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La preclusión en el proceso civil

La preclusión en el proceso civil

 

Un repaso por la jurisprudencia del Tribunal Supremo

 

Por  Juan de la Fuente. Socio de Garrigues

 

Sumario:

I.- Origen y sentido del artículo 400 LEC

II.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo

 

 

 Cuando hablamos de “preclusión” en un procedimiento civil podemos estar refiriéndonos a varias cuestiones diferentes, aunque relacionadas.

En primer lugar, podemos estar aludiendo al hecho de que se ha superado un plazo establecido por la ley procesal para llevar a cabo una actuación, motivo por el cual la misma ya no resulta posible. Así, puede suceder que haya precluido la posibilidad de presentar el escrito de contestación a la demanda, de interponer un recurso de reposición o de apelación, etc. Esta cuestión está recogida en el artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LEC”).  [1]

Por otro lado, también se habla habitualmente de preclusión respecto de la aportación de documentos en el procedimiento civil. Puesto que la ley establece unas reglas concretas para la aportación de documentos o de informes periciales es muy común aludir a que ha precluido el plazo para su aportación, que la misma es ya extemporánea, y que por lo tanto no procede la incorporación de estos documentos o informes a los autos.  El artículo 271 LEC se refiere a esta cuestión, teniendo por título “Preclusión definitiva de la presentación y excepciones a la regla.”[2]

Pero sin duda el término “preclusión” en el ámbito del proceso civil se identifica de manera más específica con la regulación contenida en el artículo 400 LEC, que se titula “Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos”. 

El tenor del artículo 400 LEC es el siguiente:

“Artículo 400. Preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos

  1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.

La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación.

  1. De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.”

A esta concreta preclusión es a la que me voy a referir en las siguientes líneas.

 

 

 Origen y sentido del artículo 400 LEC

El artículo 400 LEC fue una novedad de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000. En la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881, no existía un precepto similar de aplicación general.  Lo más parecido era el artículo 1.538 LEC 1881, que proscribía el inicio de una segunda tercería basada en títulos o derechos ya existentes al tiempo de formularse la primera tercería. [3]  No obstante, bajo la vigencia de la antigua ley procesal civil, se desarrolló una jurisprudencia del Tribunal Supremo que sin duda inspiró el actual artículo 400 LEC.

Este artículo señala precisamente que han de alegarse todos los hechos, fundamentos y títulos jurídicos de los que se disponga en el momento de interponerse la demanda, sin que sea admisible su reserva para un proceso posterior.

La “preclusión” contenida en el artículo 400 LEC es así una extensión o ampliación de la cosa juzgada material negativo de un previo procedimiento judicial. Por ese motivo a esta “preclusión” también se le ha denominado “cosa juzgada virtual”.

El objetivo de la norma es evitar una multiplicación de procedimientos judiciales sin necesidad, penalizando así a quien no invocó en su momento determinados hechos o argumentos jurídicos para sustentar su pretensión, pese a que los mismos estaban a su alcance. Es un precepto basado en razones de seguridad jurídica, de economía procesal, o incluso de paz social.

Pero sin duda ello trae consigo ciertos peligros para la parte demandante, la cual debe reflexionar profundamente antes de la interposición de una demanda civil, de manera que la misma sea lo más completa posible. A ello se suma además que el artículo 412 LEC dispone que el objeto de debate resultante de demanda y contestación no puede alterarse después, con la excepción de las alegaciones complementarias contenidas en el artículo 426 LEC, el cual se refiere en todo momento a cuestiones accesorias que no afecten al derecho de defensa de la parte demandada.[4]

Y por su parte el artículo 286 LEC sólo contempla la posibilidad de alegar hechos nuevos después de los actos de alegaciones previstos legalmente cuando dichos hechos sean de relevancia, debiendo exponerse los mismos antes del comienzo del plazo para dictarse sentencia. Llegado dicho momento el Juez tendrá que resolver sobre la base de lo que sea el objeto de debate, sin apartarse del mismo.  [5]

Quiere todo esto decir que el trabajo fundamental es previo a la demanda civil, de manera que no quede nada en el tintero, puesto que después será ciertamente difícil añadir cuestiones de calado. Fijado lo que es el objeto de debate, dispone el artículo 218 LEC que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes, sin apartarse de la causa de pedir. [6]  Y cuando dicha sentencia sea firme la misma producirá el efecto de la cosa juzgada material en su vertiente negativa.  Es decir, se excluirá un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al primero.  Así se recoge en el artículo 222 LEC. [7]

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