Publicidad
Inicio » Artículos destacados » La prescripción y la caducidad en derecho Administrativo
La prescripción y la caducidad en derecho Administrativo

La prescripción y la caducidad en derecho Administrativo

Javier Such Martínez. Letrado Director de los Servicios Jurídicos de la Universidad de Málaga. Miembro del Consejo Asesor de Gaona Abogados S.L.P

Cuando analizamos las figuras de la prescripción o de la caducidad irremediablemente, los juristas vinculamos tales conceptos al espacio temporal al que queda condicionado cualquier procedimiento. Prescripción y caducidad son instituciones jurídicas distintas aunque ambas quedan relacionadas con los momentos claves del inicio o de la terminación de cualquier procedimiento. A mi juicio ambas figuras ponen de manifiesto un principio fundamental contemplado en nuestra Constitución como es el de legalidad y el de seguridad jurídica, estableciéndose con las dos figuras unas reglas esenciales que han de vincular por igual a la Administración y al administrado.

LA PRESCRIPCIÓN

 

Decimos que un acto -normalmente objeto de sanción- o una acción está prescrita cuando ha transcurrido un espacio temporal contemplado en la norma que impide el inicio del procedimiento bajo un amparo de la legalidad.

 

No sería posible pues, legalmente, iniciar un procedimiento sancionador frente a una infracción cometida en el pasado más allá del límite temporal que, en cada momento (dependiendo de la infracción), establece la Norma: por ej.: Seis meses para infracciones de carácter leve; dos años para las graves, etc…depende por tanto del plazo de prescripción que para cada supuesto establezca la respectiva Norma Legal, de manera tal que, una vez transcurrido dicho plazo, la Administración pierde la oportunidad de iniciar el procedimiento sancionador contra el administrado. La infracción ha prescrito y ya no puede ser sancionada.

 

De manera similar resulta de aplicación la institución de la prescripción, cuando se trata de ejecutar las sanciones resultantes del procedimiento sancionador. Tales sanciones, una vez impuestas y sin posibilidad de recurrirse en vía administrativa, es decir firmes, solamente pueden materializarse en el espacio de tiempo que, para cada caso, establece la respectiva Norma Legal de tal manera que, transcurrido dicho plazo sin haberse ejecutado, la sanción queda asimismo prescrita. La Administración por tanto, desde ese momento pierde toda acción para ejecutar la sanción.

 

Por consiguiente, las consecuencias de la prescripción son indudablemente determinantes, la extinción de la responsabilidad del infractor o del sancionado, de manera tal que observada la prescripción de oficio por la Administración o invocada y probada por el interesado, se extingue definitivamente la responsabilidad, sin que sea posible, desde ese momento, iniciar o continuar el procedimiento, pues éste simplemente ya ha fenecido.

 

LA CADUCIDAD

 

A diferencia de la prescripción, cuando se invoca la figura de la caducidad nos estamos refiriendo al espacio temporal máximo que puede durar un procedimiento; esto es: el plazo máximo que puede abarcar el procedimiento desde su inicio hasta su fin; de manera que, cuando se inicia un procedimiento sancionador necesariamente debe quedar finalizado dentro de esos márgenes temporales que para cada supuesto establece la norma ya que, si tal espacio temporal se sobrepasa o se excede sin justificación, indefectiblemente debe ponerse fin al procedimiento en el estado en que se encuentre, declarándose caducado y debiéndose comenzar de nuevo desde la casilla de salida; claro está, siempre que para entonces la infracción no hubiera prescrito.

 

El Tribunal Supremo (sentencia de 13 de enero de 2010 rec.1279/2007) ha declarado que la caducidad de los procedimientos sancionadores es una institución jurídica con la que se trata de evitar la tardanza injustificada en resolver aquéllos, por entender el legislador que los sujetos expedientados se encuentran en una situación desfavorable que no ha de alargar indebidamente la Administración sancionante.

 

La caducidad, por tanto, es la consecuencia inmediata que se produce ante el incumplimiento de los plazos máximos que tiene la Administración para comenzar y finalizar un procedimiento. Excedida de esos plazos, el procedimiento caduca; ahora bien, como a continuación observaremos, ese plazo máximo puede quedar interrumpido, excepcionalmente, por las causas expresamente admitidas en la norma que rige el procedimiento, por ejemplo: la prejudicialidad penal; esto es: el estar pendiente en los Tribunales de lo penal una causa basada en la misma infracción, en cuyo caso, queda suspendido el plazo máximo de resolución del procedimiento sancionador hasta que se resuelva la causa penal.

 

LA PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

 

 La institución jurídica de la prescripción en el marco del procedimiento sancionador queda expresamente recogida, actualmente, en el artículo 132 de la Ley 30/1992, sobre Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Dicho precepto viene a regular la prescripción tanto de las infracciones cometidas como de las sanciones impuestas.

 

En efecto, respecto a las infracciones, el precepto citado realiza en primer lugar una remisión expresa a lo que en cada caso venga a disponer la Ley que regule el procedimiento sancionador. No obstante, si nada dice la respectiva Ley, con carácter supletorio el artículo 132 establece unos plazos de prescripción asociados al tipo de infracción: Muy graves tres años; graves dos años; leves seis meses. De igual manera, establece ese régimen supletorio en lo que se refiere al plazo de prescripción de las sanciones: Muy graves tres años; graves dos años y leves al año. Este apartado del precepto es prácticamente idéntico al que se contiene en el artículo 30 de la nueva legislación, esto es, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que entrará en vigor el próximo día dos de octubre del presente año 2016.

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores

Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí .

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

¿Puede mi expareja prohibirme hacer planes con mis hijos este verano?

¿Puede mi expareja prohibirme hacer planes con mis hijos este verano?

Anna Salort, especialista en Derecho de Familia en ABA Abogadas. Al llegar las vacaciones, muchos padres separados organizan diferentes planes con sus hijos. Esto, que normalmente no trae problemas, sí puede llegar a tenerlos si el otro progenitor se opone a ese plan. Pero, ¿puede tu expareja prohibirte hacer tus propios planes con tus hijos? Desde ABA Abogadas, la letrada ... Leer Más »

La economía colaborativa y el derecho del trabajo

La economía colaborativa y el derecho del trabajo

Por  Manel Hernàndez Montuenga. Socio y Director de Oficina de Barcelona de Sagardoy Abogados   EN BREVE: Bajo el concepto de economía colaborativa se incardinan nuevos modelos de organizaciones cuyo objetivo general es conectar diferentes tipos de demandas de servicios directamente con el proveedor de los mismos. El origen de este modelo está ligado a dos hitos muy concretos: la ... Leer Más »

A vueltas con el despido en situación de incapacidad temporal

A vueltas con el despido en situación de incapacidad temporal

Por Àlex Santacana i Folgueroles – Socio Departamento Derecho Laboral de Roca Junyent Hace pocos meses, el Juzgado Social 33 de Barcelona, sacudió al mundo laboral son su ya conocida sentencia de 23 de diciembre de 2016, en la que declaraba el despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal (IT) como nulo, modificando con ello el criterio consolidado, salvo en ... Leer Más »

Las sociedades inactivas con deudas pueden cancelarse en el Registro Mercantil

Las sociedades inactivas con deudas pueden cancelarse en el Registro Mercantil

Fernando J. García –Socio Área Mercantil en AGM Abogados – Barcelona La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN Resoluciones de 29/4/2011 y 1/8/2016) tiene declarado que en el ámbito estrictamente registral no existe norma alguna que supedite la cancelación de los asientos registrales de una sociedad a que carezca de activo o a que haya sido previamente ... Leer Más »

El TS confirma la posibilidad de aplicación analógica de algunos pactos del contrato de agencia al contrato de distribución

El TS confirma la posibilidad de aplicación analógica de algunos pactos del contrato de agencia al contrato de distribución

Por Fernando J. García Socio Área Mercantil AGM Abogados – Barcelona Comentario a propósito de la TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 317/2017 de 19 mayo.   En nuestro sistema de Derecho español, los contratos de agencia disponen de una regulación específica en la Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia. Sin embargo los contratos ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon