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Cláusulas suelo y comisiones abusivas: aspectos prácticos

Cláusulas suelo y comisiones abusivas: aspectos prácticos

Por Miguel Ángel Jáuregui. Abogado

 

En los últimos años ha sido incesante el goteo de pronunciamientos judiciales que han declarado la nulidad de las llamadas “cláusulas suelo”. Sin perjuicio de lo que nos deparen los próximos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Justicia en cuanto a la aplicación temporal de los efectos de tal nulidad, nos centraremos ahora en el análisis teórico y práctico-procesal de las acciones judiciales para solicitarla, no sólo respecto de las “cláusulas suelo”, sino de todas aquellas que puedan considerarse abusivas. El cauce procesal que hemos elegido, por ser quizá el más habitual, es el que resulta de la legislación reguladora de las condiciones generales de la contratación y de la defensa de los consumidores y usuarios. Y en este punto concreto hemos de llamar la atención sobre la modificación del artículo 86.ter. 2.d) de la LOPJ a través de la L.O 7/2015 de 21 de Julio, que restringe la competencia de los Juzgados de lo Mercantil a las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a las condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios, y que en consecuencia nos conduce ante el Juez de Primera Instancia cuando se trata de la defensa de un consumidor individual.

Dicho lo anterior, analizaremos primeramente el contexto en que nos encontraremos a la hora de plantear una acción de este tipo y los conceptos básicos fundamentales. Por lo general tendremos ante nosotros a un cliente endeudado y/o con dificultades para pagar un contrato de préstamo hipotecario o personal, que nos presentará una escritura o un documento con un amplio clausulado que nunca llegó a leer, y que posteriormente en tiempos de dificultad le ha traído una serie de cargos en su cuenta corriente, curiosamente siempre en favor de la entidad financiera y mayores cuando peor está su situación económica. Veremos los extractos de su cuenta bancaria, en los que contemplaremos cómo a la falta de abono de las últimas cuotas se añaden elevados importes en su contra en concepto de intereses de demora, comisiones por posiciones deudoras, comisiones por descubierto…..efectivamente, nuestro deudor está metido en un pozo del que difícilmente podrá salir, máxime cuando a la gran piedra que lleva atada a los tobillos -desempleo, complicada situación familiar, acumulación de otras deudas- y que le ha llevado al impago, se le añaden otras piedras que le caen de lleno en forma de intereses de demora y comisiones varias.

 

Con estos antecedentes, deberemos tener claros varios conceptos fundamentales a la hora de comenzar nuestra batalla judicial:

a)   La “cláusula abusiva”: La   Exposición de Motivos de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la   Contratación, dictada en transposición de la Directiva 93/13/ CEE del   Consejo, señala que solo tendrán la consideración de abusivas aquellas   cláusulas que, en contra de las exigencias de la buena fe, causan en   detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las   obligaciones contractuales.
b) Condiciones Generales de la   contratación: son las cláusulas predispuestas cuya incorporación al   contrato sea impuesta por una de las partes con independencia de la autoría   material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de   cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad   de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.
c) Contratos de Adhesión: son   aquellos que se crean y redactan por una de las partes contratantes, en este   caso las entidades financieras, en los que el aceptante se limita a adherirse   al mismo en su totalidad. Conviene recordar en este punto lo manifestado por   los Tribunales, en el sentido de que el carácter impuesto de una cláusula o   condición general prerredactada no desaparece por el hecho de que el empresario   formule una pluralidad de ofertas cuando todas están estandarizadas con base   a cláusulas predispuestas, sin posibilidad real alguna de negociación por el   consumidor medio. En consecuencia, lo fundamental en estos contratos es la   “imposición de contenido”.

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