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Agilidad procesal y nuevos plazos de instrucción

Agilidad procesal y nuevos plazos de instrucción

Por  José María Paret. Socio de Penal de Cuatrecasas y  Alessandra di Cesare. Abogada de Penal de Cuatrecasas

SUMARIO:

  1. El plazo instrucción ordinario de seis meses y sus excepciones
  2. La problemática del cómputo los plazos y sus interrupciones
  3. Las consecuencias jurídicas y efectos del transcurso del plazo legal de duración de la instrucción
  • Efectos en cuanto a la evolución del proceso
  • Efectos sobre las concretas diligencias

 

Si bien nadie o casi nadie discute la necesidad imperiosa de adecuar la duración de los procesos penales a unos plazos razonables acordes con los tiempos que vivimos, en los cuales la velocidad a la que todo discurre hace inconcebible que una persona pueda tardar diez o quince años en ser juzgada desde la fecha de comisión de un presunto delito, son muchas las voces que se alzan con la concreta solución ofrecida por el legislador para tratar de poner fin a esa situación insostenible.

Así, desde determinadas posiciones políticas se ha objetado que la nueva regulación contenida en el artículo 324 de la LECrim sobre plazos de instrucción, unida a la infradotación de medios materiales y humanos de la Administración de justicia, va a favorecer la impunidad con una incidencia especial en los grandes delitos patrimoniales y la defraudación, la corrupción y criminalidad organizada. Varias asociaciones de jueces y fiscales pidieron la suspensión de su entrada en vigor y se han criticado muchos aspectos de la reforma, tanto desde la vertiente teórica como práctica. Y desde la abogacía se ha llamado a la participación y al diálogo entre todos los operadores jurídicos y se ve con cierto escepticismo y preocupación la aplicación efectiva de la norma y los problemas interpretativos que se van a suscitar.

Los antecedentes inmediatos de la reforma legal operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, hay que buscarlos en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, elaborado durante la época en que fue Ministro de Justicia D. Francisco Caamaño, y en la propuesta de Código Procesal Penal presentada el 25 de febrero de 2013 por la Comisión Institucional constituida por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, cuando ocupaba el cargo de Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz-Gallardón.

Ambos textos buscaban reforzar las garantías procesales y fijar un límite temporal a la instrucción de las causas penales, si bien lo hacían desde un modelo procesal muy común en otros países de nuestro entorno en el que la función de investigación se atribuye al Ministerio Fiscal.

De ahí que el propio preámbulo de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, comience con una referencia a la propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional de marzo de 2012. Y de ahí también que la nueva regulación procesal, sin llegar a incorporar en toda su dimensión el modelo de investigación acusatorio en el que el Fiscal es el encargado de la investigación, refuerza considerablemente su protagonismo en esta materia y le atribuye la función expresa de impulsar la declaración de complejidad la instrucción.

Con este artículo nos proponemos sintetizar el contenido esencial del nuevo régimen procesal destinado a agilizar la justicia penal y a fijar un límite temporal de las diligencias de instrucción y analizar algunos de los problemas interpretativos que se van a plantear, sin más pretensiones que ofrecer una opinión legal más sobre una materia que sin duda va a ser objeto de controversia en los próximos meses y años.

 

 

  1. 1.    El plazo instrucción ordinario de seis meses y sus excepciones.

Tras la entrada en vigor del nuevo artículo 324 de la LECrim, la instrucción de los procedimientos penales que se tramitan como diligencias previas y como sumario ordinario, se rige por un sistema de plazos que, según indica el legislador en la Exposición de Motivos de la Ley 41/2015, pretenden ser “plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales”.

El apartado primero del mencionado artículo establece un plazo ordinario de duración de la instrucción de 6 meses que, pese a sustituir la anacrónica e inútil referencia al plazo de un mes contenida en la anterior artículo 324, no puede calificarse en absoluto como un límite temporal “realista”, pues la experiencia demuestra que su extralimitación suele ser habitual y generalizada a causa de factores diversos cuyo examen ahora no viene al caso.  

Ante tal escenario, el legislador permite ampliar el plazo de la instrucción hasta un total de 18 meses siempre que se trate de una causa compleja, supuesto que únicamente podrá materializarse:

i.        Desde la incoación de las diligencias previas o sumario, cuando concurra ab initio al menos una de las circunstancias previstas en las letras a) a g) del artículo 324.2 de la LECrim.

ii.        Durante la fase de instrucción, cuando, con carácter sobrevenido, se manifieste alguna de las referidas circunstancias u otras por las que no fuera posible completar razonablemente la instrucción en el plazo ordinario de 6 meses previsto al efecto, en cuyo caso la prórroga hasta los 18 meses no será adicional al plazo en cuestión, sino que deberá computarse incluyendo el período de la instrucción ya transcurrido.

A este respecto, especifica el apartado segundo del artículo 324 de la LECrim que la investigación se considerará compleja, ya sea desde el comienzo de la fase de instrucción como durante su tramitación, cuando: “a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, b) tenga por objeto numerosos hechos punibles, c) involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, e) implique la realización de actuaciones en el extranjero, f) precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o g) se trate de delitos de terrorismo”.

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