el expediente que al respecto tramitó la Comisión Europea, y en el que reconocieron los hechos que ésta les imputaba. Precisamente por ello se beneficiaron de cuantiosas exenciones y reducciones en sus sanciones.

I. PLANTEAMIENTO

En julio de 2016 la Comisión Europea impuso sendas multas, por una suma total de 2.930 millones de euros, a los fabricantes de camiones de las marcas Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y Man por haber pactado sobreprecios en la venta de sus vehículos entre 1997 y 2011.

Sanciones éstas que fueron impuestas en virtud de la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 — Camiones).

Todos los fabricantes se beneficiaron de importantes exenciones y reducciones de las sanciones gracias al reconocimiento, por todos ellos, de su participación en el cártel, y su colaboración con la Comisión para el descubrimiento de los hechos.

Lo anterior abrió la posibilidad, a los perjudicados por tal cártel, de reclamar a dichos fabricantes la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

Siendo competentes para conocer tal reclamación los tribunales españoles, cuando el perjudicado tiene su domicilio social en España.

No obstante, habida cuenta que dichos fabricantes son sociedades comunitarias, sin relación contractual con los perjudicados, las demandas deben notificarse a los fabricantes en su domicilio social, en el extranjero.

Así lo dispone el Reglamento 1393/2007 de 13 de noviembre de 2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. En adelante, el Reglamento 1393/2007.

Y, en virtud del artículo 4.2 del indicado Reglamento 1393/2007, la demanda en cuestión deberá notificarse junto con una traducción de la misma al idioma de la sociedad demandada.

No obstante, algunos tribunales españoles vienen exigiendo que, asimismo, se aporte traducción de todos los documentos que acompañan a dicha demanda.

Ello abre el debate de si puede exigirse acompañar a una demanda en reclamación de daños causados por el «cártel de los camiones», traducción de sus documentos adjuntos.

II. NUESTRA POSTURA

A nuestro juicio, la respuesta a la indicada pregunta merece una respuesta negativa. Y ello por las siguientes cuatro razones.

Primera. La aportación de la traducción de «los documentos» de la demanda no viene exigida por norma alguna, pues los Reglamentos Comunitarios aplicables solo requieren que se aporte traducción de la «demanda», tal y como ha confirmado el TJUE.

Resulta aplicable al respecto el Reglamento 1393/2007, el cual no exige la traducción de «los documentos» que acompañen a la demanda, sino sólo de «la demanda», por lo que no vemos motivos para exigir tal traducción.

Así, en su art. 4.2 puntualiza que entre los documentos judiciales a que el mismo se refiere se encuentran «las demandas», pero nada dice de «los documentos» que las acompañan.

En todo caso, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de mayo de 2008 (asunto C-14/07), resuelve esta concreta cuestión en su parágrafo 78. Y, en este sentido declaró expresamente la innecesidad de traducir los anexos que acompañan a la demanda, que no resulten indispensables para comprender el objeto y la causa de la demanda, sino que tengan una mera función probatoria.

Esto es, que sólo será exigible la traducción de los documentos indispensables para garantizar el derecho de defensa de la demanda, correspondiendo tal decisión al juez nacional, según añade la citada sentencia.

Es cierto que esta sentencia fue dictada en interpretación del Reglamento 1348/2000. No obstante, nótese que dicho Reglamento 1348/2000 regulaba, exactamente, la misma materia que el actual Reglamento 1393/2007 que, precisamente, lo sustituyó.

Por tanto, exigir tal traducción, de «los documentos» de la demanda, infringe el art. 4 bis.1 LOPJ, por cuanto supone una aplicación del Derecho comunitario contraria a la jurisprudencia del TJCE.

Segunda. Porque ello lesiona el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

El motivo es que dicha traducción puede tener un coste similar a la indemnización que se reclame en la demanda.

Hay que tener en cuenta que ésta irá acompañada, además de los documentos en que se fundamente, de un informe pericial con abundante documentación que lo soporte.

Siendo obvio, que nadie va a presentar una reclamación judicial que le cueste más que lo que podría obtener en virtud de la misma, si ésta le fuera estimada.

Más aún cuando, además de ello, presentar la demanda exige contratar los servicios de un abogado, un procurador, y un economista que elabore un informe pericial.

En este sentido, recuérdese que tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional que resulta inconstitucional y, por tanto, contrario a Derecho, imponer condiciones que disuadan o impidan el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

Así lo declaró, por ejemplo, la STC (Pleno) 140/2016, de 21 julio, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de algunas tasas judiciales que debían satisfacer, incluso, las personas jurídicas.

Pudiendo citarse en el mismo sentido la STC 79/2012, de 17 de abril, o la STC 190/2012, de 29 de octubre, así como las anteriores STC 40/2009 de 9 febrero, o STC 182/2008 de 22 diciembre.

Esto es, exigir la traducción de «los documentos» que acompañan a este tipo de demandas infringe el art. 24.1 de la Constitución, por cuanto lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante en su vertiente de acceso a la jurisdicción, ya que le obstaculiza y disuade del ejercicio de las acciones legales que le asisten.

Tercera. Estas demandas se basan en el espíritu de la Directiva 2014/104.

Según el art. 1.1 de dicha Directiva, su objetivo es tratar de garantizar que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por alguna infracción del Derecho de la competencia, pueda ejercer eficazmente su derecho a reclamar el pleno resarcimiento de dicho perjuicio causado.

Y, si bien es cierto que por razones temporales dicha Directiva 2014/104 no resulta de aplicación directa a las reclamaciones derivadas del «cártel de los camiones», tiene declarado el Tribunal Supremo al respecto que, los tribunales sí deben interpretar el derecho interno “a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva aplicable en la materia para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta.” Véase la STS (Pleno) 265/2015, de 22 abril.

Por ello, la exigencia de la mencionada traducción de «los documentos» de la demanda, infringe el art. 1.7 del Código Civil, ya que supone resolver un asunto sin observar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Cuarta. La traducción de «los documentos» adjuntos a la demanda en nada mejora la posición de la demandada.

Primero, porque ésta fue parte en el expediente de la Comisión Europea del que deriva la demanda, con lo que perfectamente conoce su objeto: el asunto AT.39824 — Camiones.

De hecho, la Directiva 104/2014 trata de mitigar la asimetría de información que, en contra del demandante, existe en este tipo de procedimientos.

Segundo, porque para contestar a la demanda, la demandada deberá contratar a un abogado licenciado en Derecho español. Así lo exigen los arts. 31 y 142 de la LEC, y el art. 542 de la LOPJ. Y, ese abogado, licenciado en Derecho español, y conocedor, por tanto, del idioma castellano, podrá, perfectamente, examinar los documentos que acompañan a la demanda.

Motivo por el cual exigir la traducción de «los documentos» de la demanda, infringe, nuevamente, el art. 24.1 de la Constitución, por cuanto obstaculiza, injustificada e innecesariamente el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

 

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA CITADAS

Normativa

Artículo 24.1 de la Constitución Española de 1978.

Artículo 4.2 del Reglamento 1393/2007 de 13 de noviembre de 2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

Artículo 5.2 del Reglamento 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

Artículo 1.1 de la Directiva 2014/104 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.

Artículo 4 bis.1 y 542 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículos 31 y 124 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Jurisprudencia

Sentencias del Tribunal Constitucional 140/2016 de 21 julio, 79/2012, de 17 de abril, 190/2012, de 29 de octubre, 40/2009 de 9 febrero, y 182/2008 de 22 diciembre.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de mayo de 2008 (asunto C-14/07 parágrafo 78).

Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015 de 22 abril.

 

Sobre el autor: Santiago Dupuy de Lome Manglano es Abogado del departamento procesal de Raiz Abogados, con más de 15 años de experiencia en procedimientos judiciales civiles y mercantiles y, en particular, relacionados con las siguientes materias:  Daños por infracción del Derecho de la Competencia, Derecho inmobiliario y de la construcción, Resolución y cumplimiento de contratos, Responsabilidad civil  profesional, Conflictos societarios, Derecho Concursal y Comercialización de productos financieros.