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El procedimiento monitorio y el monitorio notarial

El procedimiento monitorio y el monitorio notarial

Por Inmaculada Béjar Vázquez

 

SUMARIO

 

 

  • Naturaleza del juicio monitorio
  • Sujetos del juicio monitorio

– Tribunal

a) Jurisdicción

c) Competencia territorial

d)Competencia objetiva

 

  • Partes

 

  • Tramitación del procedimiento monitorio

 

– Inicio del procedimiento

– Posibles actuaciones del demandado

 

  • El monitorio notarial

 

  • El juicio monitorio europeo

 

 

 Los orígenes del procedimiento monitorio se remontan a la Alta Edad Media Italiana, cuando el aumento de las relaciones comerciales y, por tanto, de los impagados, puso de relieve la necesidad de crear un procedimiento ágil y rápido de protección a los acreedores, que posteriormente se extendió por Europa.

Este procedimiento no tuvo una verdadera acogida en España, en la que, en palabras de Tomás y Valiente, lo que se produjo fue una corruptela del juicio sumario ejecutivo.

Por lo que respecta a nuestro Ordenamiento Jurídico moderno, la regulación del procedimiento monitorio vino de la mano de la Ley 8/1999, de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, cuyo artículo 21 regulaba este proceso, que se circunscribía a la reclamación de las deudas de cuotas ordinarias de comunidad y fondos de reserva.

 Sin embargo, este procedimiento tuvo poco recorrido, toda vez que la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000 supuso la introducción en nuestro Ordenamiento de un procedimiento monitorio general, para reclamación de deudas dinerarias de importe hasta cinco millones de pesetas (treinta mil euros), límite que se ampliaría hasta los doscientos cincuenta mil euros con la reforma que de este cuerpo legislativo se produjo en 2009, y que desaparecería en la reforma del año 2012, de forma que en la actualidad se pueden reclamar deudas de cualquier cuantía.

En la actualidad, se encuentra regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

 

  • NATURALEZA DEL JUICIO MONITORIO

 

En cuanto a su naturaleza, se trata de un procedimiento declarativo especial que tiene por finalidad que aquellos acreedores que sean titulares de deudas vencidas, líquidas y exigibles, puedan reclamar las mismas de una manera más efectiva y rápida que acudiendo al correspondiente juicio ordinario o verbal, y obteniendo un título ejecutivo en aquellos casos en que no se produzca oposición por parte del deudor.

 

Eso sí, requisito indispensable para poder acudir a este procedimiento, tal y como señala el artículo 812, es que las deudas que se vayan a reclamar se encuentren acreditadas mediante (i) documentos firmados o sellados por el deudor, (ii) facturas, albaranes, certificaciones o cualquier otro documento que, aunque elaborado unilateralmente por el acreedor, sea el que habitualmente es utilizado para documentar el tipo de deuda que ahora se reclama, (iii) documentos que acrediten la existencia de una relación comercial duradera y, (iv) certificaciones de impago de gastos comunes de las Comunidades de Propietarios. Es decir, el acreedor debe aportar un principio de prueba suficiente respecto a la existencia, vencimiento, liquidez y exigibilidad de la deuda reclamada en el procedimiento monitorio, so riesgo de que el Juez inadmita la petición inicial de procedimiento monitorio.

 

  • SUJETOS DEL JUICIO MONITORIO

 

 

TRIBUNAL

 

  1. Jurisdicción

La jurisdicción para conocer del procedimiento monitorio corresponde exclusivamente a los Juzgados del orden civil, teniendo en cuenta que habrá que estar a lo dispuesto en los Tratados y Reglamentos internacionales en aquellos casos en que concurra algún elemento de extranjería.

 

En defecto de normativa internacional aplicable, la Ley Orgánica del Poder Judicial resulta clarificadora al respecto, toda vez que atribuye la competencia para conocer a los Tribunales españoles de aquellos asuntos en los que el demandado tenga su domicilio en España (art. 22 ter), o en los supuestos en que la obligación haya nacido o deba cumplirse en territorio español (art. 22 quinquies, apartado a).

 

  1. Competencia objetiva

Respecto a la competencia objetiva, si bien el artículo 813 la atribuye a los Juzgados de Primera Instancia, no es menos cierto que, tras la creación en 2003 de los Juzgados de lo Mercantil, surgió la cuestión de si estos tribunales debían conocer de los procedimientos monitorios en los casos en que la deuda reclamada incida en materia propia de su competencia. Ello generó no poca polémica entre los propios Juzgados de lo Mercantil, muchos de los cuales se consideraban incompetentes para conocer de este tipo de litigios, dada la expresa atribución de la competencia objetiva que el mencionado artículo 813 realiza en favor de los Juzgados de Primera Instancia.

 

Sin embargo, la cuestión es más pacífica entre las Audiencias Provinciales, que sí vienen considerando a los Juzgados de lo Mercantil competentes para conocer de los procedimientos monitorios propios de las materias de su competencia fundamentando la misma en dos pilares fundamentales:

 

  • La atribución de competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial realiza en favor de los Juzgados de lo Mercantil es en función de la materia objeto del litigio, no del procedimiento que resulte de aplicación.
  • Dado que el Juzgado o Tribunal que conozca de la petición inicial de procedimiento monitorio debe tener competencia objetiva para conocer de la totalidad del procedimiento, incluida la fase contenciosa del mismo, en caso de que esta se diera por oposición del deudor, los Juzgados de Primera Instancia no pueden conocer de aquellos procedimientos monitorios que, tornados en declarativos, versen sobre materias cuya competencia corresponda a los Juzgados de lo Mercantil.
  •  
  1. Competencia territorial

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