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El delito de falsedad de cuentas

El delito de falsedad de cuentas

Por F. Javier González Espadas. Socio Ceca Magan Abogados

SUMARIO:

-Culpabilidad en su autoría

-Órganos colegiados

-Principio de confianza

Dentro del capítulo de los delitos societarios, el art. 290 de nuestro Código Penal contempla el relativo a la “falsedad de cuentas” al condenar a los administradores, de hecho, o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que “falsearen” las cuentas anuales u otros documentos[1] que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero[2].

Si la sociedad, además, cotiza en cualquier mercado de valores, otros preceptos, como el art. 282 bis CP relativo a la protección del mercado y los consumidores, también sancionan a los mismos administradores, de hecho o de derecho, que “falsearen” la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, o colocar cualquier activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio.

[1] La referencia a otros documentos se entiende como númerus apertus. Así, pueden citarse los arts. 253 y 254 de la Ley de Sociedades de Capital, pero también, por ejemplo, los informes que han de elaborar los administradores para la adopción de determinados acuerdos como el aumento de capital, modificación de estatutos, etc. Comprende pues todos los documentos destinados a hacer pública, mediante el ofrecimiento de una imagen fiel de la empresa, la situación económica o jurídica de una entidad, como indica la STS 1458/2003, de 7 de noviembre.

 

[2] Una modalidad especial de la falsedad de los estados contables, cuando los mismos son usados para un proceso concursal, se encuentra en el art. 261 C.P., que tipifica como delito la presentación, a sabiendas, de datos falsos relativos al estado contable, con la finalidad de lograr la declaración de tal concurso.

La veracidad de la información económico-financiera, por tanto, encuentra protección en nuestro derecho penal de acuerdo con los preceptos indicados, si bien debemos partir de que (i) no toda irregularidad contable puede ser constitutiva de delito per se, pues los preceptos transcritos exigen ciertos requisitos adicionales; (ii) que, además, el “falseamiento”[1] debe ser realizado con dolo y, (iii) cometido por los administradores de hecho o de derecho, sin perjuicio de que es perfectamente posible la condena al “extraneus” (técnicos o profesionales) a título de inductores, cooperadores necesarios o cómplices[2].

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