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Concurso de acreedores en las entidades deportivas

Concurso de acreedores en las entidades deportivas

Por César Gilo Gómez. Abogado. Doctor en Derecho

SUMARIO:

I. Planteamiento de la problemática.

II. Contenido de la Disposición Adicional Segunda Bis de la Ley Concursal.

III. ¿Qué deudas deben satisfacerse para no descender de categoría? Nuevo orden de prelación de créditos como consecuencia del artículo 192 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol.

IV. Soluciones: especial referencia al principio de jerarquía normativa y al contenido que debería tener la nueva regulación.

V. Conclusiones

 

Las entidades deportivas, como entes con personalidad jurídica, pueden ser declaradas en concurso de acreedores en el supuesto de verse inmersas en una situación de insolvencia a tenor del artículo 1 de la Ley 22/2003 Concursal. El objeto de estas entidades es competir deportivamente con otras entidades en competiciones organizadas por federaciones deportivas, competiciones que tienen sus propias normas administrativas de funcionamiento en virtud de las funciones públicas que le son delegadas a las federaciones en los artículos 30 y 33 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Todo ello suscita la necesidad de armonizar la aplicación de la legislación concursal y la legislación deportiva, ya que, aunque las entidades deportivas son empresas, no puede desconocerse que su principal razón de ser es competir deportivamente con otras entidades, lo que implica que deba adaptarse la normativa concursal a las reglas de cada competición.

 

  • PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

 

 

Los problemas de coordinación de las Leyes deportivas con la Ley Concursal comenzaron a detectarse con la insolvencia de determinados clubes de fútbol de nuestro país. Referidos problemas venían ocasionados por la tensión producida entre el principio de continuidad de la actividad empresarial que propugna la Ley Concursal en el apartado VII de su Exposición de Motivos y la sanción consistente en el descenso administrativo prevista en el artículo 192 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol para aquellos clubes que no cumplan con determinadas obligaciones económicas.

 

Y es que la Ley Concursal pretende que las empresas insolventes puedan continuar su actividad comercial pero las Leyes deportivas sancionan el impago a determinados acreedores con el descenso de categoría, lo que a efectos prácticos conlleva en la mayoría de supuestos la liquidación de la entidad deportiva y su consiguiente desaparición por todo lo que el descenso implica (importante disminución de los ingresos derivados de las retransmisiones deportivas, liberación de jugadores al descender de categoría, reducción de la asistencia al estadio etc.) al no poderse hacer frente a las deudas con los acreedores si se disminuyen drásticamente los ingresos de la entidad.

 

Todo ello dio lugar a la existencia de Resoluciones Judiciales de los jueces que conocían del concurso de los clubes, que abogaban por bloquear cualquier tipo de decisión administrativa tomada por los organizadores de las competiciones que perjudicara la continuidad de las actividades del deudor al ser prioritaria la legislación concursal sobre la legislación deportiva[1].

 

Este particular ocasionaba consecuentemente que aquellas entidades deportivas que se encontraban en concurso de acreedores pudiesen competir con el resto de clubes deportivos sin tener que respetar las reglas de solvencia de la competición establecidas por los órganos deportivos, mientras que el resto de clubes de la competición que no incurrieran en situación de insolvencia, debían respetar las reglas económicas si no querían perder la categoría.

 

Se suscitaba por tanto una importante distorsión de las competiciones deportivas que demandaba una respuesta legal que pusiese fin a los beneficios que la aplicación sin paliativos de la normativa concursal producía en el deporte, lo que ocasionó que el legislador introdujera en la Ley Concursal, por medio de la reforma operada por la Ley 38/2011, una nueva Disposición Adicional Segunda —bis— en relación a ello.

 

Según se recoge en el apartado IX de la Exposición de Motivos de la Ley 38/2011 de reforma concursal, la Disposición Adicional Segunda bis se introduce para evitar interferencias en las competiciones deportivas que vienen producidas por el incumplimiento de las reglas del juego exigibles para participar en la competición. Es importante destacar que se señala expresamente que la reforma viene a aclarar, ante la disparidad de criterios de los órganos jurisdiccionales, que la sujeción a la Ley Concursal de las entidades deportivas no impedirá la aplicación de la normativa deportiva que regula la competición. Con ello el legislador parece que corta de raíz la interpretación de determinados Juzgados que entendían que debía aplicarse la Ley Concursal sin necesidad de respetar determinadas reglas reguladoras de las competiciones deportivas en las que las entidades participan.

 

Debe precisarse que el tenor literal del precepto recoge que estas especialidades serán aplicadas a los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales[2], de lo que se deduce que, a sensu contrario, todas aquellas entidades deportivas que no desarrollen su actividad en competiciones de tipo oficial, se verán sometidas en supuestos de insolvencia únicamente a la Ley Concursal.

 

 

  • CONTENIDO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA BIS DE LA LEY CONCURSAL

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