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Demanda de juicio ordinario contra el Banco Popular

Demanda de juicio ordinario contra el Banco Popular

Por Raúl Ochoa Marco. Abogado 

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE MADRID

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________ Procuradora de los Tribunales y de ______, representación que se acreditará mediante apoderamiento ‘apud acta’ cuyo otorgamiento se deja interesado, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

            Que vengo por medio del presente, de conformidad con el artículo 399 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), a interponer DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO, contra la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, entidad inscrita en el Registro Mercantil _________________________ donde podrán ser emplazados.

Con la pretensión de que se dicte Sentencia conforme al suplico de esta demanda, fundada en los hechos y fundamentos de derecho que exponemos a continuación.

 

HECHOS

 

PRIMERO. -De las partes.

De conformidad con el artículo 3 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, y Leyes complementarias, así como el artículo 2.b) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, mi mandante, como persona física que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional, tiene la condición de consumidor.

Don ____________ ha sido durante años cliente de la entidad Banco Popular, entidad en la que ha depositado su más absoluta confianza y en especial con los trabajadores de la Oficina sita en la ____________.

 

Durante todo este tiempo, sus ahorros siempre estuvieron depositados en cuentas a la vista, plazo fijo y siempre realizando las gestiones bajo la recomendación individualizada del personal de la oficina, que tenían pleno conocimiento de su interés en que el capital de sus inversiones estuviera garantizado y que pudiera disponer en cualquier momento de él.

Asimismo, Don__________ ha de ser calificado como cliente minorista al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 bis de la Ley 47/2007, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Ley 28/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores.

Efectivamente, dicha Ley, aplicable al caso que nos ocupa, introdujo un nuevo artículo 78 bis en la Ley de Mercado de Valores que obliga a las entidades a clasificar al cliente en tres categorías: cliente minorista, cliente profesional y contraparte elegible, a los efectos de dispensarles distintos niveles de protección.

Así, la entidad demandada incumplió ya esta primera obligación de calificación del cliente, a fin de dispensarle un mayor o nivel de protección. La entidad ni siquiera clasificó al cliente como profesional o minorista antes de ofrecerle el producto objeto del litigio.

A estos efectos, aportamos como Documento número 1, documento que Banco Popular entregó a mi mandante el mismo día de la firma de la suscripción del producto. En dicho escrito la entidad se limita a calificar a __________como ‘’cliente con experiencia en productos financieros no complejos’’.

Como se colige del documento aportado, la entidad ya incumplió ese primer deber de calificación, pues no lo califica dentro de ninguna de las categorías referidas en el artículo 78 bis, quedando mi mandante desprovisto de los derechos que le asisten en la contratación de este tipo de productos, incumpliendo así la demandada las obligaciones de información exigidas por el artículo 78 bis 3 de la LMV.

A mayor abundamiento, fue entregado el mismo día y minutos andes de la firma y elaborado según un test de conveniencia del que no se tiene constancia. No se pudo calificar al cliente simplemente porque la demandada no se ocupó de realizar su obligación de calificación conforme es exigido.

Si bien, y a pesar de lo expuesto, ________ tiene la consideración de cliente minorista, categoría residual en la que hay que clasificar a quienes no puedan ser considerados profesionales o contrapartes elegibles. Así, no puede mi mandante ser calificado como cliente profesional, teniendo en consideración que no cumple ninguno de los supuestos previstos en el artículo 78 bis.

Dicha consideración es merecedora del mayor nivel de protección, si bien mi patrocinado nunca la tuvo, ya que la entidad incumplió sus más esenciales obligaciones de información exigidas en la contratación de este producto complejo. La comercialización y contratación del producto objeto del presente pleito se caracterizó por una flagrante falta de información, como así nos referiremos siguiendo el orden de esta demanda.

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