PremiumSe adapata a la situación actual el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores
(Foto: E&J)
Se adapata a la situación actual el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores
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El Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores creó el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores como instrumento de gestión de este mecanismo extraordinario de financiación de las Administraciones Territoriales. Desde su creación, a través de sus tres fases sucesivas articuladas mediante el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, el Fondo ha movilizado más de 41.000 millones de euros contribuyendo de manera significativa a inyectar liquidez a empresas y autónomos, a la reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas, al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales gestionados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales y, a través de los planes de ajuste asociados al mecanismo, a la mejora de la situación financiera y presupuestaria de las Administraciones adheridas al mismo.
El citado Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, configuró el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores como una entidad de derecho público dotándolo de personalidad jurídica propia y de capacidad para actuar como instrumento específico de emisión y captación de financiación en los mercados financieros, bancarios y de capitales.Mediante esta Ley se modifica el citado régimen jurídico del Fondo para adaptarlo a la nueva situación, pues en febrero de 2014 ha quedado completada la última fase del mecanismo y ya no se prevé la activación de nuevas fases, reforzando con ello la naturaleza extraordinaria de las adoptadas hasta el momento. La agilidad en la adaptación de las estructuras administrativas a las nuevas necesidades de gestión responde a un esfuerzo de evaluación permanente de las mismas orientado a la optimización de la gestión de recursos públicos que permite la reducción de costes, la ganancia de eficiencia en los procedimientos de gestión y la mejora de los marcos de gobernanza que articulan las políticas públicas.
El proceso de transformación se articula mediante la extinción del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y la asunción de las deudas financieras del extinto Fondo, que conforme al artículo 4 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, gozan frente a terceros de la garantía explícita, irrevocable, incondicional y directa del Estado, por la Administración General del Estado integrándose su gestión, así como la de la tesorería resultante, en la estrategia y procedimientos generales del Tesoro Público.
Los activos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, constituidos esencialmente por los derechos de crédito del Fondo frente a Entidades Locales y Comunidades Autónomas, se asumen asimismo por la Administración General del Estado integrándose, como aportación patrimonial no dineraria, en un fondo carente de personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que se denominará Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2 y estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A este último corresponderán por sucesión universal los restantes derechos y obligaciones derivadas del Fondo extinto así como la relevante consideración de mecanismo extraordinario de financiación a los plenos efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El nuevo fondo carente de personalidad jurídica queda adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, integrándose su gestión en los procedimientos generales de este en materia de relaciones financieras con las Administraciones Territoriales.
Los capítulos I y II regulan el objeto de esta Ley y la creación y régimen jurídico del Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2.
La constitución del Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2 no requiere aportación monetaria, dotándose inicialmente mediante una aportación no dineraria consistente en el conjunto patrimonial formado por la titularidad de los derechos de crédito frente a Comunidades Autónomas y Entidades Locales de los que dispone el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores en el momento de su extinción y en cuya posición jurídica se subroga. Dichos activos generan flujos de efectivo por los cobros de intereses y reembolsos de los préstamos otorgados para atender los gastos operativos y de gestión del mismo. Los rendimientos que genere el Fondo, una vez deducidos los gastos de gestión, se ingresarán anualmente en el Tesoro Público.
El capítulo III regula el proceso de extinción y liquidación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores mediante la asunción por la Administración General del Estado de su patrimonio y asignándose la responsabilidad de la gestión de sus principales bloques patrimoniales a los órganos de la Administración General del Estado competentes en la materia para su integración en sus respectivos procedimientos generales de gestión.
El capítulo IV regula las características de los derechos de crédito de las operaciones, manteniendo las retenciones de los sistemas de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales como garantía para el Fondo en los mismos términos que el extinto Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
Por último, la Ley contiene una disposición adicional, una derogatoria, cinco finales y dos anexos.
Puede leer el texto completo de la norma en www.bdifusion.es
